Chivite encara su segundo mandato con el reto de lograr la cohesión de una mayoría amplia y plural

En ese sentido, pocas sorpresas depara la nueva estructura de Gobierno, donde repiten tres de los cuatro consejeros de Geroa Bai, que recupera además a Fernando Domínguez con el difícil reto de mejorar la situación sanitaria, lastrada todavía por las consecuencias de la pandemia. Y donde los socialistas apuntan también a una línea continuista más allá de las salidas ya conocidas del vicepresidente Javier Remírez y de la titular de Hacienda, Elma Saiz.

Pero la legislatura es nueva y tiene también retos nuevos. De entrada, el principal será cohesionar al nuevo Gabinete, una responsabilidad que recae directamente sobre Chivite. La candidata socialista no ha querido implicarse en una negociación que ha sido tensa y difícil, que por momentos pareció abocada a la ruptura y a la que se ha sumado a última hora para la firma del acuerdo final. Pero a partir de ahora ya no cabe delegar. La presidenta es Chivite y será ella quien deba asumir los mandos y el liderazgo del nuevo Gobierno. Y por lo tanto, también la responsabilidad última de su éxito o de su fracaso.

Los cuatro años anteriores han dejado diferencias importantes con Geroa Bai. Cuestiones que han vuelto a quedar reflejadas en las desavenencias del acuerdo programático y también en una relación de rivalidad y desconfianza que se ha dejado notar en la negociación de los últimos meses. Y que corre el riesgo de traducirse en un Gobierno en apariencia monocolor, con el Partido Socialista a los mandos y voces discrepantes a su alrededor.

Sobre el papel surgen también dos prioridades políticas para el nuevo Ejecutivo. La política sanitaria, que tras la pandemia exige reformas estructurales y financiación suficiente. Y la de vivienda, que con la inflación, los tipos de interés disparados y problemas en el mercado del alquiler exige también medidas a corto y medio plazo. Curiosamente, ambas recaen en los socios del PSN.

Vivienda lo hace en Contigo-Zurekin y con Begoña Alfaro al frente. Una dirigente bregada en los movimientos sociales y en la lucha antidesahucios, que ahora deberá hacer frente a un sector marcado por intereses económicos que no serán fáciles de controlar. Salud en cambio es para Geroa Bai, que recurre a la experiencia de Domínguez para atender una de las principales preocupaciones ciudadanas. Delegar ambas responsabilidades puede ser un acierto si se integran en una visión de Gobierno conjunta, con financiación adecuada y responsabilidades compartidas. Y un error si se convierten en departamentos estancos en medio de un cruce de culpas y reproches.

Coyuntura económica

El nuevo Gobierno cuenta a su favor con un ciclo económico que, pese a los temores de los últimos meses, mantiene su tendencia alcista. No está claro cuánto puede durar una dinámica que está proporcionando ingresos adicionales y ahuyenta fantasmas de recesión, pero al menos por ahora las perspectivas no son negativas.

Hay no obstante elementos que invitan a la prudencia. Los indicadores macroeconómicos apuntan signos de ralentización y los tipos altos, si se mantienen en el tiempo, pueden empezar a generar problemas tanto en el ámbito hipotecario como en el de las medianas y pequeñas empresas, y resentir el consumo.

Un contexto en el que Europa anuncia el retorno a las reglas de estabilidad presupuestaria, que volverán a limitar el gasto público a partir del próximo año. Y en el que hará falta estabilidad presupuestaria y un consenso imprescindible entre cuatro fuerzas progresistas que se oponen frontalmente a medidas restrictivas en el ámbito presupuestario.

Lo que puede ser un dilema para una mayoría de Gobierno que con sus diferencias consolida un bloque claro, con la derecha en la oposición y un apoyo social y político amplio y transversal, pero que deberá dar pasos también en el ámbito de la diversidad y de la pluralidad de Navarra en el ámbito identitario y, sobre todo, en el lingüístico.

El nuevo acuerdo programático ha generado malestar en ámbitos euskaltzales, que critican que se dé continuidad a una acción política que en muchos ámbitos sigue discriminando a quienes hablan y conocen el euskera. Siguen pendientes de aprobar los planes lingüísticos que garanticen una atención plurilingüe en la administración pública. Y quedan por abordar las consecuencias de la zonificación, el cambio de municipios de la zona no vascófona a la zona mixta o la implantación del modelo A en los centros escolares públicos. Líneas rojas para el PSN que han acabado en el capítulo de desacuerdos, pero en los que será necesario un consenso mínimo que permita avanzar en la dirección que defienden tres de los cuatro socios de la investidura y que reclama buena parte de base social del nuevo Gobierno.

Es éste un reto que mira también a los ayuntamientos con alcaldías de UPN y mayorías progresistas. Una realidad que choca con un discurso que apela de forma constante a la urgente necesidad de evitar gobiernos de la derecha en todas las instituciones. Quizá no sea el momento de plantear mociones de censura, aunque argumentos puede haber de sobra en lugares como Pamplona. Pero será algo que habrá que afrontar más pronto que tarde, posiblemente cuando se estabilice la situación política en Madrid.

En ese contexto hay que leer también el acuerdo programático firmado por PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Y también la abstención que la militancia de la izquierda abertzale ha dado de forma muy mayoritaria al Partido Socialista. Un compromiso con la esperanza de avanzar, aunque sea de forma lenta, en la dirección que apunta la mayoría social que apoya al nuevo Ejecutivo. 30 escaños de 50 que garantizan la estabilidad y recorrido para el futuro. Frustrar las expectativas tendría un coste demasiado alto para un Gobierno que empieza ahora su segundo mandato, y que no va a ser más fácil que el anterior.