Jesús Loza, parlamentario vasco del PSE, será el comisionado para la Convivencia y la Memoria

GASTEIZ. La Presidencia del Ejecutivo de Vitoria ha dado a conocer que el lehendakari ha informado hoy a los grupos parlamentarios de su decisión de nombrar a Loza como encargado de ejecutar y coordinar la política del Gobierno Vasco en materia de convivencia.

López ha elegido a Loza por considerar que es la persona idónea para asumir esta "trascendental tarea, tanto por su trayectoria política y profesional como por su reconocido talante y compromiso personal con las víctimas del terrorismo y la lucha por la libertad".

Loza, médico hematólogo de profesión, es parlamentario vasco desde hace tres legislaturas y actualmente es secretario primero de la Cámara vasca en representación del PSE-EE y vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa.

Es miembro también de la ponencia parlamentaria de Víctimas del Terrorismo y de la de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en representación de los socialistas vascos.

Anteriormente, fue diputado foral de Bienestar Social de Álava y viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

La creación de este nuevo cargo fue anunciado por el lehendakari en el pleno que ayer celebró el Parlamento Vasco y que estuvo centrado en la comparecencia del propio López para informar de sus propuestas de cara al nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de la violencia por parte de ETA.

El comisionado tendrá encomendada la ejecución de la política del Gobierno en materia de convivencia y superación de las consecuencias del terrorismo en Euskadi y llevará las relaciones ordinarias con el Gobierno central y con otras instituciones para la consecución de esos objetivos y aquellos otros que en ese ámbito le encomiende el lehendakari.

Además, coordinará las diferentes actuaciones tendentes a favorecer la reinserción de los presos y la integración democrática de los huidos que no tengan causas pendientes con la justicia.

Loza se encargará también de coordinar las actuaciones que los distintos órganos y departamentos del Gobierno realicen en el ámbito de la memoria y la convivencia, y convocará periódicamente reuniones con los representantes de las fuerzas con representación institucional para estudiar aportaciones o sugerencias en esta cuestión.