Los guardias civiles que detuvieron a los CDR niegan haber usado Pegasus

Así lo han manifestado en la declaración que han prestado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que en un principio rechazó esta diligencia, pero la Sala de lo Penal le encomendó que les citara, atendiendo de esta forma una petición 'in extremis' de una defensa que consideraba necesario interrogar a estos guardias civiles para arrojar luz sobre la génesis del caso.

Se trata de la instructora de los atestados de esta pieza separada, el que fuera jefe de información en Cataluña entre 2017 y 2021, otro compañero que ha precisado que realizaba funciones operativas y otros cuatro que han manifestado que sus tareas eran meramente administrativas, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Las fuentes han explicado que las defensas se han interesado en concreto por el posible uso de sistemas de investigación como Pegasus en el 'caso CDR', algo a lo que los guardias civiles han respondido indicando que no les consta. Hasta donde saben, para estas interceptaciones telefónicas se empleó el programa informático Sitel, han acotado.

En concreto, el jefe de información en Cataluña en esa época ha expuesto que la herramienta utilizada para ese tipo de investigaciones en la Guardia Civil es Sitel, que --según ha desarrollado-- requiere una autorización expresa del juez instructor, sin que tenga constancia de que en este caso concreto se recurriera a otro programa.

Las defensas han dirigido sus preguntas a intentar averiguar cuál fue el punto de partida que dio lugar a una causa en la que, además de la 'Operación Judas', se investigarían otros hechos, como el papel que habría jugado la plataforma independentista Tsunami Democratic en los graves disturbios que siguieron a las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019, si bien esta última parte bajo secreto.

De acuerdo con las citadas fuentes, los uniformados se han limitado a situar el principio de las pesquisas en 2017, pero sin aportar detalles sobre qué las desencadenó o contra qué personas concretas se enfocaban. En este sentido, las defensas han querido saber si el CNI estuvo implicado de alguna manera, a lo que los testigos han contestado que lo desconocen completamente.

Las fuentes coinciden en que los miembros de la Benemérita apenas han podido responder a las preguntas lanzadas. En unos casos, han alegado que ha pasado demasiado tiempo como para acordarse de datos concretos y en otros han recordado que parte de la investigación judicial en la que se enmarca la pieza de la 'Operación Judas' continúa secreta, por lo que desconocen qué información pueden revelar.

De todas formas, han ratificado los atestados firmados en su momento, al tiempo que han sostenido que su participación en estas averiguaciones se ajustó a la legalidad que marcaban las resoluciones judiciales.

Una "organización terrorista"

En el auto de procesamiento, el juez explicaba que los acusados habrían tenido participación activa en algunas de "las acciones más contundentes" que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners a Madrid.

También tendrían ambiciosos planes. En concreto, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

En este sentido, habrían configurado "una organización terrorista" de carácter "clandestino y estable", cuyo objetivo sería el de "llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".