BILBAO. El expresidente del Athletic Ignacio Ugarteche se halla entre los diez nuevos empresarios imputados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la causa que investiga la existencia de una contabilidad en dinero negro en la formación política con sede en Génova 13. Además del consejero de Urazca Construcciones, completan la relación Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; Cecilio Sánchez, ex director comercial de FCC; Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia; José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño; Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas; Antonio Pinal, presidente consejero delegado de Bruesa; Ramón Aigé, presidente de Sorige-Acsa; y Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y administrador único de Asedes Capital. Todos ellos pasarán a declarar los próximos días 15, 16 y 17 de enero de 2014.
En contra del criterio de Anticorrupción, Ruz aceptó parcialmente la ampliación de querella solicitada por IU, personada en la causa, al estimar que en el actual estado de la instrucción aún está pendiente la elaboración de informes policiales en relación a "la vinculación entre los supuestos pagos atribuidos a los empresarios a favor del PP y los contratos o adjudicaciones públicas que hubieren sido otorgados en relación a esas prestaciones económicas". En el auto hecho público ayer, el juez admitió también citar a declarar como testigo al mencionado Juan Cotino, por su vinculación con la empresa Sedesa, que figura entre las compañías que donaron fondos a los populares, reflejadas en los papeles del extesorero Luis Bárcenas.
Por contra, quedó desestimada la petición de investigar a los exsecretarios generales del PP Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos. Para denegar la imputación de este último, argumenta que carece de competencia para citarle por tratarse de un aforado -es diputado en el parlamento de Asturias-; y en el caso de Acebes explica que los hechos pudieron encontrarse prescritos o porque no resultaran en ningún caso constitutivos de infracción penal. A Cascos, IU le atribuía la percepción de 600.000 euros en sobresueldos, algunos de ellos siendo ministro, y sobre el segundo afirmaba que al menos desde 2004 percibió "en dádivas" 107.100 euros "procedentes de pagos efectuados por empresas privadas" y desde esa fecha hasta 2008, siendo secretario general del PP, el partido obtuvo 2,3 millones de euros en ingresos ilícitos que aparecen reflejados en los citados papeles.
El magistrado rechazó, además, la imputación de otras seis personas, entre ellas el marido de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y el exgerente del PP de Galicia Ángel Piñero. Tampoco imputa al afamado empresario del mundo audiovisual José Luis Moreno, así como a otros tres directivos -Lucio Moreno, Pilar Pulido y Ángel Salado- "al no concurrir en estos casos indicio alguno de responsabilidad penal".
En este mismo auto, Ruz encarga a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que analice la documentación que será recabada a través del Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda sobre las empresas Generale des Eaux, Dregemont Iberia, Cyopsa-Sisocia, Grupo Romero Polo, Asedes Capital, Licuas, Bruesa y Sorigue Acsa para que lo una al informe que está elaborando sobre la diferentes mercantiles investigadas en la causa
la demanda de cospedal Asimismo, en el contexto del caso Bárcenas, Cospedal ha visto desestimada la demanda de protección al honor que interpuso contra el extesorero tras la publicación de la presunta contabilidad secreta. El magistrado Jesús Yunta sospecha que los manuscritos de Bárcenas y sus manifestaciones acerca de que entregó a Cospedal dos sobres con 7.500 euros en 2008 pueden constituir una intromisión en el honor de la presidenta manchega, y quita toda la credibilidad al antiguo ejecutivo del partido. Sin embargo, desestima la demanda al "no existir pruebas bastantes acerca de que el señor Bárcenas fuera la persona que está detrás" de esa supuesta "campaña difamatoria". Tampoco constata que haya elementos probatorios sobre que fuera el extesorero quien entregara los papeles al medio que publicó los manuscritos, en este caso en referencia a El País. Desde las filas del PP prefieren quedarse con que el propósito de Cospedal al interponer la demanda "ha quedado plenamente satisfecho" al acreditarse "el carácter difamatorio de los apuntes de Bárcenas", si bien el extesorero queda absuelto.
