Donostia - El Gobierno Vasco quiere promover acuerdos con los ejecutivos español y francés para favorecer una “nueva orientación” de la política penitenciaria “en materia de acercamiento y respuestas humanitarias” para los presos de ETA, y “consensuar” las bases de un decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social. Este es uno de los retos que el Ejecutivo vasco se marca para este año 2018, y que se incluye en el informe anual de seguimiento del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, que recoge el balance de la gestión y ejecución en 2017 de las iniciativas que en él se contemplan, así como los principales retos para 2018.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, informó que el Consejo de Gobierno recibió ayer mismo ese informe que, según destacó, presenta un “alto” grado de cumplimiento. En concreto, de las quince iniciativas recogidas en el documento, once presentan un grado de cumplimiento del 100% de sus compromisos de calendario para 2017; tres presentan un cumplimiento del 80%, y una, del 60%.

Asimismo, destacó que todas las acciones que han sido cumplidas al 100% son aquellas que más directamente dependen de la acción de la Secretaría de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación de Jonan Fernández.

Erkoreka informó de que, de cara a este año 2018 y “teniendo en cuenta la coyuntura sociopolítica vasca”, el programa de actuación del plan define “con precisión” los retos prioritarios, y el primero de ellos es contribuir a la materialización de la disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA, y promover un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por las violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia.

Además, quiere promover acuerdos con el Gobierno español, el Gobierno francés y los grupos parlamentarios para “favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia de acercamiento y respuestas humanitarias”, así como para “consensuar” las bases de un decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social.

También trabajará para continuar profundizando en los ámbitos de diálogo, cooperación y acuerdo con las víctimas del terrorismo, a través del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo y de los acuerdos de colaboración con la AVT. Asimismo, quiere continuar promoviendo “el más amplio consenso posible “en el impulso de las políticas públicas de memoria” a través de Gogora, y se desplegará la ley de abusos policiales en los aspectos no suspendidos por el Tribunal Constitucional. - E. Press