El Ejecutivo vasco no se rinde con la Ley de Transparencia, una norma que ha tratado de impulsar en anteriores ocasiones sin éxito y que este martes ha vuelto a poner sobre la mesa lanzando el proyecto de ley en Consejo de Gobierno para su tramitación en el Parlamento Vasco. La clave de bóveda de este proyecto es la creación de la autoridad vasca de la transparencia, Gardena. Se encargaría de velar por el cumplimiento de esa transparencia, ya que sería la puerta a la que tendría que llamar cualquier ciudadano que viera cómo se le deniega el acceso a los datos. Pero también se encargaría de implantar el sistema europeo de protección a los informantes que detectaran eventuales casos de corrupción. La ley actúa en esa doble vertiente. Gardena estaría compuesta por personal funcionario, gozaría de plena independencia y estaría sometida al control parlamentario.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha presentado este martes el proyecto como “un instrumento más de compromiso con la ciudadanía”, que sienta las bases para garantizar la transparencia de la Administración, estimula la participación de los vascos en los asuntos públicos y facilita la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los programas de gobierno. De hecho, en ese último ámbito, la ley obliga a publicar los programas de gobierno y a elaborar indicadores anuales sobre su puesta en marcha y el coste de los servicios.
El proyecto asegura sobre Gardena que, “más allá de sus funciones y de su perfil de tutelante de la transparencia de la comunidad autónoma de Euskadi, destaca su gran faceta alternativa, como máxima autoridad pública que culmina en Euskadi el llamado canal externo de recepción de los informantes o alertadores” sobre corrupción. Gardena “se proyecta con total independencia para actuar en el conjunto de todos los niveles institucionales públicos vascos y en el conjunto del mismísimo sector privado, cuando el incumplimiento e irregularidades comunicadas se circunscriban al ámbito territorial de la comunidad autónoma de Euskadi”, dice el proyecto, al que se puede acceder en Irekia.
Garamendi destacó que el ámbito de aplicación de la norma se ha ido mejorando con informes y aportaciones. Reconoció que, aunque el Gobierno vasco ya inició la tramitación anteriormente, ha ido incorporando directivas y mejoras y ahora serán los grupos parlamentarios los que valoren si el proyecto puede ver la luz o no. PNV y PSE tienen mayoría absoluta, pero desde otros ámbitos se da por hecho que no dará tiempo porque las elecciones tendrán lugar en el primer semestre de 2024 y, por tanto, al Parlamento le quedaría una escasa trayectoria si se restan los periodos inhábiles de enero o de la propia convocatoria electoral, donde directamente estará disuelto. EH Bildu trató de restar todo mérito a este proyecto de ley por estos plazos e interpretó que el Gobierno vasco tiene escaso interés en frenar prácticas irregulares.
Se contemplan sanciones
La consejería destacó que se han incorporado a la norma mayores obligaciones de publicidad activa y que las administraciones públicas “deberán dar cuenta de las decisiones que toman y cómo las adoptan, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones, o todo lo referido a la utilización de fondos públicos”.
Gardena podrá dictar soluciones con “medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias”. Y tramitará las comunicaciones de las personas informadoras de casos de corrupción. Dentro del capítulo de las sanciones en materia de transparencia, se recogen las que se contemplan para los altos cargos, con multas de entre 200 y 12.000 euros y cese en el puesto.
