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El Gobierno vasco remite el anteproyecto de Ley de Transparencia a instituciones y agentes sociales y económicos

Esta ley pretende consolidar un modelo de gobierno basado en la rendición de cuentas, la transparencia y la participación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos

El Gobierno vasco remite el anteproyecto de Ley de Transparencia a instituciones y agentes sociales y económicosEP

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha dado el visto bueno a la aprobación previa del anteproyecto de Ley de Transparencia de Euskadi y ha remitido el texto a la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), a las tres diputaciones forales, y a las organizaciones empresariales y sindicales, con el fin de que realicen sus aportaciones al documento.

Además, con este trámite se abre el periodo de información pública a la ciudadanía para que también pueda aportar sus reflexiones al proyecto legislativo.

El Gobierno vasco también ha informado, a través de un comunicado, de que se ha dado conocimiento del anteproyecto de ley al Parlamento Vasco.

Con posterioridad, una vez analizadas las aportaciones recibidas, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno solicitará los informes preceptivos y posteriormente se elevará el texto definitivo al Consejo de Gobierno para su aprobación.

A partir de ese momento, se procederá al inicio del debate y, en su caso, la aprobación de la futura ley por parte del Parlamento autonómico. Garamendi firmó la orden de inicio del procedimiento el pasado 2 de diciembre, y el anteproyecto ya ha completado el trámite de consulta pública previa a la elaboración del texto a través del portal de Irekia.

Proceso

Durante el último año, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha estado trabajando en el texto y, a principios de este mes de julio, realizó una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para compartir las líneas básicas del texto. El objetivo del Gobierno es aprobar la ley "con el máximo apoyo parlamentario".

Esta ley pretende consolidar un modelo de gobierno abierto basado en la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y la publicidad activa, la participación, y la colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos. Asimismo, regula el canal externo de protección del informante para denuncias de infracciones administrativas o penales.