Excluyen a Dignidad y Justicia de la causa económica de 'Egunkaria'
La audiencia de gipuzkoa dice que no es ningún proceso sobre terrorismo Se trata del procedimiento que sigue abierto tras el cierre del sumario principal
Donostia. El tribunal de la sección tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, encargado de juzgar la causa económica del caso Egunkaria, ha excluido a Dignidad y Justicia (DyJ) del proceso al considerar que la asociación carece de "legitimidad activa" en un juicio de índole económico.
En un auto dado a conocer ayer en la edición digital de Berria, los magistrados afirman que la asociación presidida por Daniel Portero recoge en sus estatutos que su objetivo es litigar en cuestiones vinculadas al terrorismo, algo que no tiene nada que ver con el caso Egunkaria.
Dignidad y Justicia es una asociación que promueve "la acusación popular en todos los sumarios del entramado etarra", según resaltan sus propios estatutos. Y ese objetivo fundacional ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por la Audiencia de Gipuzkoa para dictar la "exclusión procesal" de la agrupación de la causa económica de Euskaldunon Egunkaria, ya que al tratarse de un juicio de carácter económico no se ajusta a los objetivos de la agrupación demandante.
Así, el tribunal también declaró "la falta de legitimación activa de Dignidad y Justicia para el ejercicio de la acción popular" en este caso.
De esta forma la pieza económica del caso Egunkaria ha quedado sin acusación particular que la sustente. Sin embargo, aún se desconoce si el juicio en el tribunal guipuzcoano para determinar si los responsables del periódico cometieron algún delito fiscal o contable proseguirá o quedará definitivamente en suspenso, una situación que está en manos del fiscal instructor.
Fue en mayo del pasado año cuando la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se inhibió de enjuiciar la pieza económica y la trasladó al juzgado guipuzcoano. Lo hizo tras certificar en abril del 2010 -siete años después de la clausura del rotativo que ordenó el magistrado Juan del Olmo- la absolución de los cinco acusados. Dignidad y Justicia, además de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), participó también entonces como acusación popular.
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