El expresidente del TC avala poner límites al poder político

González-Trevijano reivindicó que “en España solo hay una soberanía”, “la del pueblo español”, al tiempo que censuró que se use la corte de garantías como “instrumento de refriega política”. “Ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad. En España solo hay una soberanía, la soberanía nacional, la del pueblo español”, expresó. Esta soberanía, prosiguió, ya quedó “expresada solemnemente el 6 de diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución”, siendo su “precisión más firme” la recogida en el artículo 2, “que consagra la indisoluble unidad de la nación, dentro del respeto a sus nacionalidades y regiones”. Ante ello “no caben desfasadas soberanías regias, ni superadas reservas de jurisdicción, ni tampoco paralelas soberanías parlamentarias, sin perjuicio de reconocer la primacía política de las Cortes Generales”, remató el expresidente del TC, quien recordó tanto a ciudadanos como “poderes públicos” que solo deben acudir al TC “tras agotar todas las vías de solución”. A su juicio, “el TC no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe por tanto constituirse en una suerte de arena agonística en la que se diriman con habitualidad creciente conflictos de última instancia esencialmente políticos”.

González-Trevijano instó a que no se difuminen los pesos y contrapesos que diseña la Constitución, ni a que se apresuren “reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucionalista”, ni se desdibuje “la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros”. Por ello, ahondó en que se deben acatar tanto los preceptos sustantivos de la Constitución como sus normas procedimentales, “garantía ineludible del régimen constitucional”, y apostilló que si bien se pueden compartir o no los fines políticos, estos “se han de encauzar siempre a través de los procedimientos constitucionalmente previstos”.

Polémica

Los últimos nombramientos de magistrados, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Presidencia, Laura Díez, han sido polémicos por el perfil político elegido. González-Trevijano cargó contra “la falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas, así como las reclamaciones de imposibles unanimidades, por lo demás inexistentes en los demás árbitros de la sociedad”. “El magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende”, zanjó. Ander Gil reprobó sus críticas y no aplaudió sus palabras como gesto de rechazo a la “deriva” a la que ha llevado al órgano jurisdiccional.