PP y C’s cierran en Andalucía un pacto con 23 medidas

sevilla - Los negociadores de PP y Ciudadanos han cerrado un acuerdo con 23 medidas de regeneración democrática, que incluyen el límite de mandatos, la supresión de los aforamientos y una oficina de lucha contra el fraude, entre otras iniciativas. En un documento conjunto emitido ayer, ambos partidos indican que los andaluces han reclamado que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se defienda “la unidad de España constitucional frente al independentismo radical, haciendo que el pueblo español siga siendo el sujeto de la soberanía nacional”.

Por ello, han acordado la defensa de la unidad de España y el estado de las autonomías bajo los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución y la despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción con “tolerancia cero”, comprometiéndose a la separación inmediata de los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción hasta la decisión definitiva del órgano judicial.

También aprobarán un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados del Parlamento para acabar con fueros y privilegios y un proyecto de Ley de Despolitización que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas. Esta Ley recogerá la reducción de los altos cargos, quienes deberán tener dedicación exclusiva y no podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.

El acuerdo incluye que los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales que ahora son nombrados libremente por el Gobierno sean elegidos por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo. Limitar a ocho años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente e la Junta y de los consejeros, garantizar la protección de quienes denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta y poner en marcha una Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. - Efe