La imagen de un ataque del Estado contra quienes percibía como sus adversarios políticos, en el marco de la trama Kitchen, aún persigue al PP, mientras el partido de Alberto Núñez Feijóo trata de sacar partido del caso Mediador, centralizado en la figura del exdiputado socialista Tito Berni, para cercar a Pedro Sánchez. El paso de los años no ha hecho más que airear las estrategias diseñadas por el departamento del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz con el afán de golpear la línea de flotación de Unidas Podemos y del independentismo. Los whatsapps que estos días han salido a la luz con los mensajes que se intercambiaron el número dos de Interior, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y el máximo líder policial, Eugenio Pino, entre 2015 y 2019, vuelven a golpear a la formación de Génova, entonces comandada por Mariano Rajoy, un cruce de movimientos que demuestra cómo desde ese ministerio, y con coordinación con la policía, se impulsaban investigaciones sin aval judicial hacia esos dos flancos. Alberto Núñez Feijóo tuerce el morro y, sin mayor gesticulación, se limita a indicar: “que salga todo lo que tenga que salir”. La partida mediática la tiene ganada en tanto que los focos apuntan a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, y sus fechorías. De hecho, ayer tuvo que salir a la palestra el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para poner en valor cómo desde Ferraz “se ha puesto de patitas en la calle en horas” a los implicados en este asunto, forma de actuar de la que el PP, a su juicio, no puede presumir, aludiendo a otras causas en las que los populares no han reaccionado igual, sobre todo tras la petición de 15 años de prisión por parte de la Fiscalía para Fernández Díaz por la Kitchen.
Esta última operación nació tras el hallazgo de un pendrive en la casa de José Manuel Villarejo que contenía información acerca de un dispositivo policial cuyo objetivo era localizar documentos relacionados con Luis Bárcenas. El espionaje al extesorero del PP y su mujer se prolongó de 2013 a 2015, un trabajo del que habría estado al tanto el expresidente del Gobierno y entonces líder popular, Mariano Rajoy, tal como señalaba un informe policial de Asuntos Internos tras analizar las grabaciones incautadas al excomisario. No era más que un arma del PP ante una posible negociación con Bárcenas, que había empezado a colaborar en la causa sobre la financiación irregular del partido cambiando su estrategia procesal. Para pagarle al chófer de la familia del extesorero, el policía infiltrado en su casa, Interior usó de los fondos reservados más de 53.000 euros, pero la cifra de toda la operación sería mucho mayor. Hasta 71 agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo participaron en el espionaje, muchos sin saber que se trataba de un operativo ilegal donde se emplearon sistemas de escucha y geolocalización, y otros recursos públicos sin autorización judicial.
Podemos y el independentismo
En aquel contexto, muchas de las informaciones de las que hablan Martínez y Pino no eran ciertas y acababan filtradas a los medios. Por ejemplo, en octubre de 2015, cuando la Audiencia Nacional (AN) ordena el registro de domicilios y empresas de la familia Pujol; o en octubre de 2016, cuando el máximo dirigente policial informaba sobre lo que la policía había encontrado con relación a las supuestas cuentas que Convergència tendría en Suiza. En otra conversación el número dos de Interior le pide expresamente mover una supuesta información contra el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias. “Interesa mover mucho eso de los okupas de Barcelona... especialmente el alquiler que les pagaba Trias cuando era alcalde. ¿Quién nos puede enviar una copia rápida al respecto?”, pide Martínez, a lo cual Pino responde: “No te preocupes, ahora mismo me pongo (...). Ya he estado con el notario. Irá a denunciar a las 19 y le hemos ofrecido un barrido y un contacto”. La investigación sobre el supuesto alquiler y protección que Trias proporcionaba fue archivada. Una situación similar se produjo en 2014 cuando el Ministerio filtró la supuesta cuenta millonaria del ahora alcaldable, que tampoco era cierta.
En similar medida, Unidas Podemos (UP) también estuvo en la diana tras su eclosión en 2015. Primero, cuando diversos medios se hicieron eco, un mes después de convertirse en tercera fuerza política, del presunto informe denominado PISA (Pablo Iglesias S.A.) que no se le atribuye a la policía, aunque se distribuyó desde Interior según los mensajes que figuran en el caso Kitchen. El documento vinculaba al Gobierno de Irán con la carrera de Iglesias en términos de financiación. Después, con la famosa cuenta de Inigo Errejón, por entonces número dos morado, o con la presunta financiación ilegal de Hugo Chávez a Podemos con 7.168.000 euros mediante la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. La mayoría de estas noticias fueron desmentidas. Además, los mensajes encontrados en el móvil de Francisco Martínez despachan las maniobras del Ejecutivo de Rajoy y su brigada política para torpedear las negociaciones de PSOE y Podemos para un cambio de gobierno a principios de 2016. El secretario de Estado de Seguridad escribió: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. “¡Cagüenlaputa!”, exclama Martínez.
Falta Cospedal
Capítulos que refuerzan la petición de Fiscalía Anticorrupción de 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para cada uno de los principales integrantes de la cúpula política y policial del Ministerio durante el primero de los dos últimos mandatos del PP (2011-2016). Un grupo de comisarios, a las órdenes de Fernández Díaz y del secretario de Estado, iba eliminando las pruebas que buscaba otro grupo al mando del juez que investigaba el caso de presunta financiación ilegal en Génova 13. Los audios de esta corrupción también han demostrado que la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, maquinó junto al comisario Villarejo todo tipo de maniobras para salvar a la formación conservadora de una condena segura, si bien ni la AN ni el juez Manuel García Castellón han visto materia suficiente para incluirla en la lista de los implicados en esta trama ilegal. No es de extrañar que ahora desde Moncloa reprochen al PP que no se haya disculpado por el funcionamiento del departamento de Fernández Díaz, pese al actual clima electoral y presentándose como alternativa al Gobierno de PSOE y UP.
Pero la actualidad y la oportunidad mandan y, en tanto que el PP da por amortizado todo el daño que pueda causarle ya la Kitchen, Feijóo se jacta de poder apuntar a Sánchez por el tinglado montado por Tito Berni y su mediador, una supuesta red de prostitutas, orgías, drogas, banquetes a lo grande, regalos y fajos de billetes –con luz y taquígrafos– que salpica a unos 16 diputados socialistas. En todo caso, la demostración de que la corrupción permanece patente en el Estado.
