La Mesa del Congreso de los Diputados ha pisado el acelerador para tramitar el proyecto de ley que regula el Ingreso Mínimo Vital. Puede tener consecuencias para Euskadi, porque el Gobierno español ha esgrimido como argumento para demorar la transferencia a la comunidad autónoma vasca que el Ingreso Mínimo está aún pendiente de tramitarse y en continua evolución. Por ello, la decisión de la Mesa de cerrar el plazo para presentar enmiendas parciales mañana a las 18.00 horas puede invitar a pensar en un impulso.

Pero, si se escarba en la superficie de esta noticia, aflora un caos legislativo que complica la tramitación, con cinco decretos posteriores que han modificado el decreto inicial y que, además, han añadido cuestiones que invaden competencias vascas. Fuentes del PNV en el Congreso de los Diputados consultadas por DEIA critican el “despropósito” legal, y presentarán enmiendas al texto consolidado para “corregir las invasiones competenciales” y reconocer los derechos de las personas que reciben otras prestaciones de carácter social en otras comunidades, como la RGI vasca.

EL DECRETO DE LA TRANSFERENCIA

El decreto 20/2020 entró en vigor el 1 de junio del año pasado, y precisamente hoy ha cumplido un año de vida. El PNV votó a favor tras acordar con el Gobierno español una cláusula para transferir la competencia a la comunidad autónoma vasca y a Nafarroa. Aparece en su disposición adicional quinta, que reconoce los regímenes forales, y que ambas comunidades tenían que asumir las funciones de la Seguridad Social el 31 de octubre de 2020 y, mientras no lo hicieran, debería funcionar una encomienda de gestión. El PNV votó a favor de la convalidación el 10 de junio y se acordó tramitarlo como proyecto de ley.

Pero, en un año, se ha modificado cinco veces (todas menos una se están tramitando como proyecto de ley). Por un lado, plantea un problema político, porque esos decretos posteriores han añadido cuestiones que el PNV cree que son flagrantes invasiones competenciales.

El desencuentro más sonado lo provocó el decreto 3/2021 con medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social. El PNV votó en contra porque el decreto entraba a regular el papel de las entidades del tercer sector social en el IMV para que participasen más allá de su rol consultivo a la hora de acreditar situaciones de infravivienda y, además, exigía que fueran entidades de implantación estatal y relegaba a las locales, con un conocimiento más específico.

Las enmiendas del PNV se centran en corregir las modificaciones de este decreto 3/2021, que obvia que en Euskadi ya existe un sistema de protección arraigado.

DESENCUENTRO CON LOS GRUPOS

Por otro lado, plantea un problema operativo que provoca dificultades al Congreso: el decreto inicial 20/2020 ha quedado superado por los textos posteriores, y algunos grupos dudaban ayer sobre la operativa, entre enmendar los decretos posteriores o acudir al texto consolidado, el decreto 20/2020 parcheado con las novedades que han surgido y con constantes notas al pie en color amarillo. El PNV enmendará el texto consolidado.

Además, que un texto sobre la brecha de género incorpore una modificación del Ingreso Mínimo revela también el cuestionado modus operandi del Gobierno español: decretos que aglutinan toda clase de medidas, en muchas ocasiones, sin una clara relación entre sí. De hecho, las modificaciones del Ingreso Mínimo Vital se han incorporado también en el decreto 28/2020 sobre el trabajo a distancia, y en el 35/2020 de apoyo al sector turístico, entre otros.

FRICCIONES PSOE-UNIDAS PODEMOS

El Congreso va a relanzar mañana la tramitación tras más de treinta prórrogas para presentar enmiendas. Este impulso ha sido fruto de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, y se va a traducir en que, a partir de la próxima semana, se pueda convocar la ponencia. Unidas Podemos mantiene que esta prestación presenta un “mal funcionamiento” y solo llega a una cuarta parte de las familias pensadas en un primer momento. El grupo había presentado sus propias enmiendas a la prestación, lo que evidenciaba el divorcio.

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El malestar con el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se suma a la nutrida lista de desencuentros entre los dos partidos que forman el Gobierno español. Unidas Podemos había culpado a Escrivá del bloqueo y había acusado al PSOE de amparar las prórrogas en el periodo de enmiendas. Este movimiento se produce después de que Pablo Echenique solicitase públicamente el desbloqueo.

LA TRANSFERENCIA

En paralelo, el Gobierno vasco reclama a Escrivá que transfiera el Ingreso Mínimo Vital de manera íntegra, de manera que Lanbide asuma el proceso de principio a fin, también el pago. El portavoz Bingen Zupiria ha asegurado esta mañana que siguen dialogando para ver si se consigue “desatascar” y la transferencia llega en los términos acordados y con respeto al autogobierno y el Concierto Económico.