Alcaldes de Errenteria piden que la AN no juzgue a los jóvenes de Iruñea

Errenteria. El alcalde de Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu) y tres exprimeros ediles de esta localidad guipuzcoana, los socialistas Juan Carlos Merino y Adrián López, y Xabin Olaizola (HB), han pedido hoy que los acusados por los incidentes del 11 de marzo en Pamplona no sean juzgados por la Audiencia Nacional.

Estos tres jóvenes, que permanecen encarcelados por estos hechos, fueron detenidos acusados de participar en los disturbios provocados por el grupo autodenominado Errepresioari Autodefentsa en el casco antiguo de la capital navarra, durante los que se arrojaron piedras contra la Policía Nacional, se reventó un cajero y se dañaron comercios y contenedores. Un cuarto arrestado fue puesto en libertad al ser menor de edad.

El pasado 27 de abril la Audiencia Nacional (AN) confirmó el carácter terrorista de estos incidentes, a pesar de que previamente la Audiencia de Navarra había determinado que no se trataba de un presunto delito de estas características por lo que previsiblemente será el Tribunal Supremo el encargado de resolver este conflicto de competencias.

En este contexto, los cuatro alcaldes han hecho público esta mañana un comunicado en el que sostienen que estos actos "se enmarcan dentro de hechos investigables y enjuiciables por la jurisdicción ordinaria y no por la Audiencia Nacional".

Todos ellos han comparecido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Errenteria, en un acto al que no ha acudido el que fuera máximo mandatario municipal entre 1987 y 2003, Miguel Buen (PSE-EE).

No obstante, Mendoza ha aclarado que "no se cierran las puertas" a la posibilidad de que otros exalcaldes de la localidad puedan unirse en el futuro al documento dado a conocer este mediodía.

En el comunicado, que ha sido leído en euskera por Mendoza y en castellano por Merino, los cuatro firmantes repasan la trayectoria jurídica del caso, al tiempo que recuerdan que "la sociedad quiere cerrar definitivamente el ciclo de violencia del pasado que tanto sufrimiento ha traído a este país" para lo que apuestan por "impulsar la consolidación definitiva de un escenario de paz".

En este contexto, los alcaldes reprueban "de forma clara" los "hechos violentos y los destrozos que tuvieron lugar en Pamplona el 11 de marzo, así como cualquier tipo de expresión de violencia", al tiempo que piden que "las normas sean interpretadas atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas".

"Asimismo, se habrá de excluir la interpretación extensiva de las normas que supongan un perjuicio para las personas", recalca la nota que insiste en la necesidad de que la norma vaya "encaminada al resultado más justo del hecho enjuiciable, pero a su vez a la consolidación de una realidad social que se caracteriza por un nuevo tiempo de paz".

"En el contexto que vive actualmente la sociedad vasca, consideramos que los hechos ocurridos en Pamplona se enmarcan dentro de hechos investigables y enjuiciables por la jurisdicción ordinaria y no por la Audiencia Nacional, con las consecuencias inherentes respecto a la situación de privación de libertad de los jóvenes", concluye el escrito.