"Un poco de entender para qué estamos aquí"

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica se creó con el noble propósito de establecer políticas para hacer frente a las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Es previsible que la crisis económica poscoronavirus reproduzca en España los patrones ya vistos en 2008, que se tradujo en un fuerte aumento del desempleo estructural y de larga duración, con una tasa de paro del 20% en el primer trimestre de 2010, alcanzando el 27% en 2013. Estas cifras contrastan con observadas en la Unión Europea, en la cual el desempleo se incrementó hasta el 9,6% como media.

Esto es debido a que las debilidades estructurales de la economía española intensifican el impacto de las crisis. Así, hay que destacar la escasa contribución del sector manufacturero, que representaba en 2018 el 13% del PIB y cerca del 12% del empleo, sumado al peso excesivo del sector de la construcción y a una tendencia histórica a suplir la inversión en capital mediante bajos costes laborales (véase el turismo, la inmigración, la precariedad laboral, etc.).

Estos problemas de empleo están relacionados con la estructura económica del país, pero también con la formación y capacitación de sus habitantes. Por ejemplo, España presenta una tasa de abandono escolar temprana que se encuentra entre las más elevadas de los países de la OCDE, con un 18,3% en el año 2017, mientras que la tasa de repetición en España es la segunda más elevada de la Unión Europea. Como consecuencia, el número de "jóvenes ninis", es decir personas que ni estudian ni trabajan, se situaban en el 17,7% para el año 2017.

Paradójicamente, el 21% de las personas sufren sobrecualificación, es decir que ocupan un puesto de trabajo con unos requerimientos de preparación inferiores a su formación. En el caso del sector industrial, este fenómeno de sobrecualificación es más intenso. España es el país de Europa con más universitarios empleados en trabajos sin cualificación: el 48,6% de la fuerza laboral empleada en la industria.

En el año 2000, en curso de la famosa cumbre de Lisboa, la Unión Europea se propuso "convertirse en la economía basada en conocimiento más competitiva del mundo" y estableció como objetivo de inversión en I+D alcanzar el 3% del PIB para 2020. A la fecha, España tiene un nivel de inversión en I+D del 1,24% sobre el PIB, muy lejos de la media de la Unión Europa, que es del 2,11%.

La explicación de esta distancia entre España y la Unión Europea en términos de I+D no hay que buscarla en el potencial económico. Si la tomamos los valores medios de la Unión Europea como un índice cien, la renta per cápita española alcanzaría los 91 puntos, mientras que la inversión en I+D por habitante se quedaría en 49 puntos.

En la comparativa entre España y la Unión Europea llama la atención la caída de la inversión pública en Ciencia y Tecnología: los informes de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) constatan el peso que las partidas asignadas para la I+D en los presupuestos del estado: Una evolución muy negativa, pasando de ser próximo al 3% hace una década a valores en torno al 1,5% en los últimos años.

La COSCE denuncia que esta reducción presupuestaria se ve magnificada por un hecho aún más dramático, cual es la falta de ejecución de los presupuestos originalmente destinados al I+D. Así, mientras en 2016 tan solo se gastaron 4 de cada 10 euros presupuestados, en 2017 el porcentaje de no ejecución alcanzó el 70,32%.

El déficit tecnológico de España con relación a la Unión Europea asciende a 21.708 millones de euros (hay que recordar que el coste del rescate de la banca española ascendió hasta los 77.000 millones de euros). Esta es la inversión adicional en I+D que debería realizar la economía española para situarse en el 3% sobre el PIB. A este ritmo, España tardaría 180 años en alcanzar el objetivo que establecía la Estrategia 2020 de la Comisión Europea.

Complementariamente, España presenta una baja intensidad de actividad emprendedora, tanto si se considera el emprendimiento general de la población como la actividad intraemprendedora llevada a cabo en el seno de las empresas.

El informe GEM España 2019 - 2020 señala que el indicador TEA, que refiere el porcentaje de la población de edad comprendida entre los 18 y los 64 años que ha estado involucrada en iniciativas emprendedoras en los últimos tres años fue del 6,1%. La media de la Unión Europea se situaba en el 9,6% para el año 2019.

La actividad intraemprendedora igualmente se sitúa por debajo de la media de las economías europeas. Así, el porcentaje de la población española de edad comprendida entre los 18 y los 64 años que lideró iniciativas intraemprendedoras en el seno de las empresas fue un exiguo 1,7%, muy por debajo de la correspondiente a la Unión Europea, que se sitúa en el 4,8%.

¡Vaya panorama! ¿Es esto lo que hay que reconstruir?

Algunos proponen simplemente volver a las andadas: En el curso de la cumbre empresarial organizada por la CEOE y denominada Empresas españolas liderando el futuro, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, abogaba por incentivar la actividad del sector de la construcción, fomentando la compra de vivienda para los jóvenes. Se diría que hay añoranza de la burbuja inmobiliaria€

La realidad es que el progreso económico y el bienestar social de un país dependen, a largo plazo, del desarrollo tecnológico, la productividad y el empleo. Por ello es preciso reivindicar el desarrollo de una agenda de transformación económica, un programa destinado a reactivar la economía a medio y largo plazo, orientado hacia la construcción de un país más sostenible, avanzando en lo que se denomina "la doble transición ecológica y digital".

Como ilustración, en la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre "una nueva estrategia industrial para Europa", se afirma que "ahora necesitamos un nuevo modelo de industria para Europa, que se adapte a los objetivos del presente y a las realidades del futuro. Para ello, es fundamental contar con la capacidad de la industria europea para liderar la doble transición e impulsar nuestra competitividad".

La Comisión afirma que, si Europa quiere liderar la doble transición, la estrategia industrial tendrá que ser fundamentalmente una estrategia de innovación. Por ejemplo, la industria deberá desempeñar un papel de liderazgo en la transición ecológica. Esto significa reducir su huella material y de carbono e incorporar la circularidad en toda la economía con el propósito de hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro para 2050.

Finalmente, la Comisión Europea mediante su "Estrategia para configurar el futuro digital de Europa", propugna una visión para conservar la soberanía tecnológica y digital, así como para convertirse en un líder digital mundial. Para ello, afirma la Comisión, Europa deberá intensificar la inversión en investigación y el despliegue de tecnologías en ámbitos como la inteligencia artificial, las redes 5G y la analítica de datos.

El despliegue de estas grandes estrategias requiere un incremento sostenido de la inversión en I+D, así como el fomento del emprendimiento general y el intraemprendimiento en el seno de las empresas en particular.

Finamente, Europa deberá de garantizar que la educación y la formación siguen el ritmo del desarrollo tecnológico. La reconversión y el reciclaje profesional tienen que ser un elemento importante de la economía social de mercado.

En el caso español, sería necesario llevar a cabo una lectura autóctona de estas estrategias genéricas de la Unión Europea y aplicarse en su ejecución. Pero mientras los ilustres parlamentarios hacen caso omiso al "Un poco de entender para qué estamos aquí", es previsible que nuevamente asistamos a la reconstrucción del modelo económico previo a la crisis. Porque en España ha calado la afirmación atribuida a Carlos Solchaga de que "la mejor política industrial es la que no existe". Con todas sus consecuencias.

Director Gerente. Isea S.COOP.