La Justicia procesa a una víctima

"Te sabes en boca de todos, evitada por la mayoría, los pocos que te saludan lo hacen a escondidas, temerosos de ser relacionados contigo. Se prodigan los rumores, verdaderos o falsos, las descalificaciones personales y las calumnias. Te ves aislada por una barrera invisible que no puedes desmentir y de la que no te puedes defender". Habla la ex alcaldesa de una pequeña localidad guipuzcoana. Pilar Zubiarrain fue la cabeza de lista del PNV en las municipales de 2003 al Ayuntamiento de Altzo (Tolosaldea). Ganó.

Antes le habían quemado el coche (1997) y el caserío donde vivían sus padres y una tía incapacitada (1999) y habían organizado concentraciones frente al despacho de abogados donde trabajaba y también en su domicilio entre finales de ese mismo año y el 2000.

Llegó a la Alcaldía tres años después con 65 votos a favor y 139 sufragios nulos. Esta última fue la opción sugerida por la izquierda abertzale tras la ilegalización de Batasuna. Zubiarrain era, como Joseba Egibar en Lizartza, una lapurra: ladrona. Pese a la presión, decidió gobernar.

Una de las patatas calientes con la que tuvo que lidiar fue la documentación oficial del Consistorio, que el 25 de enero de 2000 acordó incorporar, entre otros elementos, el lema Presoak Euskal Herrira. Aquel día el pleno decidió que los cerca de 400 vecinos de Altzo colgaran en los balcones la bandera en favor de los derechos de los presos.

Zubiarrain se negó: "No la puse ni denuncié estos hechos porque en aquel momento, con el caserío que todavía echaba humo, no podía ni con mi alma, pero imagina el sentimiento de burla, impotencia, dolor que sentimos tanto yo como mi familia cuando recibimos la citada bandera. La devolví ofendida".

En 2004 lo que echaba humo era el papeleo oficial del Consistorio. Con la edil del PNV como alcaldesa, no se retiró la simbología incorporada en el pleno de 2000. El Abogado del Estado impugnó el acuerdo y el TSJPV requirió un año después, en 2005, el cumplimiento de la sentencia.

Zubiarrain dilató su ejecución: "Les respondimos que nos remitiera [la sentencia] en euskera". La traducción tardó en llegar tres años, en 2008, once meses después de que Zubiarrain dejara el cargo: "En este momento dicha sentencia está cumplida" por los actuales dirigentes.

Hoy, tanto la violencia de persecución que sufrió como el acatamiento de la sentencia colean. El pasado 1 de octubre por la mañana la ex edil jeltzale recibió en su despacho "vía fax, en torno a las once de la mañana, el auto del Juzgado de Ejecutorias Penales de Donostia reconociéndome la indemnización por daños morales [faltan por valorar los daños psicológicos]".

La propia Zubiarrain explicó en la charla que dio en Barcelona junto a la presidenta de las JJGG, Rafaela Romero, en la presentación del libro Hablan las víctimas, por qué se oponen a la indemnización quienes están imputados por el acoso: "Dicen que, pese a la persecución que padecí, seguí en política, presentándome en candidaturas del PNV o siendo alcaldesa de Altzo. En resumen, que no me fui a casa con lo que me hicieron: que no tengo daños psicológicos".

El mismo 1 de octubre de 2009, seis horas más tarde, llegó la mala noticia: "El recurso del Ministerio Fiscal impugnando el auto de sobreseimiento [del Juzgado de Tolosa] y manteniendo la imputación por desobediencia a la autoridad".

Es consciente de su situación como lo fue en 2004 y en 2005: "No estaba dispuesta a volver a aguantar las presiones, no tenía fuerzas y alargué el cumplimiento de la sentencia, sabiendo que era ilegal, aunque estaba y estoy plenamente conforme con el contenido de la misma".

Ella misma critica a la Justicia. En su discurso en la capital catalana el pasado 22 de enero pidió más prestaciones para la administración de la Justicia: "El apoyo social, institucional y económico a las víctimas está muy bien, pero algo falla si falla la aplicación de la Justicia. [...] Como no se invierta en justicia, mal iremos, tanto para con la sociedad en general como con las víctimas".

justicia y política

Hacen falta mejoras

Para la abogada, un proceso judicial "no puede durar 5, 6 ó 10 años. Del mismo modo que a un niño cuando hace algo mal se le debe decir que hace mal en ese momento y no a los días; la Justicia debe ser inmediata".

Se ha enfrentado a varios análisis médicos en los que ha tenido que recordar lo vivido. Esto también sucede cuando explota una bomba. La dinámica de condena se repite: "Tengo la sensación de que los partidos políticos tienen en el ordenador un comunicado de condena para denunciar los actos terroristas, y que adecuan el nombre, fecha y lugar para condenar el atentado. Que detrás no hay nada".

Zubiarrain apunta que eso "no quiere decir en absoluto que no condenen la violencia, sino que su reacción ante el terror se agota en esa condena, difuminándose a menudo la asistencia posterior, la humana, a la víctima que sobrevive y sigue adelante". La ex alcaldesa cree que hay políticos que "si no hay periodistas, no se dignan ni siquiera a descolgar el teléfono para decir que te apoyan, o para algo como tomar un café y dejar que hables de tu dolor".

Pilar Zubiarrain prefiere evitar cualquier protagonismo en los medios. Limita sus apariciones públicas a las conferencias que le invitan. Ocurrió en las Juntas Generales de Gipuzkoa el 1 de abril junto a otras víctimas y lo volvió a hacer en Barcelona.

En ellas, explicó que "la violencia de persecución es como que te echen gota a gota un cubo de agua. Deseas que te echen todo el cubo de una vez para terminar con el sufrimiento". La quema del caserío, de más de 300 años, quedó impune ante la falta de acusados. "Pero luego te das cuenta de que mientras tienes vida tienes una oportunidad, hay gente a la que por desgracia han privado de sus seres queridos, que sufrirían el doble de lo que yo sufrí y que darían todos sus bienes por tenerlos vivos".