- “Si yo voy por la calle y con distancia suficiente, no me la voy a poner”. Así respondía el máximo responsable de Vox, Santiago Abascal, cuando el Gobierno español anunciaba que la mascarilla volvería a ser obligatoria en la calle ante el avance galopante de la variante ómicron del coronavirus. Es la cúspide de la beligerancia que muestra la derecha española ante este decreto, y una manifestación de que Vox ha torpedeado las restricciones, incluido el estado de alarma y el confinamiento durante la etapa de muertes e incertidumbre sin vacunas, como hizo con el recurso al Tribunal Constitucional. Esta posición tiene poco que ver con la de los socios de Sánchez: algunos pueden tener dudas sobre la eficacia de esta medida, y otros, como el PNV, la defienden (el lehendakari no se separa estos días de la mascarilla FFP2), pero piden legislar también para dar seguridad jurídica a otras medidas.
El abanico de la oposición de la derecha española va desde Vox, insumisa al decreto, hasta un PP dividido. C’s no vio ninguna base científica al uso en el exterior y redujo la medida a un mero ejercicio de superstición. El PP condicionó su voto a recibir un informe científico del Ejecutivo español que respalde la medida, y que no ha llegado. Varias comunidades autónomas del PP han defendido el uso de la mascarilla y se alinearon también hace meses con el lehendakari cuando apostó por recuperar su uso, allá por el mes de julio. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha resistido todo este tiempo a recuperar las restricciones. La paradoja es que Sánchez, para evitar una derrota parlamentaria, salva ahora con una triquiñuela esta medida que adoptó no por su propio deseo, sino forzado por la presión, entre otros, de Urkullu.
