El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ve "sorprendente" que el PP no vaya a juicio como responsable civil por el caso Kitchen, ya que, según la acusación, la trama habría participado en el supuesto espionaje a su extesorero Luis Bárcenas "en beneficio" del partido y usando "fondos reservados".
Quien fuese número dos del Ministerio del Interior ha recurrido el auto en el que el magistrado que ha investigado el caso abrió juicio oral contra él, el entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, y otra decena de acusados por esta supuesta operación parapolicial que habría sido urdida desde su departamento en 2013 para hacerse con documentos del caso Gürtel comprometedores con el partido o sus dirigentes.
En su recurso, al que ha tenido acceso EFE este martes, Martínez es consciente de que el Supremo "ha vetado que una defensa pueda pedir que comparezca como imputado otra persona jurídica", si bien decide dejar "apuntada" la que considera una "extraña anomalía acusatoria".
Porque, en su opinión, es "sorprendente" que ninguna de las acusaciones hayan pedido la imputación del PP cuando los acusados por la trama Kitchen se supone que "decidieron espiar y finalmente sustraer información delicada" a Bárcenas y a su familia "siempre en beneficio del Partido Popular y utilizando para ello fondos reservados".
Más allá de esta consideración, Martínez sí que solicita que se considere al PP responsable civil subsidiario a título lucrativo, algo que rechazó el juez por prescripción y la estableció para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultasen condenados.
"Cuántos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia"
La defensa de Martínez considera "absolutamente lógico" que si el ex secretario de Estado de Seguridad, "en unión a los otros coacusados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible condena civil", o incluso si el pago de la responsabilidad civil pudiese suspender una hipotética condena, "cuantos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia" tiene su defendido.
El ex número dos de Interior también combate la fianza de 120.000 euros que el juez le impuso a él, al exministro y al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y argumenta la "absoluta falta de motivación" a la hora de concretar la cifra y las divergencias respecto a otros acusados, a quienes impuso entre 100.000 y 2.000 euros.
Explica que las acusaciones cifran por debajo de los 60.000 euros el supuesto fraude a los fondos reservados y critica que el juez no justifique "por qué se imponen cantidades tan distintas entre unos supuestos coautores".
Por ello, solicita anular la fianza o, subsidiariamente, igualarla a todos los acusados y equipararla a la más baja establecida, 2.000 euros.
El juez Manuel García Castellón abrió el pasado viernes juicio oral para los once acusados, entre los que también figura el excomisario José Manuel Villarejo y ex altos cargos policiales.
