Acuerdo de mínimos en Catalunya en defensa del Estatut sin recortes

La resolución fue apoyada con 115 votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y votaron en contra 18 diputados del PPC y Ciutadans.

El pacto fue posible gracias a la iniciativa del presidente de la Generalitat, José Montilla, que acordó la resolución con ERC e ICV para comunicarlo posteriormente e in extremis, dentro del hemiciclo, al líder de CiU, Artur Mas, abierto en todo momento a avalar lo que presentase el tripartito.

El ambiente preelectoral sobrevoló no obstante durante todo el pleno extraordinario, en el que los partidos marcaron perfil pensando en las autonómicas de otoño, y la resolución mayoritaria finalmente no fue firmada en el registro por CiU y ERC, que sin embargo la votaron en la cámara.

Un ejemplo de la debilidad de la unidad catalana es que la resolución no será presentada, al estar fuera de tiempo, en el debate del estado de la nación, en el que los partidos catalanes presentaron ayer por separado sus resoluciones para ser votadas el martes, día 20.

Al día siguiente, Montilla se reunirá en la Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cita a la que acude desde la "exigencia, el diálogo y la negociación", con el objetivo de "proponer otras vías para dar cumplimiento al contenido del pacto suscrito" entre las Cortes y el Parlament con el Estatut refrendado por el pueblo catalán en 2006.

relación de confianza En la sesión matinal, Montilla realizó un discurso de profundidad en el que abogó "por el pacto" y el diálogo con el Estado, pero avisó de que España debe cambiar y hacer posible una relación de confianza, que pasa por una reforma constitucional.

Según Montilla, en el futuro, y "cuando se den las condiciones favorabes", habrá que "recuperar las garantías jurídicas" del Estatut, "muy probablemente por medio de una reforma de la Constitución que reconozca explícitamente nuestra realidad nacional", señaló.

"Si España quiere dar una solución al secular problema catalán, debe estar dispuesta a cambiar", advirtió el presidente, que cree que debe comenzar por admitir que se trata "de un problema constitutivo de su propia esencia".

El presidente de CiU, Artur Mas, indicó que la "Catalunya autonómica y constitucional de los últimos 30 años no tiene continuidad eficaz", dado por imposible rehacer el Estatuto catalán y defendió que Catalunya emprenda "un nuevo camino sin límites" en el autogobierno.

Según Mas, la sentencia evidencia un "encarnizamiento" con los "órganos vitales" del Estatut, y reivindicó el "derecho a decidir" de los catalanes, además de defender el "cambio de rumbo" porque: "tenemos que forjar nuestro propio camino de futuro, independientemente de si al Estado le gusta esto más o menos".

una nueva etapa El líder de ERC, Joan Puigcercós, dijo que la manifestación del 10-J ha marcado un final de etapa y el comienzo de otra en la que el "debate ya no es si tripartito sí o no", sino decidir entre el autonomismo de CiU y PSC o bien la independencia.

Después de advertir que la sentencia ha incrementado la "fatiga" de los catalanes respecto a su encaje en España, Puigcercós defendió una "nueva transición en Catalunya" hacia la independencia, una propuesta que ha formalizado por la tarde con una resolución que únicamente ha contado con los votos de ERC y la abstención de CiU.

La portavoz del PPC en el Parlament, Dolors Montserrat, negó el derecho al presidente catalán a "reivindicar una España plural mientras no reconozca una Catalunya de todos", y le exigió que entienda que "nadie tiene el patrimonio de la catalanidad".

El presidente de ICV-EUiA, Jaume Bosch, reivindicó la "vía federal" para que Catalunya pueda conseguir el nivel de autogobierno que la sentencia del TC le ha negado, pero admitió que el PSOE no cree en ella porque "no es federalista".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pide responsabilidades a las formaciones que impulsaron el actual Estatut por el resultado del proceso, y cree que ahora sólo hay dos caminos: "quedarse en el Estado autonómico o ir hacia el abismo".

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer, tras el Consejo de Ministros, que el sentimiento identitario y de autogobierno de Catalunya se puede encauzar en la Constitución y afirmó que si se plantea una reforma de la misma se podría estudiar aunque requiere "tiempo" y "consenso".

La vicepresidenta se pronunció así al ser preguntada por la petición del presidente catalán, José Montilla, de que cuando se den las condiciones favorables" se modifique la Constitución para que reconozca explícitamente la "realidad nacional" de Catalunya.

De la Vega insistió en que "hay margen" y "vías" en el marco establecido por el Estatut y la Constitución para que el sentimiento identitario y de autogobierno de los ciudadanos de Catalunya pueda encauzare. "Si queremos recuperar el Estatuto que aprobamos, y recuperar todo lo recuperable de la sentencia, se pueden hacer otras reformas que no implican la reforma de la Constitución, para darles cabida en el ámbito de Estatut", insistió la vicepresidenta. Añadió que eso en principio es lo que el Gobierno va a explorar, porque es lo más directo, razonable y lógico.

El ex presidente del Gobierno de España, Felipe González, afirmó también ayer que en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya "no hay excesos" y es "más política que jurídica". Así, señaló que la parte de la sentencia que tiene eficacia jurídica tiene "un mínimo impacto" desde el punto de vista estatutario, pero la que no tiene eficacia jurídica "se la podían haber ahorrado", no ya la "cita bíblica", sino las "afirmaciones políticas ofensivas para sensibilidades diferentes".

Para González, el problema territorial "no es una cuestión histórica irresuelta". Por ello, dijo a los "amigos catalanistas de todo el orden de matices" que "no puede ser verdad que lo crean" de esta forma, ya que, aunque fueran "dientes de sierra", el "problema del autogobierno y la descentralización no ha hecho más que crecer cuantitativa y cualitatiamente".

Por su parte, el vicesecretario general de comunicación del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, advirtió ayer al Gobierno que recuperar aspectos del Estatut rechazados por el Tribunal Constitucional con la modificación de leyes orgánicas es un "auténtico fraude constitucional". Pons criticó que Zapatero haya anunciado la modificación de leyes orgánicas para recuperar aspectos declarados inconstitucionales por el TC, y afirmó que si no cumplen la sentencia del tribunal "será un nuevo engaño y una nueva frustración".