La nueva legislatura ha comenzado en medio de una agonía permanente. Un cara o cruz semanal en el Congreso, donde cada votación se afronta como si de ella dependiera el futuro de la legislatura. No es así, porque el Gobierno del PSOE y Sumar tiene más aire y recorrido del que intenta hacer ver la burbuja mediática madrileña. Pero este nivel de tensión puede acabar siendo insoportable incluso para un funambulista como Pedro Sánchez.
La tramitación de la amnistía ha sido el último capítulo del serial político. El Congreso debía aprobar esta semana la ley que el independentismo catalán había puesto como condición para la investidura. Y ha sido precisamente el partido de Puigdemont quien ha hecho fracasar la votación. No es definitivo porque el Congreso tiene 15 días para reformular el texto, pero Santos Cerdán y Jordi Turull van a tener que hacer horas extras de negociación para desenredar el asunto.
La disputa tiene una motivación claramente política. Junts no acaba de confiar en el Gobierno –mucho menos en los tribunales– y ha apostado a una posición de firmeza su rivalidad con ERC. Además, a diferencia del resto de aliados del PSOE, al partido de Puigdemont le importan poco la estabilidad y el futuro de Sánchez.
Esta vez sin embargo puede haber errado en el cálculo. El PSOE ha puesto todas las fichas en la amnistía pero todo tiene un límite. Con la campaña electoral lanzada en Galicia y las europeas en el horizonte se puede acabar plantando. Gobernar con presupuestos prorrogados es una posibilidad.
Pero el voto de Junts tiene también una razón jurídica. Los movimientos de algunos jueces, que han rebuscado en informes policiales para imputar a Puigdemont delitos que no se puedan amnistiar, le han llevado a pedir nuevas garantías. Si cualquier excusa puede servir para que la amnistía no sea efectiva, conviene dejar claro que bajo su paraguas cabe todo.
Aún así lo más probable es que la ley acabe saliendo adelante. Ni el PSOE ha llegado hasta aquí para quedarse a medio camino, ni Junts va a echar por tierra la amnistía por muy complicada que sea su aplicación. Todos son conscientes ya de que la aprobación por el Congreso es solo un primer trámite y que la verdadera disputa vendrá después cuando comience el periplo judicial. Que Puigdemont no quede impune sigue siendo cuestión de Estado.
Más allá de la amnistía
Convendría en todo caso algo más de claridad en los objetivos reales de la ley de amnistía. Es una apuesta arriesgada para el PSOE y para Pedro Sánchez, pero una vez asumido el desgaste sería mejor evitar eufemismos y reconocer que el principal objetivo de la ley es liberar a Puigdemont de sus causas penales. Reconocida esa premisa, será mucho más fácil buscar y explicar las reformas legales necesarias para sortear la maraña legal que tratan de crear los cuerpos judiciales afines al PP. Sin necesidad de entrar en discusiones innecesarias sobre qué es y qué no terrorismo. A estas alturas la gran mayoría de la sociedad española sabe bien de qué va la ley de amnistía, y le preocupa bastante poco.
En cualquier caso, lo más preocupante de todo es la utilización de la judicatura, o de una parte de ella, para subvertir la voluntad popular salida de las urnas. El poder judicial se ha convertido en un agente político encaminado a condicionar las mayorías parlamentarias. Y eso es grave.
Las acusaciones de terrorismo y de alta traición no dejan de ser una mera inventiva con la que armar causas judiciales que invaliden los efectos de la ley de amnistía y obstaculizar la gobernabilidad. A Puigdemont no le van a condenar por terrorismo ni por alta traición como tampoco condenaron por terrorismo a los jóvenes de Altsasu. Pero la mera acusación es suficiente para llevar la causa a la Audiencia Nacional e impedir su regreso a Cataluña.
Un ejemplo más de una utilización partidista de la justicia que no hace sino deslegitimar el conjunto del sistema. Y que resulta estéril. Los jueces afines al PP pueden retrasar la amnistía, evitar el regreso de Puigdemont y complicar la gobernabilidad. Pero no pueden alterar el resultado de las elecciones. Les guste o no, la derecha salió derrotada el 23 de julio y al paso que va puede acabar naufragando también en Galicia. Quizá entonces el Gobierno de Sánchez no parezca tan inestable.
