estas alturas de la pandemia ya no hay duda de que el Estado español será uno de los más afectados de la Eurozona por la crisis económica derivada por el COVID-19. A nadie debería extrañar esta afirmación si tenemos en cuenta que ha sido el cuarto sector económico del país, - el hostelero -, el principal afectado por el parón de la actividad económica tras la proclamación del estado de alarma. La hostelería ha cerrado desde el primer día y de manera generalizada, - cosa que no ha ocurrido con la mayoría de los grandes sectores productivos del país -, y su apertura será la más tardía de entre el conjunto de actividades sujetas al proceso de desescalada.
Además de por su peso económico, nuestra hostelería es relevante porque aporta elementos singulares respecto a la de nuestros socios europeos. Nuestra forma de socializar en torno a bares y restaurantes, en lugar de hacerlo en los hogares y jardines familiares tal y como ocurre en muchos países de la UE, hace que el 14,6% de la renta de las familias españolas se gaste en el sector hostelero (Eurostat 2018). Un porcentaje que casi duplica el de la media de la eurozona (8,6%) y que es significativamente superior al de las familias alemanas (5,5%), francesas (7,6%) u holandesas (8,7%), por poner algunos ejemplos. Este importante gasto familiar en el sector hace que la hostelería española aporte un 6,2% al PIB del Estado, cifra que, de nuevo, supera la de países económicamente avanzados como China (1,8%), Alemania (2,7%), Inglaterra (2,8%), Estados Unidos (3,1%) o Francia (4%).
La influencia de la hostelería es evidente en la economía y el empleo, tanto de manera directa, como indirecta, al representar un importante canal de distribución del sector alimentario. Los datos del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) del año 2018 revelan que un tercio de los productos alimenticios que consumimos son distribuidos a través del canal HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterias), con especial incidencia en sectores como la cerveza (65% de la producción distribuida en el canal) o las bebidas espirituosas (60%). En estos dos meses de confinamiento hemos sido testigo de las señales de alarma lanzadas por bodegueros, ganaderos, cofradías de pesca y un sinfín de agricultores y productores de alimentos, que han visto como sus productos de gama media y alta, almacenados por el cierre de la hostelería, no están teniendo salida en el canal de distribución convencional o, si la tienen, está siendo gracias a una importante reducción de márgenes respecto a los que ofrece el canal HORECA.
Esta realidad a nivel estatal difiere poco de la que vivimos en nuestro territorio. La incidencia de la crisis en nuestra hostelería será, sin duda, muy importante y su efecto negativo sobre nuestra economía se hará sentir en términos de empleo, aportación al PIB, recaudación de impuestos y reducción del tejido empresarial de Gipuzkoa. La aproximación más fiable a la evaluación de dicho impacto viene de aplicar, sobre las magnitudes económicas de la hostelería en nuestro territorio, las predicciones del informe sobre los efectos de la crisis elaborado conjuntamente por las consultoras Bain y EY para Hostelería de España el pasado abril.
Dichas predicciones establecen tres escenarios, de los que el más negativo es el que mejor describe el proceso de desescalada que vivimos. Dicho escenario augura una bajada en la facturación en este ejercicio de entre el 40 y el 42% y una disminución del empleo, de aquí a la primavera de 2021, en torno al 25%; siempre y cuando no haya un retroceso en el citado proceso.
La hostelería en Gipuzkoa empleaba, a 31 de marzo, un total de 23.569 trabajadores, en sus cerca de 4.500 establecimientos, y sus previsiones de facturación para el ejercicio se acercaban a los 1.700 millones de euros. Aplicando los porcentajes de caída del informe citado, estimamos que la reducción de la actividad este año rondará los 700 millones de euros y que se perderán, antes de la primavera de 2021, cerca de 5.500 empleos. Sobre el cierre de locales, solo apuntar que durante la crisis del 2008-2012 desaparecieron el 7% de los negocios hosteleros del territorio. Dado que la crisis que hoy vivimos tiene un efecto mucho más directo sobre el sector, cabe esperar que sus consecuencias, en este ámbito, sean ahora más negativas que entonces.
Pasarán varios años para que el sector hostelero guipuzcoano recupere las cifras de actividad alcanzadas en 2019. El informe Bain + EY, establece que se producirá una importante recuperación de los niveles de demanda en los primeros meses de desconfinamiento. En este sentido, existe una clara demanda embalsada que encontrará su cauce de salida con el fin del estado de alarma, pero que, en ningún caso, alcanzará el 85/90 % de la actividad ordinaria del sector antes del verano de 2021. Esto será debido al efecto combinado de tres factores.
El primero, la pérdida de poder adquisitivo de las familias guipuzcoanas como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia. El segundo, el cambio en los hábitos de consumo hostelero por parte de la sociedad que, bien por miedo al contagio, bien por la incertidumbre económica que provoca la actual situación, o bien por imposición normativa, reducirá su presencia en nuestros establecimientos y provocará que estos trabajen por debajo de su capacidad instalada. Por último, y de especial importancia en un territorio donde el turismo representa el 7,6% de su PIB, por la drástica reducción de los flujos turísticos durante los próximos dos o tres ejercicios. Tres factores que, combinados, impedirán en los próximos cuatro o cinco años la recuperación de los niveles de actividad alcanzados por el sector en 2019.
Algunas de estas previsiones macroeconómicas no dejan de ser más que el sumatorio de las consecuencias socioeconómicas derivadas de las decisiones que, en estos momentos, están tomando cientos de pequeños empresarios hosteleros. Unas decisiones que, por regla general, se fundamentan tanto en las expectativas del mercado en el corto y medio plazo, como en el nivel de empatía y apoyo que perciban de las administraciones públicas encargadas de liderar la recuperación económica.
Hasta la fecha las ayudas públicas no han estado en consonancia con la gravedad del problema y el peso económico del sector. Estamos a tiempo de revertir la situación y frenar la sangría prevista de cierres y despidos si durante los próximos meses se asumen compromisos institucionales valientes, que posibiliten la dilución del impacto económico de la crisis en el conjunto de la cadena de valor del sector.
La definición de estos compromisos, que ha de implicar a las cuatro administraciones públicas,- española, vasca, foral y municipal -, debe alcanzar ámbitos como la ampliación de los ERTES por fuerza mayor hasta final de año; la toma de posición sobre el pago de arrendamientos; las ayudas directas al sector para atenuar sus pérdidas; la exención de tasas de carácter local y la financiación directa, con una apuesta por los microcréditos con garantía pública a interés 0, - tal y como ha hecho ya la Diputación Foral de Bizkaia -, como fórmula para aportar liquidez. A estas ayudas de carácter inmediato, se deberían unir en el medio plazo, - quizás pasado el verano -, las de fomento del consumo en el sector y las de flexibilización de normativas, a fin de acometer procesos de readecuación de nuestros establecimientos a la “nueva normalidad”.
Licenciado CCEE Deusto. Secretario General de Hostelería Gipuzkoa
