Botella y 6 ediles deben pagar 22 millones por vender a fondos buitre 1.860 viviendas sociales

donostia - La exacaldesa de Madrid, Ana Botella, y seis de sus ediles han sido condenados a pagar 22,7 millones de euros por vender de forma “ilegal”, sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio, 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, conglomerado al que está vinculado José María Aznar Botella, hijo de la exalcaldesa y del expresidente José María Aznar. El Tribunal de Cuentas ha acordado esta condena (unos 2,8 millones de euros cada uno) , que será recurrida por estos concejales y por Botella, en un fallo en el que considera que las 18 promociones de vivienda fueron enajenadas por debajo del precio contable y de mercado generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros. El Tribunal condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a abonar 3.040.000 euros.

El Tribunal considera probado que esta venta, por 128 millones de euros, se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado. Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el Tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado. La EMVS, dice, “no promovió una verdadera concurrencia” puesto que “con carácter previo y por tanto privilegiado” la empresa pública facilitó información sobre la compraventa a cuatro entidades, una de las cuales, Fidere, resultó adjudicataria. El Tribunal considera probado que la excaldesa y los ediles no advirtieron ni evitaron que la venta se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público. Y “sin perjuicio del dolo”, añade haciendo referencia a la intención de provocar daño, “incurrieron al menos en negligencia grave (...).

Estos concejales, Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del actual Gobierno regional-; Dolores Navarro y Pedro del Corral -actual concejal en la capital-, recurrirán el fallo y defienden que no intervinieron en la operación, de la que responsabilizan enteramente a la EMVS.

También se plantea recurrir el Gobierno de Manuela Carmena, pues aunque el Ayuntamiento de la capital celebra que el Tribunal considere ilegal la venta, defiende que el quebranto patrimonial fue de 127 millones de euros y no de 25,7 millones.

Por el momento, el presidente madrileño Ángel Garrido, quien en 2013 era edil de Botella pero no formaba parte de la Junta de Gobierno ahora condenada, ha considerado que no deben formalizarse ventas de vivienda pública a fondos de inversión, como hicieron los Gobiernos del PP. El hijo de la exalcaldesa Botella es consejero de Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, que mantiene importantes vínculos con empresas del fondo Blackstone.

Además del procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas, está en tramitación un proceso penal iniciado por el PSOE -archivado y posteriormente reabierto en 2017- en el que está personado el Gobierno de Carmena. El Ayuntamiento ha pedido a Ciudadanos que se una a esta causa, pues el partido naranja se abstuvo en el dictamen de la comisión de investigación que consideró ilegal y lesiva la venta. La portavoz del partido naranja, Begoña Villacís, celebró el fallo al considerar que muestra que “quien se salta los controles para malvender viviendas lo acaba pagando”.

Por su parte, los socialistas confían en que el procedimiento penal y el fallo del Tribunal de Cuentas abran vías para que la EMVS recupere las viviendas y las familias que a día de hoy siguen afectadas encuentren solución, como señaló su portavoz, Purificación Causapié. - N.G.