El ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, garantizó ayer que el Gobierno español dispone de mecanismos para frenar la regularización de los regadíos en el entorno de Doñana que pretende la Junta de Andalucía, y confía en poder hacerlo sin tener que recurrir a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
“Creo que es muy pronto para hablar de ello, hay mecanismos legales, digamos menos extraordinarios que ese mecanismo constitucional”, explicó Planas en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntado por la posibilidad de aplicar un “artículo 155 medioambiental” en Andalucía.
Planas aludió a las dos ocasiones en las que el Gobierno español ha recurrido a este instrumento, como fue en Canarias por el sistema fiscal “que no llegó a materializarse” y “durante el periodo de Mariano Rajoy en relación con la situación de Catalunya, afortunadamente hoy superada”.
En el caso de Andalucía, cree que “es demasiado pronto” para plantearse esta vía porque, en su opinión, “el problema no es donde se llega, sino el propio camino; qué imagen se están creando con toda esta historia”. Lo que sí aseguró es que Moncloa tiene “mecanismos legales” para actuar.
“Es una ley que no es conforme al ordenamiento jurídico y aquí la Junta se atribuye competencias en materia de agua que no son suyas; hay un reparto de competencias y los derechos de agua y la regulación de las cuencas, en este caso la del Guadalquivir, es competencia nacional por el propio Tribunal Constitucional que lo declaró así e implica que es el Gobierno de España el que tiene que resolver, a través de los planes hidrológicos y de las dotaciones de agua de la confederación hidrográfica”, explicó el ministro.
En este sentido, Planas reconoció estar preocupado por la “exportación de los frutos rojos” y el impacto “reputacional” de esta situación para que “el buen trabajo de los agricultores no se vea damnificado”.
