Lasa y Zabala, 30 años después

Diversas informaciones suministradas por algunos guardias civiles indican que esta operación fue coordinada por altos cargos de la Guardia Civil y algunos de estos continúan ocupando todavía hoy puestos de responsabilidad en localidades de la Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura.

Después de muchos esfuerzos, se logró que alguno de estos asesinos fueran juzgados y condenados, como en el caso de Enrique Rodríguez Galindo. Condenado a 75 años de reclusión, cumplió cuatro, y lo hizo en un confortable establecimiento militar rodeado y jaleado por los suyos. Hoy se encuentra tranquilamente disfrutando de la placidez de su hogar.

Todo esto ocurrió con un presidente del Gobierno español llamado Felipe Gonzalez y un partido como el PSOE. No ha habido mayor cantidad de episodios de guerra sucia que en este período que va desde la Transición hasta su salida del Gobierno español. No ha habido más impunidad que con estas personas en el poder. Soy consciente de que muchas veces la memoria es frágil, pero no me resisto a recordar que fueron ellos quienes posibilitaron el terrorismo de Estado, con la creación del GAL, y en concreto en la operación contra Lasa y Zabala, lo que se denomino el GAL verde. Quiero recordar también que quien ocupaba la responsabilidad de delegado del Gobierno en el País Vasco, era Ramón Jáuregui, uno de los que hoy exigen a otros suelos éticos. Paradojas de la vida.

Enrique Rodríguez Galindo ha cumplido en prisión, por una condena de asesinato, los mismos años que lleva, por ejemplo Arnaldo Otegi o Rafa Diez Usabiaga, por intentar alcanzar la paz en nuestro país.

Pero para poder explicar todo esto es necesario remitirnos a la historia reciente. Y lo primero req uiere analizar cómo se saldaron 40 años de dictadura. Se pasó página de manera muy rápida construyendo una democracia imperfecta. La Transición no fue, y se ha visto, tan modélica como se ha pintado. En esa transición se perdió la memoria de toda una serie de atrocidades cometidas durante la guerra y reproducidas luego por el franquismo y sus seguidores. Por tratar de mirar al futuro, se extendió un tupido velo sobre el pasado. Es cierto que las circunstancias condicionaron las decisiones, pero se creó escuela.

Los responsables de la dictadura no rindieron cuentas y, además, peones importantes de la misma continuaron ejerciendo sus funciones dentro del entramado de la estructura policial. Es cierto que afloraron algunos movimientos democráticos -ahí está la UMD-, pero fueron tan pequeños e insignificantes que resultaron sofocados por una maquina que había crecido y se había asentado en la dictadura. Una maquina a la que los derechos civiles y políticos de los ciudadanos se la traían al pairo. El "orden público" lo justificaba todo y, por tanto, hubo "manga ancha" para actuar.

No se depuraron responsabilidades. El mayor ejemplo de ello es que hoy tenga que ser la Justicia argentina la que pida la extradición de torturadores como Billy el Niño o el capitán Muñecas, sanguinarios personajes a los que la Justicia española y el Gobierno continúan protegiendo. Una justicia que se acostó fascista y se levantó "demócrata".

Los atentados de ETA, casi diarios en la década de los 80, abonaron la justificación para la vulneración de otros derechos humanos, justificación que también fue utilizada por parte de algunos medios de comunicación. La actuación policial en la persecución del terrorismo no ha tenido límites. Por ejemplo, la muerte, o el asesinato, de Joxe Arregi en dependencias policiales en Madrid se constituyó en prueba de esa ausencia de control. Muchos son los que han olvidado que sin límites el Estado de Derecho se difumina y la democracia desaparece.

