Amnistía Internacional ha reclamado una ley de amnistía más ambiciosa, que aborde de manera suficiente la reparación de las víctimas, y llamó la atención sobre el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, para los que la ley no contempla “indemnización o reparación alguna”, lo que contradice el derecho internacional.
La organización hizo esta apreciación en un análisis de la proposición de ley de amnistía difundido ayer y remitido a los grupos parlamentarios en el Congreso, con el fin de que la modifiquen para asegurarse de que está “perfectamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Entre otros aspectos, AI destaca el caso de los dos líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados por sedición, delito que desapareció con la última modificación del Código Penal, una condena que la organización considera “injusta” por “ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de reunión y de expresión”.
Aunque la proposición de ley contempla la extinción de su responsabilidad penal y la cancelación de antecedentes, la organización critica que no anula las resoluciones judiciales condenatorias ni prevé una indemnización o reparación alguna para ellos. Esto contradice el derecho internacional que, según Amnistía, establece para estos casos que las resoluciones judiciales deben ser declaradas nulas y sin efectos y que se garanticen recursos efectivos para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Uso excesivo de la fuerza
En su estudio de la proposición de ley, la entidad también califica de “positivo” que se excluya de la amnistía los actos tipificados como delitos de torturas o tratos inhumanos, pero reprueba que condicione esta exclusión a “un umbral mínimo de gravedad”.
La organización documenta casos de este uso excesivo de fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en episodios como el referéndum del 1 de octubre de 2017 o las movilizaciones contra la sentencia del Supremo en octubre de 2019.
Por ello, insta a modificar la proposición de ley para excluir de la amnistía todo uso excesivo de la fuerza y permitir la investigación y enjuiciamiento de estas acciones, tanto por parte de los agentes como de sus mandos si hubiera órdenes ilícitas, deficiencias u omisiones en su responsabilidad superior.
Además, considera que la proposición no aborda tampoco de manera suficiente la reparación de las víctimas de estas acciones, por lo que reclama una reparación efectiva, que incluya la “asistencia necesaria” para superar sus consecuencias.
