A medida que la legislatura en el Estado español se está volviendo más cuesta arriba, con la crisis económica y la inflación galopante como principales rémoras a la actuación legislativa de Moncloa, el PSOE y Unidas Podemos están acabando con las existencias de vendas, esparadrapo y desinfectante para entablillar su coalición. El objetivo es llegar incólumes a las elecciones generales de finales de 2023, pero en la política actual más de un año supone una galaxia de distancia.
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, los últimos de la legislatura, supondrán la auténtica prueba de fuego de la salud de esta entente, y ayer salieron a colación en las declaraciones de una y otra parte, en diferente sentido. Una de las patatas calientes de cara a la negociación de esas cuentas es el compromiso del presidente español, Pedro Sánchez, de incrementar la cantidad destinada a Defensa, adoptada en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid a finales de julio y del conflicto bélico en Ucrania, que está próximo a cumplir seis meses.
Esta promesa hizo que Unidas Podemos se revolviera y la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, tradicionalmente flexible con las decisiones adoptadas por la parte socialista del Ejecutivo, puso el grito en el cielo y reclamó la celebración de la comisión de seguimiento del pacto entre ambas formaciones. Ayer, durante una visita a Tirana (Albania), Sánchez se mostró dispuesto a que se celebre dicho encuentro. “Creo que el diálogo, hablar entre los socios de gobierno es importante. Estamos y somos favorables a que se pueda producir esa reunión”, aseveró. En concreto, la pretensión del PSOE es situar el gasto militar en el 2% del PIB.
Sobre este mismo asunto se pronunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, que pidió a la formación morada que olvide sus “prejuicios del pasado” sobre el gasto en Defensa y que “arrime el hombro” sin partidismos hasta que acabe la legislatura. En declaraciones a La Sexta, defendió que el compromiso para aumentar el presupuesto militar no es solo de España, sino de toda la Unión Europea y países de la OTAN. Puso además el foco en los puestos de trabajo que genera, la innovación o los servicios que las Fuerzas Armadas prestan a la sociedad, como por ejemplo en la lucha contra los incendios o en las misiones internacionales.
Giro a la izquierda
Más allá del resultado de la futura reunión de seguimiento del pacto entre las dos formaciones, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró ayer que las futuras cuentas públicas de 2023 deben ser la prueba de que el giro a la izquierda de Sánchez durante el debate sobre política general celebrado en el Congreso se traduzca en “hechos concretos y políticas valientes”. Afirmó que ya han comenzado las conversaciones con su socio de cara a diseñar los presupuestos y reivindicó que los mismos refuercen las políticas de cuidados estatales con 800 millones de euros y plasmar la futura Ley de Familias.
Sobre la salud del primer Ejecutivo de coalición en el Estado, Belarra dijo en TVE que el espacio confederal es el “principal garante” del Gobierno a dos y que al igual que Pedro Sánchez, quieren llegar hasta el final de la legislatura. Reivindicó que la coalición es un “éxito” de la izquierda y que costó “mucho esfuerzo y tiempo” poder articular un Gobierno progresista, que es lo que el país necesitaba. “Somos el principal garante del Gobierno de coalición y queremos llevar la legislatura hasta el final”, insistió. Respecto a las tensiones en el seno del Ejecutivo, alegó que obedecen a que son formaciones con diferentes trayectorias políticas que han expuesto sus respectivas posiciones sobre los “temas centrales del país”, asuntos “clave” como la futura ley de vivienda o el incremento del salario mínimo interprofesional. En Podemos preocupa que, en plena inflación, las partidas para Defensa puedan llega a alcanzar los 22.000 millones de euros. l
Renovación del TC
Dos magistrados. Pedro Sánchez avanzó ayer que su Gobierno nombrará este mes de septiembre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, tras la reforma exprés que fue aprobada por las Cortes. Se mostró además “convencido” de que el CGPJ “cumplirá con la ley” y también hará su propuesta para renovar la parte que le toca, otros dos nombres. Para ello, el órgano de gobierno de los jueces tiene de plazo hasta el 13 de septiembre. En la etapa final de su gira por los Balcanes Occidentales, que le llevó a Albania, el presidente español evitó dar nombres sobre los futuros nombramientos y si entre los aspirantes que baraja el Ejecutivo se encuentra el juez José Ricardo de Prada.
