"Vamos a estar cuatro años más". Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han lucido sonrisa y disparado sus expectativas en la comparecencia donde han desgranado su consumado acuerdo para la reedición de un gobierno progresista que, sin embargo, y al margen del resto de socios de investidura, aún no cuenta con el beneplácito de su actor necesario: Junts. "Estabilidad, convivencia y progreso", por este orden, han sido los objetivos explicitados por el líder del PSOE, convencido de que seguirá al frente de La Moncloa porque "España no se va a detener ante nada ni ante nadie", con intención de hacer efectivo el documento suscrito entre su partido y Sumar, un dossier de 48 páginas y 230 medidas, entre ellas la de la semana laboral de 37,5 horas, pero muchas de ellas genéricas o presentadas como compromisos aún por desarrollar. Un pacto "también para los que votaron otras opciones, pero que comparten anhelo de progreso y convivencia", ha avalado el presidente del Ejecutivo en funciones con el propósito de atraer definitivamente a sus aliados. "Sirve para la política útil que siempre defiendo. Sirve para servir, su único cometido es mejorar la vida de la gente", ha prometido antes la vicepresidenta segunda. "Este acuerdo no es del PSOE ni de Sumar, es vuestro, para vivir mejor", ha proclamado.
Sin mención expresa a Catalunya, la amnistía o a Carles Puigdemont, y sin opción a que la prensa preguntara, Sánchez ha lanzado un dardo a la derecha cuando ha catalogado esta apuesta como un conjunto iniciativas avaladas por la ciencia, y no por la "superchería o los prejuicios", que persiguen "aspiraciones recogidas en la Constitución" y son compartidas "por la inmensa mayoría" de los ciudadanos. En este punto, ha acusado de nuevo al PP de Alberto Núñez Feijóo de hacer un uso partidista de la Cámara Alta. "La regeneración democrática no es lo que vimos la pasada semana en el Senado", ha espetado, al margen de hacer un repaso de la anterior legislatura con cierta autocrítica: "Hay gente con problemas muy severos. La vida aún está muy cara, incosteable para muchos. Ahorrar, acceder a una vivienda, mantener una familia o irse de vacaciones sigue siendo difícil para muchos. Somos perfectamente conscientes de que aún quedan muchísimas injusticias por resolver y cotas de bienestar que alcanzar", ha admitido el líder socialista.
Por su parte, y además de reconocer su sintonía con Sánchez, Díaz se ha congratulado de cumplir con el mandato de las urnas para respaldar las políticas de justicia social y consenso territorial. "Vamos a gobernar mejor", se ha sincerado, dando a entender que se refería a no repetir las controversias generadas por Unidas Podemos en el anterior gabinete. "Te doy las gracias Pedro", le ha trasladado para loar el trabajo realizado hasta la fecha y con el deseo de avanzar en igualdad porque solo así se puede hablar de "libertad", que nunca puede ser el "sálvese quien pueda". "Será la legislatura de ganar tiempo para la vida" con la reducción de la jornada laboral, mejorando también las condiciones de vida de los trabajadores, que a su juicio pasa por subir los salarios. "Con una media de ingresos de 1.545 euros no se puede vivir con dignidad", ha soltado frente a los beneficios empresariales. "La gente de este país merece respeto", ha dicho, poniendo el acento en que las grandes empresas van a tributar a un tipo del 15% sobre los beneficios reales con la idea de recaudar 10.000 millones de euros y reforzar el impuesto a la banca y las energéticas. Díaz ha anunciado un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que se aprobaría mediante diálogo con los agentes sociales, y ha avanzado que "ha llegado el momento de tocar el despido", regulado "de conformidad con la legislación europea", en referencia implícita al modelo de despido restaurativo, que condiciona las indemnizaciones a la situación personal del trabajador.
Iniciativas
En este capítulo de medidas previstas se encuentra asimismo la reforma de la financiación autonómica para corregir los territorios infrafinanciados, la aprobación del estatuto del becario, una "revolución verde" apoyada en las energías renovables y el compromiso de reducir vuelos cortos domésticos cuando haya una alternativa de transporte ferroviaria de 2,5 horas. El acuerdo programático insta a reforzar la cogobernanza territorial "desde el diálogo y desde la lealtad institucional" y evita mencionar la amnistía o el fin del déficit fiscal que exigen los independentistas. Cabe recordar que en el pacto que sellaron PSOE y Unidas Podemos en 2019 sí se hizo mención a la situación en Catalunya: "Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual".
Igualmente, se prevé mantener la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024, que será después permanente para determinados colectivos; duplicar el número de beneficiarios del bono social eléctrico hasta llegar a los 3 millones de personas; un plan para climatizar centros escolares y residencias; mejoras en la sanidad con un plan de choque en Atención Primaria; así como medidas para acabar con las listas de espera; regulación de los apartamentos turísticos; o fomentar un "feminismo del y para el 99%", con ampliación de permisos de maternidad y paternidad, una ley de cuidados y desplegar ocho semanas de permisos retribuidos para atender a familiares. Eso sí, se alude al "desarrollo de la ley de vivienda para la regulación de alquileres", aunque sin mencionar el índice de precios de la vivienda que reclamaba Sumar para poder hacer efectivo el control de precios. En materia de política internacional, se aboga por el reconocimiento del Estado palestino, pero sin la unilateralidad que demandaba Podemos.
Por otro lado, PSOE y Sumar prometen de nuevo reformar la 'ley mordaza' tras fracasar en su último intento por la negativa de ERC y Bildu. De nuevo, avanzan que se regularán los derechos "de reunión y manifestación, identificación y registro corporal". Como novedad añaden su intención de legislar también sobre la utilización de técnicas preventivas y disuasorias y la identificación de los agentes y de introducir "un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados". Algunas de estas novedades son las que el PSOE y Podemos pactaron entre ellos durante la tramitación de la reforma que llevó a cabo el Congreso. Lo que se debatió no fue un proyecto de ley de reforma auspiciado por el Gobierno sino la proposición de ley registrada en enero de 2020 por el PNV.
"En 2019 nos daban dos días de vida, pero aprobamos tres presupuestos consecutivos y más de 200 leyes", se ha jactado Sánchez, que se ve otra vez presidente.
