La depuración foral de los “traidores a España”

La sublevación en 1936 contra la legalidad republicana puso en marcha la maquinaria de terror franquista, que se manifestó en forma de guerra, fusilamientos, torturas o deportaciones. Otras formas de represión fueron menos dramáticas pero igualmente humillantes y violentas para sus víctimas, como la política de depuración de las instituciones y organismos públicos, con el fin de limpiarlas de elementos “antipatrióticos” o “contrarios al movimiento nacional”.

En Gipuzkoa, esta política se manifestó desde el mismo instante en el que las tropas franquistas iban ocupando el territorio. El 13 de septiembre, los sublevados consiguen controlar Donostia y no esperan ni 24 horas para tomar medidas contra los empleados públicos que los golpistas consideran peligrosos para su causa.

Aquellos hechos acaban de ser recogidos en una publicación editada por la Diputación (Personal de la Diputación de Gipuzkoa, 1936) como una aportación más al mapa de la memoria del territorio y de Euskal Herria. La obra fue presentada ayer y ha sido elaborada por los investigadores de la Sociedad Aranzadi Javier Buces y Elisa Querejeta.

“Máximo interés” La cifra total de funcionarios forales depurados por las nuevas autoridades franquistas fue de 1.051 trabajadores. Represaliados por sus ideas y actitudes o por el simple cumplimiento del deber, el proceso concluyó con la destitución de 491 empleados y la readmisión de 389. Los restantes 115 fueron sancionados.

Según constatan los autores, el proceso de depuración de los funcionarios de la Diputación se inició al día siguiente de la ocupación de Donostia. “Resultó ser una cuestión de máximo interés” para los responsables políticos durante 1936 y 1937. Mediante una serie de decretos dieron cobertura legal al proceso y el 23 de septiembre de 1936, la comisión gestora encargada de gobernar la Diputación resolvió “disolver a todo el personal de todas las oficinas y dependencias, al tiempo que instruyó los correspondientes expedientes a todos sus trabajadores, según los cuales quedaban sancionados, destituidos o admitidos”.

En un acta firmada por el entonces presidente de la Diputación, Fidel Azurza Aramburu, se explican sin disimulo los planes: “Debemos hacer una labor depuradora del personal que tiene la Casa, para dejar aquellos que merezcan continuar y separar a aquellos que no merezcan tal dignidad. Pues de lo contrario no cumpliremos con nuestro deber. De modo que entiendo necesaria la formación de una comisión para que se vaya separando a todos los elementos que hayan traicionado a España...”.

La limpieza de elementos indeseables para los sublevados alcanzó a todos los ámbitos que formaban la plantilla de la Diputación. Personal de Hacienda, del servicios forestal de imprenta, del cuerpo de Miqueletes, personal del ferrocarril del Urola, trabajadores de vías y obras públicas, telefonistas, trabajadores de la casa cuna de Fraisoro o del observatorio meteorológico de Igeldo sufrieron las consecuencias de una política que se iba anunciando con nombres y apellidos en los periódicos de la época de forma puntual. La obra presentada ayer incorpora el listado completo de las víctimas.

En el acto de presentación, la directora foral de Convivencia y Derechos Humanos, Maribel Vaquero, explicó que mediante esta obra “queremos arrojar luz sobre uno de los episodios más negros del pasado de la institución, ejerciendo de depósito y herramienta de socialización de lo acaecido”. Según explicó, la publicación ha sido enviada a los descendientes de los represaliados, mientras que el resto de la ciudadanía lo podrá consultar en las bibliotecas públicas del territorio

En este contexto, la Diputación ha organizado hoy en Tabakalera el acto titulado Gipuzkoa 80 años en la memoria, que servirá para recordar el 80 aniversario del comienzo del golpe fascista y recuperar la memoria de los represaliados en la posguerra. En concreto, se homenajeará al personal del Ferrocarril, del Urola.