Pero en aquellos momentos más duros de la intervención de ETA ni siquiera se abrió un debate, por otra parte recurrente en democracia, entre libertad y seguridad. No. Lo que surgió fue el GAL, como especie de mano negra vengadora que jamás podría haber existido sin el amparo de poderes del Estado. Poderes que actuaron en la sombra y convencidos de su impunidad. El GAL, el verde o el otro, y todo lo que entraña, es la peor lacra de la democracia. No todo vale para luchar contra quienes, de una forma u otra, conculcan derechos. Hay unas líneas rojas que los poderes públicos nunca debieron cruzar bajo ningún concepto, porque cuando eso ocurre, cuando se cruzan bajo el argumento de que se necesita garantizar la seguridad de la ciudadanía, las instituciones que se dicen democráticas pierden su credibilidad. La batalla entre la libertad y la seguridad o es ética y democrática o está perdida.

El poder político no siempre ha hecho lo suficiente -muchas veces incluso ha puesto serios obstáculos- para clarificar actuaciones inadmisibles en democracia. La no investigación del GAL hasta las últimas consecuencias es un ejemplo. Desde sectores del propio poder político se ha contribuido a fomentar la impunidad no solo de la política antiterrorista sino también de la corrupción económica, que ha proliferado porque quienes la practicaban creían estar suficientemente amparados. La impunidad, la convicción de que vulnerar derechos de la ciudadanía puede salir gratis, se ha convertido en la gangrena de una democracia.

¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con la tortura? Los casos de tortura no investigados, o no suficientemente investigados, es decir, prácticamente todos, se constituyen en boomerang. Siempre vuelven como baldón contra la democracia que los permite. ¿Cuántas veces la Justicia ha mirado para otro lado cuando detenidos han denunciado haber sido objeto de estas torturas? ¿Cuántas veces medios de comunicación han negado la existencia de estas torturas aduciendo que los detenidos seguían consignas de su organización? ¿Qué consignas siguió Joxe Arregi u personas que como El Nani, no pertenecían a organización alguna?

Resulta lamentable que algunos jueces no se hayan tomado en serio la investigación de la tortura o de cualquier práctica que atente contra los derechos humanos. No lo digo yo. El Tribunal Constitucional lo acaba de reconocer cuando, en una reciente sentencia sobre el caso de Mikel Beunaza, detenido en 2008, afirma que los tribunales no investigaron hasta "donde era exigible".

Pienso que los demócratas reclaman el compromiso del Poder Judicial en la defensa de los derechos de la ciudadanía. Los derechos humanos, civiles y políticos.

Por ello, es imprescindible destacar la urgente necesidad de contar con un poder judicial realmente independiente y que tenga la imparcialidad como enseña. ¿Dónde queda esa imparcialidad del poder judicial, cuando se niega la libertad de Otegi o Rafa Díez y se la conceden a Rodríguez Galindo? ¿Dónde está la imparcialidad cuando existen presos con graves enfermedades mientras otros con salud de hierro son trasladados a su domicilio debido a su edad avanzada? No critico que haya presos que por su edad ó situación médica recobren su libertad, me opongo a que sean solo algunos de ellos.

Importante es, en este sentido, el reciente informe del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muizniekks, en el que censura la actitud de poderes públicos, policiales y judiciales no ya por no hacer lo suficiente sino por ni siquiera escuchar y atender las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales en el combate contra la tortura. El alto comisionado mantiene que los indultos a funcionarios condenados por torturas se han convertido en el último eslabón de la cadena de impunidad.

Pero incluso para quienes sostienen que la tortura no es práctica sistemática, es preciso decir que la existencia de un solo caso justifica una denodada lucha para evitar que quede impune. No podemos desertar de ese combate democrático. Los que siempre hemos rechazado la violencia como herramienta para el logro de objetivos políticos, los que creemos que no se puede justificar la muerte de ningún semejante para reclamar un objetivo político, religioso o social; deberíamos exigir siempre y en toda circunstancia la clarificación de todos los episodios de guerra sucia, en definitiva, de vulneración de los derechos humanos.

Se trata de que las futuras generaciones tengan claro que en este País nuestro ha existido un compromiso de lucha contra la impunidad. Por eso hoy, 30 años después del asesinato de Lasa y Zabala, debemos reclamar una posición firme y rotunda contraria a la tesis que defiende que la libertad debe supeditarse la seguridad. Aquí o en cualquier otro lugar del mundo.