El PNV denuncia que las sentencias contra el euskera vulneran el autogobierno y el consenso político

La catarata de decisiones judiciales que ponen coto a la utilización del euskera en la administración pública y que han tenido su máxima expresión en las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han generado una situación de alarma en el PNV, hasta el punto de que ha comparecido este sábado en Sabin Etxea para leer una declaración que califica estos pronunciamientos como un paso en contra del autogobierno y del consenso parlamentario que respaldaba la Ley Municipal, aprobada con los votos de los jeltzales y EH Bildu. Los jeltzales han vuelto a llamar a participar en las manifestaciones contra estas decisiones, como la que tendrá lugar el 4 de noviembre en Bilbao organizada por Kontseilua, porque las sentencias han generado un problema donde no había conflicto, ya que el despliegue de esta ley por parte de los ayuntamientos estaba siendo pacífico y no ha saltado la liebre hasta que Vox primero y el PP a rebufo han puesto estos preceptos en la picota.

La portavoz parlamentaria del PNV en materia de euskera, Irune Zuluaga, y la alcaldesa de Derio y presidenta de Eudel, Esther Apraiz, comparecieron para recordar que la Ley Municipal se aprobó con un "consenso amplio" en el Parlamento, una ley donde el Tribunal Constitucional cuestiona que los trabajadores públicos deban alegar el desconocimiento del euskera para que se les entregue la documentación en castellano, y donde el tribunal vasco va incluso más allá y baja al detalle para cuestionar que la documentación se redacte de salida en lengua vasca o que la administración se dirija en primera instancia en este idioma a los ciudadanos aunque después puedan cambiar al castellano si no lo entienden. "El despliegue de esta ley no ha causado conflicto alguno en los ayuntamientos", aseguraron, porque las entidades locales estaban respetando "los derechos lingüísticos de la ciudadanía en su conjunto".

Denunciaron que las sentencias "ponen en cuestión la propia normalización del euskera" y "se oponen" a priorizar el euskera con la premisa de que perjudica al castellano, interpretación que niega el PNV con el argumento de que los ayuntamientos velan por los derechos de la ciudadanía en su conjunto. Recordaron que los ayuntamientos cuentan con "total autonomía" en la planificación y esta sentencia va en contra de esa capacidad tanto en el uso de la lengua de trabajo como en los procesos de contratación. Además, el PNV pone en evidencia el destrozo que hacen estas sentencias en los municipios donde el euskera está muy extendido y ahora se desbarata el consenso que permitía velar por esos derechos.

La normalización del euskera, en solfa

El PNV avisa de que la normalización es una obligación de las instituciones vascas y que estas sentencias "ponen en duda esa normalización" y, además, estas decisiones afectan "a los ciudadanos" y sus derechos. Esta decisión va en contra del autogobierno y pone patas arriba el consenso, según denunciaron. Por ello, ante las sentencias del TC y el TSJPV, el PNV reivindica "la vigencia de la ley y los decretos de desarrollo, fundamentales para que el proceso de normalización del euskera se desarrolle de manera ordenada" para que este idioma sea "lengua de servicio y trabajo". Esta normativa daba cauce a la planificación según la situación lingüística de cada ayuntamiento, y el trabajo de los ayuntamientos había sido adecuado porque no había generado problema alguno.

Tras denunciar la "judicialización de la política", el PNV anunció que "seguirá defendiendo las competencias de las entidades locales" y "continuará aplicando la ley". Y recuerda que en los últimos meses se está abriendo paso el plurilingüismo también en el Estado, con el uso de las lenguas cooficiales (euskera, catalán y gallego) en las Cortes estatales, y también se ha pedido hacer lo propio en Europa. Por ello, el PNV avisa de que no puede quedarse callado y quieto y anima a participar en las movilizaciones.