radicionalmente, el periodismo ha sido una profesión de riesgo, especialmente para aquellos profesionales que han cubierto guerras y conflictos armados. La búsqueda de la información ha provocado en ocasiones el enfrentamiento con distintos poderes, que en sus casos más extremos ha terminado de forma trágica. Pues bien, con motivo del "Día del sobregiro de la Tierra", establecido este año el 22 de agosto, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha publicado datos alarmantes sobre periodistas... que trabajan en temas ambientales: al menos diez de ellos han sido asesinados y se han registrado más de 50 violaciones de la libertad de prensa relacionadas con este asunto en menos de cinco años en todo el mundo.
Malos tiempos para el periodismo medioambiental, se denuncia en el informe: los ataques contra los periodistas que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente se han convertido en algo habitual. Brandon Lee lo sabe bien. Este periodista estadounidense, radicado en Filipinas y que trabajaba para el semanario Nordis, escapó por poco de un intento de asesinato el 6 de agosto de 2019. En los últimos años, "me han seguido, vigilado, amenazado de muerte y denunciado en las redes sociales", recuerda Lee, quien en el norte del archipiélago filipino cubría especialmente temas ambientales que "denuncian las injusticias que todo el gobierno quiere encubrir".
Este grave incidente es uno de los 53 casos de infracciones contra el derecho a la información registradas por RSF desde la publicación del informe Clima hostil para los periodistas ambientales que, a finales de 2015, ofreció un primer balance de los ataques dirigidos específicamente contra periodistas que trabajan en este asunto. Las tendencias observadas hace cinco años ahora se confirman y se consolidan: como promedio, cerca de dos periodistas son asesinados cada año por haber investigado la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras o, más específicamente, la contaminación, las consecuencias para el entorno de las actividades industriales o los proyectos de construcción de grandes infraestructuras.
En una década, 20 periodistas han sido asesinados por tratar asuntos medioambientales. A diez de ellos los mataron en los últimos cinco años. De estos, nueve fueron asesinados a sangre fría en Colombia (2), México (1), Filipinas (1), Birmania (1) e India (4). La lista incluye a Shubham Mani Tripathi, corresponsal del diario en lengua hindi Kampu Mail, contra el que dispararon seis balas, tres de ellas en la cabeza, en junio de este año. Acababa de compartir en Facebook sus temores de que la "mafia de la arena" le iba a matar por sus investigaciones sobre casos de expropiaciones ilegales.
Los datos son contundentes. Más allá del corresponsal de guerra, que se expone más que nadie por razones obvias, hay otro perfil de reportero que está pagando duramente las consecuencias de intentar informar con libertad: es el periodista ambiental. En algunos lugares del mundo, el territorio del medio ambiente se ha convertido en uno de los más peligrosos para el trabajo periodístico junto con el reporterismo de guerra.
Los intereses empresariales, en connivencia con fuerzas de seguridad y políticos locales, han dificultado investigaciones en algunos de los espacios naturales en los que se realizan prospecciones y se explotan proyectos mineros. La búsqueda de materias primas en países con peores condiciones laborales y menores controles medioambientales ha llevado a abusos ecológicos, derrames con daños para la salud de la población local, amedrentamiento de periodistas, sacerdotes o líderes vecinales que se atreven a protestar e incluso a muertes y violaciones.
En todos los continentes, los periodistas están sufriendo la violencia por investigar los abusos relacionados con el impacto de los intereses políticos y corporativos en la extracción de los recursos naturales de la tierra. Hoy en día, la crisis climática es una realidad y hay mayor preocupación ciudadana por saber qué ocurre y cómo se explotan los recursos naturales, lo que ha provocado que los periodistas ambientales lleguen incluso a temer por su vida en el ejercicio de su profesión.
De esta forma, nos encontramos que cubrir información sobre atentados ecológicos es cada vez más una actividad en riesgo y los informes de Reporteros Sin Fronteras así lo atestiguan. Concretamente, desde RSF se afirma que "informar sobre el planeta es, sin duda, una profesión de riesgo, y junto a la cobertura de conflictos armados y el periodismo de investigación, el periodismo medioambiental se ha transformado en uno de los más peligrosos para los profesionales de los medios".
Pero los periodistas especializados en medio ambiente no solo peligran en países en vías de desarrollo o bajo regímenes dictatoriales. También se exponen en el llamado mundo desarrollado. En Francia, la periodista independiente Inès Léraud, que investiga las consecuencias medioambientales de la agricultura intensiva en Bretaña, ya ha sido objeto de dos denuncias por difamación en el espacio de dos años. La primera denuncia contra la autora de la investigación Algas verdes, la historia prohibida, interpuesta por una personalidad del sector agroalimentario bretón que no dudó en denigrarla directamente a través de las ondas de radio y por correo electrónico, fue finalmente retirada unos días antes de la audiencia prevista, a principios del pasado mes de enero.
También en Canadá y Estados Unidos, decenas de periodistas fueron detenidos entre 2016 y este 2020 mientras cubrían manifestaciones de ecologistas y comunidades indígenas que se oponían a la construcción de un gasoducto, de una gran presa hidroeléctrica o de un oleoducto en sus tierras ancestrales. En ambos países, varios periodistas fueron procesados por allanamiento de la propiedad privada antes de que finalmente los tribunales les permitieran cubrir las protestas indígenas.
En este 2020, la cobertura de las actividades del movimiento Extinction Rebellion en los aeropuertos de Londres en 2019 y de Orly (París) fue, en el primer caso, obstaculizada por la policía mientras que en el segundo se vio marcada por la puesta bajo custodia durante diez horas del periodista de Reporterre, Alexandre-Reza Kokabi.
En el caso del Estado español, la cobertura de temas de impacto medioambiental se topa en innumerables ocasiones con presiones de todo tipo y obstaculizaciones para informar de forma rigurosa, contrastada, independiente y objetiva acerca de las agresiones al medio ambiente o con detenciones absolutamente arbitrarias por cubrir las acciones de activistas ecologistas. Desde los poderes públicos, en demasiadas ocasiones no se ha protegido el derecho básico a la información, que está amparado en la legislación vigente, porque sus intereses son coincidentes con los de determinadas empresas y multinacionales que atentan contra el medio ambiente.
Experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y de Periodismo Ambiental Vasco 2019
