Más vale tarde que nunca. El anuncio de la patronal vizcaina Cebek de poner en marcha el próximo mes de septiembre la EPSV de empleo Etorkizuna para que se queden en Euskadi las aportaciones que las empresas y los trabajadores del sector de la construcción del territorio iban a destinar al fondo público de pensiones promovido por el Gobierno español, en virtud del convenio estatal firmado entre la patronal CNC y los sindicatos CCOO y UGT, pone de relieve hasta qué punto decisiones estratégicas importantes para el país permanecen en stand by, bien por desidia o voluntad propia, hasta que se reactivan de manera forzada por factores externos no controlados.
Con la creación de la EPSV de empleo Etorkizuna, que forma parte del convenio firmado el año pasado por la patronal de la construcción Ascobi, integrada en Cebek, y el sindicato CCOO, que es mayoritario en el sector, y que afecta a 16.000 trabajadores, las aportaciones que tanto las empresas como los empleados vizcaínos realicen al fondo de pensiones con cargo al ejercicio de 2023 y el actual serán gestionadas por una entidad financiera vasca y no por gestoras o aseguradoras estatales. En concreto, el fondo de Etorkizuna será gestionado por Kutxabank, según la decisión adoptada por los promotores de la EPSV de empleo, que tiene pendiente cerrar la constitución de los órganos de gobierno que deberán ser paritarios entre empresas y sindicatos.
El objetivo de Cebek es extender la EPSV Etorkizuna a un total de 140.000 trabajadores, extendiendo este sistema complementario de pensiones a otros sectores de todo el territorio, como ocurre en el caso e Gipuzkoa, con la EPSV de empleo Geroa que integra a 122.521 socios, lo que significa el 47% del total de los trabajadores del territorio, pertenecientes a 8.986 empresas de 20 sectores diferentes. En Etorkizuna también podrían integrarse los trabajadores de Araba, ya que en los convenios colectivos firmados en este territorio se ha dejado abierta la puesta en marcha para elegir cómo organizar el plan de pensiones, bien acogiéndose al estatal, creando uno nuevo o adhiriéndose al vizcaino.
Aunque la puesta en marcha de un plan complementario de las pensiones públicas para los trabajadores sea siempre una buena noticia –un sistema que lleva mucho tiempo establecido en muchos países europeos–, causa perplejidad ver este interés desmedido de Cebek por poner en marcha una EPSV de empleo en Bizkaia a todo correr, cuando durante 28 años ha tenido en Gipuzkoa el ejemplo de la EPSV de empleo Geroa, sin que durante ese tiempo haya mostrado el más mínimo interés en replicar ese modelo de éxito. Máxime cuando los estatutos de Geroa permiten su implantación en el conjunto de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).
Han tenido que venir de Madrid para que tanto a Cebek como a la patronal alavesa SEA les haya entrado una urgencia inusitada para montar su propia EPSV de empleo ante el temor de que las aportaciones que la empresas vizcainas y alavesas y los trabajadores de esos territorios iban a realizar al fondo de pensiones estatal pudieran ser gestionadas por entidades financieras y aseguradoras con intereses fuera de Euskadi y sin ningún tipo de control propio.
Lo paradójico de la situación es que el fondo público de pensiones estatal que, curiosamente, lleva siete meses paralizado por problemas técnicos en el funcionamiento de la comisión de control, está inspirado en el modelo de Geroa, que es el que se basó el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para poner en marcha esta EPSV estatal antes de la celebración de las elecciones al Parlamento español, celebradas hace un año.
Cebek, como patronal que ha tomado la decisión de poner en marcha la EPSV de empleo Etorkizuna, y SEA deberían explicar cuáles han sido las razones por las que en los últimos 28 años han mirado para otro lado y no han mostrado el más mínimo interés en lo que se refiere a la aplicación de instrumentos complementarios a las pensiones públicas para los trabajadores, máxime cuando conocían por proximidad experiencias muy positivas y de arraigo en el tejido empresarial en este terreno en Gipuzkoa.
Cabe suponer que esta actitud ha sido derivada de la posición refractaria que desde el empresariado vasco ha existido en los últimos años en torno a la previsión social, al ser entendida como un coste laboral más, y no como la contribución que las empresas, como agentes sociales que son, deben realizar en favor de garantizar el mantenimiento del estado de bienestar y, en este caso, favorecer la cohesión social de los trabajadores vascos en el momento de su jubilación.
Por no hablar de que ese ahorro generado que se aporta al fondo de pensiones pueda dedicarse a la inversión para el desarrollo y fomento de nuestro tejido productivo. De los 28.000 millones de euros en que se calcula el patrimonio de las EPSV vascas, tanto las de empleo como las individuales, es decir, aquellas promovidas por entidades financieras, un total de 2.000 millones están invertidos en Euskadi. En el programa del Gobierno Vasco, los fondos de las EPSV vascas aparecen como fuente de recursos para favorecer el crecimiento y el arraigo de nuestras empresas, aunque en este sentido, hay que ser muy cautelosos hacia dónde va la inversión porque el objetivo no es la obtención de unas plusvalías al uso, sino utilizar la capitalización para garantizar e incrementar las pensiones de los jubilados.
También la responsabilidad de la parálisis que, durante estas casi tres décadas de la constitución de Geroa, ha tenido el desarrollo de EPSV de empleo en Euskadi, hay que repartir entre los sindicatos, que, si bien fueron unos grandes innovadores al ser pioneros en poner en marcha la primera entidad de este tipo en el Estado, con el paso del tiempo y debido a razones ideológicas han tenido cierta actitud reaccionaria y nada entusiasta. La situación de contradicción interna ideológica vivida en algún sindicato llegó hasta el punto de abandonar los órganos de dirección de la EPSV de empleo Geroa.
El planteamiento ideológico de que apoyando un instrumento complementario se pone en cuestión el sistema público de pensiones, tal y como plantean algunos sindicatos, es de una banalidad asombrosa, sobre todo cuando se reconoce las deficiencias en la sostenibilidad que pueden existir en el futuro con una población con mayor esperanza de vida y un colectivo de cotizantes a la Seguridad Social menor para soportar ese mayor gasto, teniendo en cuenta los niveles salariales actuales. Algunos sindicatos ya empiezan a aceptar la necesidad de impulsar un sistema complementario, que nada tiene que ver que ver con el actual, al incidir en su carácter público y universal, y que “no esté sujeto a criterios de capitalización y especulación de los propios recursos financieros”. Algo que parece una entelequia en las actuales circunstancias.
Sea como fuera y ante una realidad que se muestra tozuda, lo cierto es que en la CAV existen un total de 47.755 jubilados que complementan su pensión con una renta mensual de 653 euros de media, según datos del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco referidos al primer trimestre de este año, que en el caso de las provenientes de las EPSV de empleo, se sitúan en torno a los 250 euros.
En este sentido, la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, la más importante del listado pendiente de ejecutar por parte del Gobierno español y que parece puede tener ciertas dificultades en su traspaso, se presenta como un elemento muy importante a la hora de complementar las pensiones públicas en Euskadi, a través de las EPSV de empleo, con el fin de dar cobertura al mayor número de trabajadores vascos. Todo ello, con un favorable trato fiscal, tanto para las empresas, como reivindica Cebek, que en su reunión con el consejero de Hacienda Nöel D’Anjou, solicitó que las aportaciones de las empresas a la EPSV tengan una deducción del 100% en el impuesto de Sociedades, como para los trabajadores, con la consiguiente reducción en el IRPF. Será la mejor muestra para comprobar que desde las instituciones vascas se está a favor del impulso de las EPSV de empleo.
