Dada la situación de la importante falta de trabajadores que existe en Euskadi por el envejecimiento de las personas y la baja tasa de natalidad y que afecta, en mayor o menor medida, a la generalidad del tejido empresarial vasco, hay que calificar de manera positiva el acuerdo alcanzado entre los gobiernos español y vasco para el traspaso de la transferencia de la autorización de los permisos de trabajo para los inmigrantes, por cuanto va agilizar de manera significativa los trámites necesarios para la incorporación de trabajadores extranjeros en las empresas vascas.
Aunque falta por saber en qué se va a concretar esta nueva competencia que tendrá el Gobierno Vasco, a la espera de conocer los detalles de la misma en la reunión que se celebrará la próxima semana entre representantes de los dos gobiernos, sin embargo, si se sabe que, de partida, afectará a cerca de 5.000 personas que, en este momento, están recibiendo formación en Lanbide o que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que, hasta ahora, estaban condenadas a trabajar en la economía sumergida por carecer de un permiso de trabajo.
Esta nueva competencia que comenzará a aplicarse el próximo año 2025 va a significar que el Gobierno Vasco podrá responder de manera más ágil a la demanda de las empresas para ocupar los puestos de trabajo que tienen vacantes, al tiempo que le servirá para controlar las contrataciones en los países de origen y contará con la información suficiente sobre aquellas ocupaciones que tienen difícil cobertura, con el fin de actuar en consecuencia.
Con la nueva competencia en manos del Gobierno Vasco, un trabajador inmigrante que responda al perfil de capacitación requerido por una empresa podrá disponer de un contrato de trabajo en un periodo de mes y medio, cuando ahora hacen falta, aproximadamente, más de tres meses. Esta importante reducción de tiempo es muy importante en aquellos sectores tensionados que necesitan de manera urgente mano de obra como hostelería, construcción transporte, industria y servicios sanitarios, etc. Se estima que en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) hay alrededor de 20.000 extranjeros en situación no regularizada que, con la nueva competencia, podrían incorporarse de manera rápida al mercado de trabajo.
A pesar de que poder contar con un permiso de trabajo es un elemento importante para facilitar el arraigo de los inmigrantes en nuestro país, sin embargo, la concesión del permiso de residencia, cuya obtención cuesta entre tres y seis meses, sigue en manos del Gobierno español. La necesidad de acelerar los trámites para la concesión de este permiso choca con la falta de personal en las dependencias de Extranjería de Gipuzkoa, que tienen su origen a que a los funcionarios estatales no les compensa ocupar una plaza ya que el salario que perciben del Gobierno español no se corresponde con el nivel de vida que existe en el territorio.
Siendo una buena noticia la asunción de esta nueva competencia, dada la urgente necesidad que existe en nuestras empresas de incorporar a sus plantillas nuevos trabajadores que ocupen los puestos de trabajo vacantes en todos los niveles de cualificación, sin embargo, este nuevo paso competencial de nuestro autogobierno va a suponer un reto importante a la hora de sentar las bases para llevar a cabo una eficiente política de inmigración y su proyección en el corto y medio plazo desde una perspectiva social y laboral
En este sentido, la realidad es muy elocuente. Solo una de las doce personas extranjeras que viven en la actualidad en Euskadi vino de su país de origen con un contrato laboral, según datos del Gobierno Vasco. El 57% de los extranjeros que residen en Euskadi llegó a nuestro país como turista, el 18,3% por motivos de reagrupamiento familiar y el 9% de manera ilegal. En lo que respecta a Gipuzkoa, el número de extranjeros que residen en el territorio registra cifras de récord en cada ejercicio y ya representan el 13,3% de la población total y el 18,5% de los nuevos contratos de trabajo, lo que significa que uno de cada cinco empleos que se han firmado corresponde a un foráneo, según los últimos datos dados a conocer por el Eustat. En diez años. el número de cotizantes a la Seguridad Social extranjeros en Gipuzkoa se ha duplicado hasta alcanzar el pasado mes de septiembre, según los últimos datos conocidos, la cifra de 29.560.
Nos encontramos en la antesala de un fenómeno que va a generar un gran impacto social y económico en Euskadi y que algunos lo equiparan con la llegada de aquellos emigrantes extremeños y castellanos que, en los años 50 y 60 del pasado siglo, se trasladaron a este país para incorporarse en las plantillas de las empresas vascas que en aquel tiempo demandaban un gran número de trabajadores. Ahora, la emigración ya no es interna, es decir, dentro del Estado, sino que procede de distintos países de Sudamérica, del Magreb o de la zona subsahariana de África.
Y para eso es necesario la conjunción de todos los actores e instituciones que tienen competencia en todos aquellos aspectos relacionados con el objetivo de poder neutralizar un supuesto efecto llamada que dé lugar a la formación de ghettos, como ha ocurrido en Catalunya, originando los consiguientes problemas de inseguridad en poblaciones muy concretas de Barcelona.
De la misma manera, la escasez y el alto precio de las viviendas existentes en Euskadi y, consecuentemente, las dificultades para encontrar alojamiento, puede suponer un hándicap importante para frenar la llegada de inmigrantes. De hecho, en el sector de hostelería están teniendo problemas para contratar a emigrantes por temporadas largas porque no les compensa venir, en este caso, a Donostia, debido a que el coste del alojamiento les supone un tercio del salario que perciben.
Asimismo, se están dando casos de empresas que no solo pagan el viaje, sino la fianza y los dos primeros meses del alquiler de la vivienda del emigrante contratado en su país de origen y, de esta forma, paliar un factor que puede condicionar de manera importante su fichaje, sobre todo en perfiles profesionales concretos y que son difíciles de encontrar.
Esta situación va a provocar que desde las propias empresas se impulse la necesidad de promover suelo de uso residencial en los municipios donde se ubican, con el fin de disponer de las viviendas necesarias para los trabajadores extranjeros empleados en sus plantas productivas. Se podría repetir la imagen conocida de muchas localidades fabriles vascas que cuentan con auténticos barrios de edificios de viviendas construidos por las propias empresas y que era práctica habitual en los años 50 y 60 del pasado siglo. De hecho, en Beasain, el edificio de una antigua fábrica va a ser rehabilitado para la construcción de 35 apartamentos con el objetivo de atraer y retener a profesionales que se incorporen en las empresas de la comarca del Goierri.
Formación
De la misma forma, los procesos de formación también requerirán de una atención especial teniendo en cuenta que su coste puede ascender a unos 5.000 euros por individuo, por lo que la modalidad dual se antoja como un modelo interesante de aplicación, ya que el trabajador percibe un salario por su trabajo, mientras estudia, al tiempo que es preciso habilitar medidas para que los emigrantes puedan disponer de los recursos financieros necesarios mediante la concesión de líneas de crédito durante el tiempo que dure su formación.
Según los expertos, si Euskadi quiere mantener su pujanza económica en el futuro necesita 400.000 nuevos empleos en las tres próximas décadas, de los que un número muy importante corresponderá a trabajadores extranjeros. Con este panorama, es necesario actuar con prospectiva y diligencia para que Euskadi no pierda competitividad y desarrollo económico.