La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Azkoitia ha aprobado una declaración denunciando la situación del preso Asier Karrera, al que la Junta Central de Vigilancia Penitenciaria, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, le ha revocado el tercer grado y ha decretado su ingreso en prisión en segundo grado penitenciario.
En la declaración que ha sido suscrita por el PNV, EH Bildu y Azkoitia Bai, se solicita la “compatibilidad” en las decisiones de los distintos órganos intervinientes, así como el respeto a la progresión de grado del preso. Ante esta declaración, el PSE se ha manifestado en contra.
En el texto, se recuerda que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene aprobó el 6 de octubre la progresión de Karrera al tercer grado. Desde entonces, el preso no ha causado “ningún tipo de problema ni en Donostia, (donde trabaja) ni en Azkoitia, donde vive”.
En la declaración, la corporación azkoitiarra muestra su “preocupación por los reiterados recursos de la fiscalía a las resoluciones de los órganos penitenciarios, que son los que mejor conocen la evolución de los presos y presas en sus centros penitenciarios. Por todo ello, solicitan que las progresiones de grado y los permisos puedan ser “la norma y no la excepción”
“Expulsiones forzadas”
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado investigar la presunta responsabilidad de 10 exdirigentes de ETA en el asesinato el 4 de junio de 2000 del concejal de PP en Durango Jesús María Pedrosa Urquiza, así como la posible responsabilidad de los imputados en la política de expulsiones forzadas en Euskadi. En un auto, admite a trámite la querella interpuesta en agosto por Dignidad y Justicia, que aseguraba que Pedrosa fue “una de las numerosas víctimas de la política de expulsiones forzadas dirigida por la zuba –el máximo órgano de dirección de ETA– bajo amenaza de muerte”.
