Esquerra asume la reforma del delito de sedición como un trofeo. Ante su rival más directo en el independentismo, Junts, y como un refuerzo de la estrategia que emprendió Pere Aragonès; mientras desde el socialismo ponen en valor el objetivo final de reforzar la convivencia con esta iniciativa pese a que el cerco a Pedro Sánchez desde el espectro de la derecha engorda a pasos agigantados. “La supresión de la sedición y la mejora del delito de desórdenes públicos son dos grandes éxitos”, calificó el líder de ERC, Oriol Junqueras, entendiendo que esta propuesta permitirá “que los aparatos antidemocráticos del Estado tengan menos herramientas para hacer su trabajo antidemocrático”. “Cuantas menos posibilidades tenga el Tribunal Supremo para retorcer el derecho, mejor”, argumentó el dirigente republicano aun sabiendo que los cambios en el Código Penal no permitirán facilitar extradiciones y que el Supremo “mantiene la acusación de rebelión contra algunos exiliados”, como la secretaria general de su partido, Marta Rovira, que precisamente no comparte del todo este paso porque no le da máximas garantías para retornar a Catalunya.
Junqueras prefiere no mojarse sobre si esta medida puede guardar relación con facilitarle al Gobierno español la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales, y si abre la puerta a un entendimiento con el PSC en el Parlament, condicionando esta opción a la actitud de los socialistas, y es que, a su juicio, el socialismo “tiene un largo camino por recorrer a la hora de reconciliarse con la sociedad catalana”. Sin embargo, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, le recordó que su formación “ha contribuido” a que algunos independentistas, entre ellos el propio Junqueras, “no estén hoy en la cárcel”, observando que hay “muchos líderes” soberanistas que siguen “instalados en el resentimiento”. “¡Ya basta de lecciones morales! Nosotros no las damos pero tampoco enredamos”, subrayó en una alusión velada a Junqueras, al tiempo que pidió a los independentistas “un poco, bastante, de humildad”. Illa puntualizó, tanto al mundo secesionista como al PP, que “no se despenalizan conductas que se dieron en 2017 ni se desprotege a España”, puesto que la rebelión sigue vigente, se penalizan los desórdenes públicos graves y se mantiene el artículo 155 de la Constitución. “Ni amnistía ni nada de eso, lo repito para que quede claro”, zanjó.
La gasolina y el extintor
Patxi López defendió desde Barcelona que “si algo se ha roto es el independentismo, que ha reducido considerablemente sus expectativas”. “El PP ha sido y es la gasolina para la vida política en Catalunya y los socialistas somos el extintor de todo lo que ha pasado”, ejemplificó el portavoz del PSOE en el Congreso, felicitándose de que “hoy Catalunya no es el gran problema que tenía España hace solo unos años: la convivencia es más tranquila”. El exlehendakari catalogó la reforma de la sedición como una medida valiente y de sentido común, con dos objetivos: por una parte, “ayudar a la justicia”, alegando que los juristas se enfrascaron en 2017 en un enorme debate porque no tenían claro el delito ni las penas que aplicar; y por otro lado, recalcó, rebajar la tensión e “ir desmantelando las piezas de un problema enorme”. Con todo, el PP de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a revertir la modificación del Código Penal en caso de alcanzar La Moncloa.
El hostigamiento a Sánchez desde la derecha no ha cesado en las últimas horas, acusándole de “dar gasolina” a los independentistas por su “ansia de poder”. Desde La Rioja, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, evocó que “cuando Sánchez se presentó a las elecciones dijo que traería a Puigdemont, le pondría ante la justicia y tipificaría el delito de referéndum ilegal, además de que agravaría las penas para el delito de sedición”. “Y vemos que justo ha materializado lo contrario”, sentenció. Por ello, el PP se dirigió a los barones críticos con el Ejecutivo, entre ellos los presidentes autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page. “Ya sabemos de lo que es capaz Pedro Sánchez, pero ¿hay alguien detrás del PSOE, queda algo de socialismo o el sanchismo lo ha devorado? ¿Qué opinan los barones socialistas de que se derogue el delito de sedición?”, se preguntó Gamarra.
Es más, desde la derecha política y mediática se pronunció hasta la FAES, la fundación abanderada por José María Aznar, que ve en esta iniciativa una “amnistía encubierta”. “Dependiendo de la configuración del nuevo tipo penal, se podría no aplicar a los hechos sucedidos en 2017 si estos no encajan con lo que recoja el nuevo precepto, por lo que quedarían impunes, al no serles de aplicación ni el nuevo precepto ni el antiguo (ya derogado). Podríamos estar, pues, ante una amnistía encubierta, al menos en lo que se refiere al delito de sedición”, trasladan. No muy lejos de este análisis está la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien pidió al PP que presente una moción de censura “para frenar el plazo que tiene Sánchez de que esto se apruebe antes de Navidad y que nadie se entere de nada”.
