Madrid - Iñaki Urdangarin afronta la cuenta atrás de lo que puede ser su ingreso en la cárcel para cumplir la condena de seis años y tres meses de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por su implicación el caso Nóos. La Sala de lo Penal del Supremo celebrará este miércoles una vista pública en la que se escucharán los argumentos presentados por la Fiscalía y por las defensas de varios de los condenados. Entre los recurrentes figuran la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y el expresidente de Baleares Jaume Matas. Esta vista se celebra apenas un año después de que, el 17 de febrero de 2017, se conociera una sentencia que rebajó notablemente las penas que pedía la Fiscalía para los principales acusados en este procedimiento, que se originó como pieza separada del caso Palma Arena por las actividades delictivas que realizó el exduque con su exsocio Diego Torres mediante el instituto Nóos, que se suponía realizaba su labor sin ánimo de lucro.
Se impusieron condenas a siete de los 17 acusados, si bien se rebajaron notablemente las penas que inicialmente pedía el Ministerio Público, en algunos casos por absolución de los delitos y en otros en aplicación de circunstancias atenuantes por reparación del daño causado. Fue el caso de Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión frente a los 19 que pedía la Fiscalía; o de su exsocio, Diego Torres, condenado a ocho años aunque el Ministerio Público pedía 16 y medio. Los dos fueron absueltos del delito de estafa y en este trámite de casación ante el alto tribunal el Ministerio Público interesa un incremento de sus condenas, que llega hasta los 10 años de cárcel en el caso del exduque; 12 años y cuatro meses para Torres, y también más pena para Matas.
Por lo que respecta a la hermana del rey y esposa de Urdangarin, Cristina de Borbón, finalmente resultó absuelta de los dos delitos fiscales que le atribuía la acusación popular y fue declarada responsable civil a título lucrativo, como pedía la Fiscalía, por lo que tuvo que responder, solidariamente con su marido, a la responsabilidad civil de este con hasta 265.088,42 euros. Solo la acusó Manos Limpias pedía para ella ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido. No obstante, esta asociación ya no acusa ante el Supremo, por lo que dicha absolución es ya firme.
Se da la circunstancia de que el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, ha sido también procesado por un caso de corrupción -caso Ausbanc- por delitos de extorsión, uno de ellos relacionado precisamente con la acusación de la infanta Cristina.
Anulación de condena Con respecto a Urdangarin, su defensa pide al Supremo la anulación de la condena de seis años y tres meses de cárcel, mientras que la Fiscalía reclama que su condena se incremente hasta los 10 años. La pena impuesta fue, no obstante, bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid, y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.
En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarin insiste en que debe ser anulada porque, entre otras razones, nunca se ocupó de temas contables, financieros ni fiscales en relación con este organismo y “no se puede demandar al olmo por no dar peras”. También se opone a los argumentos que da el Ministerio Fiscal para pedir una agravación de la condena por malversación al entender que su actividad no supuso un entorpecimiento al servicio público.
Rechaza también Urdangarin la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía y que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros.
Por lo que se refiere a Diego Torres, cuya defensa pide también la absolución, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación especial. En este trámite ante el Supremo, la Fiscalía pide que la condena quede en 12 años y cuatro meses. - E. Press