Tribuna abierta

¿Cambio de rumbo en la gestión de residuos?

29.12.2021 | 00:30
¿Cambio de rumbo en la gestión de residuos?

Sería necesario la aplicación del principio "quien contamina paga", el denominado pago por generación, que es un sistema que permite computar la generación real de residuos de cada hogar o comercio y definir el importe de la tasa en función de la cantidad y tipo de residuos generados, lo que, además de representar un sistema más justo, genera un incentivo entre la ciudadanía para mejorar los niveles de reducción y reciclaje

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 23 de diciembre, con 182 votos a favor, 70 en contra y 88 abstenciones, el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La norma salió adelante gracias al apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Más País, entre otros partidos. El PP se abstuvo, así como EH Bildu, y en contra votaron Vox y los independentistas catalanes ERC, PDeCAT y la CUP. Ahora la norma irá al Senado para su ratificación.

A través de esta norma se incorporan a la legislación estatal diversas directivas europeas, de obligado cumplimiento, con bastante retraso, lo que ha motivado que el Estado español estuviera en el punto de mira de la Unión Europea. En este sentido, la Comisión Europea en los últimos años había recibido diversas quejas, entre otras, por los pobres resultados obtenidos en la recogida selectiva y reciclaje de los residuos municipales debido al incumplimiento de reciclar el 50% de estos residuos en 2020, y deficiencias en otros aspectos de la gestión de los residuos.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el Gobierno español plantea esta actualización normativa para "sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino". Esta norma establece el régimen jurídico aplicable "a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos"; a la "prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos"; y a "los suelos contaminados".

La nueva norma supone limitaciones a los plásticos de un solo uso, que hoy en día constituyen un grave problema ambiental, ya que no se reciclan. De esta manera, se establecen medidas para la reducción del consumo de estos productos, que deberá ser en 2026 del 50% en peso, con respecto a 2022; y en 2030, del 70% en peso, con respecto a 2022. Esta reducción afecta a los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos.

Asimismo, se crea un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizable. La base imponible del impuesto será por la cantidad de plástico no reciclado presente en el envase, que se gravará con 0,45 euros por kilogramo.

También para tratar de "reducir el consumo de envases de un solo uso", el proyecto de ley establece que las "administraciones públicas fomentarán el consumo de agua potable en sus dependencias", y también en "los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita".

En cuanto a la prevención de residuos, es decir, su reducción, el proyecto de ley establece que se deberá reducir el peso de los residuos producidos en un 13% para 2025 y en un 15% para 2030, respecto a los generados en 2010. En este sentido, el texto introduce el impuesto sobre el vertido y la incineración con valorización energética o no. El canon de residuos es un impuesto que incentiva un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente e impulsa medidas de minimización y de valorización material de los residuos. Cataluña fue la primera comunidad autónoma en implantarlo en 2004, y posteriormente le han seguido otras seis, entre ellas Navarra, con la aprobación en la pasada legislatura de la Ley Foral de residuos y su fiscalidad, y recientemente en Euskadi.

En el texto se recoge también algunas reivindicaciones de las organizaciones ecologistas como la instauración de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, aunque se aplaza a una evaluación a finales de 2023 para empezar su implantación, cuestión que ha sido muy criticada por el movimiento ecologista. Este sistema ya funciona en diversos países del mundo, como es el caso de Alemania, con mucho éxito, donde se ha llegado a recuperar hasta el 98% de los envases, mientras que, con el actual sistema de recogida en el Estado español, según la organización ecologista Greenpeace, apenas se recogen el 25% de los envases de plástico. Con el sistema de SDDR, los consumidores pagan una fianza asociada al envase, que se le devuelve cuando lo retorna para que se pueda reciclar.

¿Cómo afectará a Euskadi este proyecto de ley? Al ser legislación básica, será de obligado cumplimiento. Ahora bien, también se podría redactar y aprobar una ley vasca de residuos, con objetivos más ambiciosos que los que marca esta norma estatal.

También habría que decir, que en el caso de nuestra comunidad, algunas de las iniciativas que se plantean en el proyecto estatal de ley están en marcha, y, entre ellas cabe citar, la activación de un canon de vertido y de incineración de residuos, bajo la premisa de que no puede resultar más barato verter o incinerar un residuo que reciclarlo –aprobado por el Consejo de Gobierno dentro del Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR 2030) el pasado 2 de noviembre-; la recogida selectiva de los biorresiduos –fracción orgánica de las basuras– a través del contenedor marrón u otros sistemas de recogida selectiva que cada vez está más extendida por las ciudades y municipios vascos–, aunque no se plantean objetivos de porcentaje de recogida selectiva; y acciones a favor de la prevención y reducción de residuos, aunque insuficientes, cuando ocupa el primer lugar en la jerarquía comunitaria en materia de residuos, por delante de la reutilización, el reciclaje, la valorización energética o incineración, y el vertido.

Sin duda, sería importante la redacción y aprobación de una ley vasca de residuos que incorporara algunos déficit de la legislación estatal y objetivos en algunas cuestiones más ambiciosos, además de adaptados a la realidad de Euskadi. Así, sería necesario la aplicación del principio "quien contamina paga", el denominado pago por generación, que es un sistema que permite computar la generación real de residuos de cada hogar o comercio y definir el importe de la tasa en función de la cantidad y tipo de residuos generados, lo que, además de representar un sistema más justo, genera un incentivo entre la ciudadanía para mejorar los niveles de reducción y reciclaje; un mayor fomento de la cultura de la reutilización, que permitiría generar menos residuos; la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), que está comprobado por las experiencias obtenidas en diversos países europeos que permite dar un salto importante en el reciclaje y reutilización de envases; entre otras cuestiones. Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente

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