Barcelona - Amnistía Internacional (AI) cuestiona las penas de prisión impuestas a la cúpula del procés, al entender que el delito de sedición tipificado en el Código Penal es “vago” y permite una interpretación “excesivamente amplia y peligrosa” por parte del Supremo, por lo que urge a su “revisión”.
La organización pro derechos humanos presentó ayer sus conclusiones sobre el juicio a los líderes del procés y a las penas dictadas por el Tribunal Supremo, en las que pide además la libertad “inmediata” para los dirigentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, al entender que su condena supone una “amenaza” a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
“Aunque cabe que los dirigentes políticos catalanes hubieran cometido un delito perseguible legítimamente teniendo en cuenta los cargos que ocupaban, su condena por sedición -un delito definido con excesiva vaguedad- vulnera el principio de legalidad” internacional de derechos humanos, argumenta AI en el documento, respecto a las sentencias a los exmiembros del Govern, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
Los expertos de AI, que siguieron las 52 sesiones de la vista y han analizado durante un mes la sentencia, consideran que los acusados tuvieron “en su conjunto” un juicio “justo”, pero consideran que el delito de sedición recogido en el Código Penal es “vago” y “ambiguo”, lo que ha llevado al TS a realizar una interpretación “excesivamente amplia y peligrosa”.
La organización, en su informe, concluye con una serie de recomendaciones, entre ellas, precisamente, “revisar sustancialmente la definición del tipo penal de sedición para garantizar que no criminalice, indebidamente, actos de desobediencia civil pacífica ni imponga penas desproporcionadas para acciones relacionadas con el ejercicio de las libertades de expresión y de reunión pacífica”.
En este sentido, durante la presentación del informe, representantes de Amnistía Internacional alertaron de que la sentencia del Supremo “abre la puerta” a que cualquier persona que participó en los actos de protesta del 20-S o en el referéndum ilegal del 1-O puedan ser acusadas: “Abre la puerta a una amplia criminalización, es un riesgo latente”, avisan.
En su análisis, AI diferencia los casos de los Jordis de los de los exmiembros del Govern o el de la expresidenta del Parlament, ya que los primeros están amparados por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica como líderes de la sociedad civil, y consideran acreditado que el 20-S, durante los registros en la consellería de Economía, no hubo violencia “ni incitación” a la misma.
Por ello, piden la liberación “inmediata” de los Jordis, que “nunca debieron ser encarcelados”, y que se garantice un proceso que permita anular su condena por sedición, ya que la pena para los líderes soberanistas es “desproporcionada” y supone una “restricción” a sus derechos de libertad de expresión y de reunión. - Efe
