Aquel año se celebra el congreso en el que se articula el euskera batua; el escultor Jorge Oteiza reemprende los trabajos de Arantzazu; Néstor Basterretxea presenta Ama Lur en el Festival de Cine y buena parte de la Iglesia guipuzcoana se enfrasca en la lucha antifranquista. Aquel año también fue importante desde el punto de vista histórico porque, señala Buces, “fue el año en el que ETA mató por primera vez y fue la primera vez que mataron a una persona de ETA”. Empezó una espiral de violencia que fue a más. El conflicto vasco estaba a nivel medio, eran atracos, atentados contra centrales eléctricas? Esa violencia se acrecienta y empiezan las víctimas mortales”.
El estado de excepción se decretó el 3 de agosto de 1968 solo para Gipuzkoa, se prorrogó en octubre y se solapó con el que el régimen impuso en todo el Estado en enero de 1969. Se trata de un episodio de la historia guipuzcoana olvidado, “algo muy común para los que hacemos historia. Mi generación o las generaciones actuales desconocen estas historias. Los que lo vivieron, que es gente no tan mayor, porque como poco tienen 60 años, lo recuerdan perfectamente”.
Tanto que, reconoce Buces, cuando han entrevistado “a gente que sufrió la represión es un recuerdo muy vivo y tienen claro que de aquello vino lo que vino después. Incluso generaciones muy politizadas desconocían estos sucesos, al punto que alguno nos ha dicho que en el libro salía su aita o su aitona. Es como muy reciente pero a la vez no lo es”.
Es “el momento” de impulsar este tipo de investigaciones, antes de que todos los protagonistas fallezcan. Junto a este impulso, la idea surge por “falta de perspectiva”. “Llevamos unos años un poco preocupantes a raíz del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es una institución que crea el Ministerio del Interior con historiadores y periodistas que fomentan un relato único”, explica Buces, que considera que ese “relato” está enfocado “desde una perspectiva. Queríamos ofrecer herramienta útil para la sociedad, para que vea todo lo que ha pasado y lo comprenda. Nuestra labor es hacer a la gente que entienda, no llevarla a un lado u otro”.
El recuento de aquel episodio arroja varios datos para entender aquellos meses. El denominado Tribunal de Orden Público (TOP) procesó a 107 personas y 21 de ellos se enfrentaron a consejos de guerra. Aquel estado de excepción dejó otras dos cifras: 56 personas fueron desterradas a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que 79 denunciaron haber sufrido torturas, cifra que los autores de la investigación intuyen que pudo ser superior.
“La del destierro fue una táctica que había empleado el Estado y que no era novedosa, pero fueron 56 las personas que tenían antecedentes y detuvieron sin autorización judicial, con orden del gobernador civil, y de la noche a la mañana los enviaron a municipios lejos de sus localidades de origen, principalmente, Andalucía”, recuerda Buces. A su entender, aquel estado de excepción utilizó “como excusa” el asesinato del jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa, Melitón Manzanas.
ETA acabó con su vida en su domicilio de Irun, cuando regresaba del trabajo. Fue el primer atentado mortal de la organización armada. “El Estado franquista llevaba años aplicando una represión muy severa sobre todo en el territorio de Gipuzkoa”, recuerda el investigador, que añade un dato al respecto: “De las personas desterradas, de los 277 detenidos no había ninguno con relación directa con el asesinato de Manzanas. Fue una excusa para aplicar una represión más fuerte, porque lo que hace el estado de excepción es que ciertos derechos civiles que reconocía el Estado franquista se eliminen”. Entre ellos, no estaba permitida la detención superior a 72 horas, limitación que quedó suprimida para “poder reprimir sin ningún tipo de traba judicial”.
“Lo documentaban todo” ¿Qué es lo que más llamó la atención de los investigadores a la hora de realizar el trabajo? Buces responde: “Algo que suponíamos: tanto el Estado como sus cuerpos y fuerzas de seguridad lo documentaban todo, a quién detienen, dónde, cómo? e incluso un aspecto que al principio era ilegal, no solo hacen los informes sobre los detenidos, sino que los interrogan y hacen los informes donde directamente van a ser desterrados o encarcelados sin juez o abogado de por medio”.
Entre la documentación a la que han podido acceder los autores del libro -sobre todo en el archivo de Oñati, el del Ministerio del Interior y el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares-, aparece al detalle lo que distintos curas dijeron en las homilías de las misas-funerales que se celebraron por Txabi Etxebarrieta, primer miembro de ETA muerto en un tiroteo.
“Lo que más impresiona es que lo documentaban todo, lo que nos lleva a pensar que hay muchísima más información de la que hemos podido consultar, no ya del año 1968, sino de todo el periodo hasta que Franco muere y posterior, es decir, la Transición”. Buces intuye que puede haber “información de todos los detenidos, torturas? información que permanece oculta al menos para nosotros”.
Parte de esa historia sale a la luz con este libro que saca del olvido un clave para entender la reciente historia de Gipuzkoa y de Euskal Herria.
1968. Gipuzkoa en estado de excepción
Mañana, con el ejemplar del periódico, el lector puede adquirir este libro al precio de 10,95 euros. Se trata de una obra realizada por Javier Buces, Juantxo Egaña, Francisco Etxeberria, Jon Mirena Landa, Laura Pego y Rakel Pérez, editada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco en el que se cuenta lo ocurrido en Gipuzkoa tras la declaración del estado de excepción en 1968.
