La decisión de la Justicia británica, que concede la inmunidad al rey emérito hasta su abdicación, se apoya en la sentencia sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet, cuando quedó estipulado que “la inmunidad es la del Estado, y por tanto, solo puede ser suprimida por el propio Estado”. Esa inmunidad sigue vigente a día de hoy.
Los abogados que representan al rey emérito en las demandas de Corinna Larsen, por su parte, no ocultaron ayer su satisfacción. Según dijeron, han quedado de manifiesto las “inconsistencias” de la examiga íntima de Juan Carlos I. En un comunicado, el bufete Carter-Ruck resalta que “en el curso de su decisión (con la que tanto la jueza King como el juez Popplewell coincidieron), la jueza Simler también se refirió a una serie de inconsistencias en la forma en la que la demandante había dirigido sus acusaciones hasta la fecha, empezando con que su enfoque era directamente contradictorio con su declaración en la demanda original y con las declaraciones prestadas en los procedimientos españoles”.
Los abogados ponen de relieve que “la jueza Simler fue más allá al señalar que el caso enmendado de la demandante contrasta con las declaraciones que ha hecho ante la prensa española”. Carter-Ruck remarca que el tribunal se ha hecho eco de que el rey emérito “niega enfáticamente que estuviera implicado o dirigiera cualquier acoso”. “Al ratificar la apelación de su majestad, el Tribunal de Apelaciones establece que, independientemente de dicha negación, en una correcta aplicación de los principios de la inmunidad soberana la presunta conducta preabdicación es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país”, continúan en su argumentación.
