El fiscal deshincha la petición de penas en el ‘caso De Miguel’

gasteiz - Una vez concluida la fase oral del juicio a la presunta trama corrupta creada en torno al exdiputado alavés Alfredo de Miguel, la Fiscalía ha revisado en su escrito de conclusiones definitivas sus peticiones de pena de los 425 años en total para los 26 acusados a 120, muchos de los cuales ya no irían a prisión. El fiscal ha rebajado la que solicita para el propio De Miguel de los 54 años iniciales a 29, de los que cumpliría un máximo de 12. A los otros dos principales acusados en la causa, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, la Fiscalía les pide 13 años y siete meses de prisión, frente a los 32 años y dos meses que solicitaba al inicio del proceso. Para los acusados que optaron por pactar con la Fiscalía se solicita la absolución o penas menores que no implican el ingreso en prisión.

Es el caso de Josu Arruti Letemendia, testigo clave que confirmó la petición de comisiones ilegales por parte de De Miguel, que se enfrentaba a 19 años y seis meses de cárcel, y que afronta ahora una petición de 21 meses de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho pasivo, informa Europa Press.

Su padre Josu Arruti Odriozola, para el que en un principio se reclamaban 19 años y seis meses de condena, ha visto reducida la petición de la Fiscalía a nueve meses por un delito contra la hacienda pública y otro de blanqueo de capitales, de forma que tampoco entraría en prisión. Estíbaliz Arruti, hermana e hija de los anteriores, se enfrentaba a una petición de seis años de cárcel y ha visto cómo la Fiscalía pide ahora su absolución, junto con la de los empresarios catalanes Joaquim Sabater y Ramón Tomás, “por no sostenerse la acusación contra ellos”. También se pide que sea absuelto Gorka Errasti, marido de Estibaliz Arruti, al haber prescrito el delito de blanqueo de capitales que se le atribuía.

La Fiscalía también pide la absolución de los empresarios Francesc Fernández y Plàcid Casas, los acusados que confesaron haber pagado mordidas a De Miguel y a Arruti. Ambos se enfrentaban a una petición de siete años y seis meses de cárcel, aunque la Fiscalía argumenta ahora que el delito que se les imputaba ha prescrito.

Por su parte, Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel y que se enfrentaba a una petición de pena inicial de 30 años y seis meses de cárcel, ve reducida la solicitud de la Fiscalía hasta los cinco años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Las esposas de Telleria (Araceli Bajo) y Otxandiano (Iratxe Gaztelu) se enfrentan a las mismas penas que la esposa de Alfredo de Miguel, aunque la solicitud inicial de la Fiscalía era inferior (21 años y seis meses de prisión), que la que reclamaba para Ainhoa Bilbao.

A Aintzane de Miguel, hermana del principal encausado, el ministerio público plantea una petición de 3 años y 6 meses de cárcel por falsedad en documento mercantil, frente a los 13 años de cárcel reclamados al inicio del procedimiento.

El responsable de la red de parques tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría, que se enfrentaba a 17 años de cárcel, ahora rebajados a un año y nueve meses por coacciones; y el antiguo gerente del Parque Tecnológico de Álava Alfonso Arriola, cuya petición de pena ha sido reducida de 21 años a cinco años y nueve meses, por un delito de coacciones y otro de falsedad en documento oficial.

Uno de los acusados a los que más cambia la petición fiscal es el exviceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco Gurutz Larrañaga, para el que se reclamaban 17 años de prisión, ya no se enfrenta a ninguna pena de prisión, dado que la Fiscalía únicamente solicita que se le imponga una inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación continuada.

Por su parte, Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, se enfrenta a una petición de ocho años de prisión (diez menos que los solicitados inicialmente), y el ministerio público reduce de once años a seis años y ocho meses la petición de prisión para el empresario Jon Iñaki Etxaburu, exsocio de la abogada que destapó la presunta trama.

En el caso de Sergio Fernández Oleaga, el ingeniero para el que se reclamaban doce años de cárcel, la pena solicitada se ha reducido a siete años y seis meses, e Iñaki San Juan se enfrenta a siete años de cárcel -inicialmente eran 19 años y siete meses-. El escrito de la Fiscalía propone imponer seis años de cárcel a Josu Montes, que antes se enfrentaba a 17 años y seis meses, y el constructor Prudencio Hierro, para el que inicialmente se reclamaban siete años, se enfrenta a una petición de tres meses, por lo que eludiría el ingreso en prisión.

La Fiscalía solicita además una inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años para la exalcaldesa de Zambrana Justina Angulo, que al inicio del procedimiento se enfrentaba a una solicitud de cuatro años y seis meses de cárcel.

Alfredo de Miguel. La Fiscalía Provincial de Araba reclama para él una pena de 29 años y nueve meses.

Aitor Telleria y Koldo Otxandiano. Se solicita para cada uno de ellos 13 años y siete meses de prisión.

Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztelu y Araceli Bajo. Cinco años de prisión para cada una por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Aintzane de Miguel. El ministerio público plantea una petición de tres años y seis meses de cárcel.

Julián Sánchez Alegría. Para el exresponsable de la red de parques tecnológicos de Euskadi se pide una condena de un año y nueve meses.

Gurutz Larrañaga. Para el exviceconsejero de Cultura se pide una inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Josu Arruti. El acusado que confesó la existencia de comisiones afronta una pena de 21 meses de prisión.

Francesc Fernández. El fiscal considera que el delito achacado al empresario catalán ha prescrito.