e le atribuye a Alberto Ruiz-Gallardón, en sus tiempos de ministro de Justicia, la frase "Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos". Parece que la pronunció al anunciar un proyecto de modificación de la ley que establecía el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reforma que nunca se llevó a cabo porque ya sabemos que aquel Gobierno estaba más ocupado, Montoro mediante, en subir impuestos a las clases medias y chulear a su más genuina base electoral. Lo que se atrevió a verbalizar Gallardón -y ya sabemos que en política lo que no se nombra parece que no existe- es ese sistema de reparto mediante el que el poder político mete cuchara en el órgano que actúa como regulador de la actividad de los tribunales. El CGPJ realiza dos funciones primordiales. Una, los nombramientos y remociones de los puestos que queden vacantes o los que le corresponda designar, entre los que destacan los jefes de las salas del Supremo. Y dos, aplicar el régimen disciplinario, imponer sanciones cuando advierta faltas punibles en el trabajo de los togados. Aparentemente son ambas labores de mera administración. Los nombramientos se podrían realizar de forma automática según méritos curriculares, y la aplicación del régimen disciplinario no requiere de otra cosa que de un procedimiento detalladamente objetivo. Y sin embargo, los partidos políticos saben que el Consejo es un espacio institucional que merece conquistarse. Si es así, es porque constatan que actúa con todo el margen de subjetividad que requiere el juego del poder. Se ufanan los jueces en decir que su órgano de gobierno ha de ser independiente, que confunden con discrecional y en realidad reclaman corporativo. Y en esa inconsistencia huellan los políticos, sabedores de que si sitúan a sus peones en el Consejo podrán condicionar de una u otra manera lo que hagan los tribunales. Haz tú como que eres independiente, y déjame a mí que me encargue de revestirte como tal. Lo dijo Gallardón. Obsceno.
Un ejemplo del infame corporativismo con el que se despacha el CGPJ: ha impuesto sanciones por falta grave de retraso a los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra Raquel Fernandino (multa de 1.500 euros) y Ricardo González (700 euros) por retrasos en el dictado de resoluciones. Los castigados alegaron la repercusión negativa que les endosó personal y profesionalmente la reacción social a la sentencia de La Manada, en la que participaron. Lo que produce arcadas es comprobar que para el Consejo una falta grave debida a retrasos injustificados se salda con una multita de inferior valor a algunas que se imponen por tráfico, y que es una pequeña parte de la paga extra que los mentados recibirán dentro de una semana. Si un médico es considerado responsable de una infracción grave por negligencia, lo más probable es que se enfrente a una acusación penal. Si un abogado de los que trabajan ante los juzgados de Fernandino y González se retrasa en un plazo, su cliente también le sentará en el banquillo. Pero si unos jueces de los que dependen vidas y haciendas se toman un tiempo injustificado para ordenar resoluciones, paga unos pavos y se ha acabado. Y no se te ocurra criticarles públicamente, porque te podrían poner una demanda que juzgarían sus propios compañeros, con los que se toman café por las mañana, y la condena es segura. De esta manera es como progresa la putrefacción en la judicatura, y no me refiero personalmente a los mentados, sino a que en ella puedan seguir enquistados hasta su jubilación esos garzonitos que hacen siempre lo que les place en nombre de su independencia, habitualmente revestidos de una ridícula mezcla de incompetencia y prepotencia, los primeros en la pancarta, y a los que en nada afecta que sus resoluciones sean frecuentemente corregidas por la jurisdicción superior. Este tipo de usurpadores, que ahí están sin que nadie haga nada, empañan diariamente el buen hacer de tantos otros jueces y fiscales que trabajan con compromiso, dedicación y sentido profesional. Obsceno.
El problema de la lucha política por el poder en el CGPJ es que no permite afrontar la más necesaria reforma de la justicia, que no es otra que instaurar el control de calidad y el que no sea buen juez, a su casa. Mientras los partidos se conformen con el pastoreo, y los togados con que únicamente les metan la puntita, seguirá siendo todo, de principio a fin, un espectáculo obsceno.
