Las encuestas aventuran que en la segunda vuelta de las elecciones francesas que se celebran este domingo, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), no va a conseguir la mayoría absoluta, tal y como se presagiaba hace una semana con los resultados de la primera vuelta. Parece que el cordón sanitario que han establecido el Frente Popular y el partido del presidente Macron, al retirar a dos tercios de sus candidatos para evitar la dispersión del voto y concentrar las papeletas en una sola candidatura va a detener el avance de la extrema derecha.

A pesar de ello, la división política que existe en Francia entre la extrema derecha de Le Pen y la izquierda del Frente Popular y la incógnita sobre el color del gobierno que cohabite con el presidente Macron abre una situación de gran incertidumbre.

Sea como fuere este incierto escenario puede ser más positivo que la certeza de contar con un gobierno de extrema derecha que, por su componente ideológico ultranacionalista, podría complicar aún más los importantes contenciosos que tenemos con los franceses en términos de conexión ferroviaria y energética. Si con el actual presidente francés, Emmanuel Macron, las cosas no han ido bien, con el ultraderechista Jordan Bardella, de primer ministro, la situación sería harto compleja.

La grandeur francesa, ­-que, afortunadamente, cada vez queda menos-, y un chovinismo mal entendido hacen que los franceses sigan considerando que los Pirineos es la frontera natural donde termina Europa, obviando que por debajo de esta cordillera está la Península Ibérica con todo lo que ello significa de aislamiento de dos Estados como el español y el portugués, miembros de pleno derecho de la UE.

La conexión natural de la Península Ibérica con Europa es a través de Francia, con lo que cualquier dificultad y palos en las ruedas que pongan los franceses a cualquier pretensión de sus vecinos del sur en ese sentido, tienen unas graves consecuencias políticas, económicas y sociales en sus territorios.

Uno de esos contenciosos que tenemos con Francia y que a los vascos nos afecta de manera determinante es la falta de conexión ferroviaria de alta velocidad y que está estancada hasta el año 2042, por la sencilla razón de que al Gobierno galo no tiene prisa por ejecutar esta infraestructura desde Burdeos y Dax y no ha puesto fecha para su ampliación hasta Irun, a pesar de que tiene el mandato de la UE, que considera el Eje Atlántico como prioritario y estratégico.

La terquedad de Francia en obstruir la conexión ferroviaria por Irun va a suponer un bloqueo de al menos 12 años de la Y Vasca en su enlace con Europa, parte del planteamiento estratégico de considerar que la conexión ferroviaria con la Península Ibérica no es prioritaria para sus intereses y prefiere seguir siendo un fondo de saco de una red ferroviaria que se expande por el norte, este y oeste de Europa.

Otro de los litigios con Francia está centrado en las conexiones eléctricas, donde el país galo se muestra reticente ante el temor de que la Península Ibérica se convierta en una potencia en la generación de energías renovables en clara competencia con la nuclear que es la gran apuesta energética de nuestros vecinos. En este caso, Francia también está haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la UE de la necesidad de que entre los países miembros haya una interconexión eléctrica de al menos el 15% de su capacidad instalada. La conexión del cable submarino a través del Golfo de Bizkaia va a suponer pasar de un 3% actual a un 5% en el caso del Estado.

En este contexto, a pesar de la incertidumbre política que vive Francia -o quizás aprovechando esa circunstancia-, es necesario y urgente volver a recuperar el foro del Arco Atlántico, en el que participan varias regiones ribereñas y que, tras su impulso hace un año, por parte del exlehendakari Iñigo Urkullu, se encuentra, desde entonces, en una situación de impasse, al menos de manera pública.

Bien es cierto, hay que reconocerlo, que durante este tiempo se han celebrado cuatro consultas electorales que han estado vinculadas con los agentes concernidos en la solución a los problemas que plantean las regiones atlánticas. Primero, fueron las elecciones al Parlamento español que se celebraron hace casi un año, para siete meses después, tener lugar los comicios gallegos, que tuvieron continuidad con las vascas en mayo, para terminar el pasado mes de junio, con las europeas.

Una vez constituidos los respectivos gobiernos y puesta la maquinaria a punto, bueno será que el lehendakari Imanol Pradales retome la posición de Euskadi para liderar la Comisión del Arco Atlántico, no solo para poner en común las preocupaciones que las regiones ribereñas tienen con las interconexiones ferroviarias, el corredor del hidrógeno, la respuesta al cambio climático, entre otros asuntos de interés mutuo, sino para instaurar también la Macrorregión Atlántica como un órgano institucional que tenga peso e influencia en el marco de la Unión Europea.

A pesar de la ingente tarea que tiene por delante el Gobierno Pradales para tratar de dar respuesta a la situación de Osakidetza, la vivienda, la educación, etc., el liderazgo vasco del Arco Atlántico se convierte en un elemento estratégico de suma importancia, si queremos que Euskadi siga teniendo el peso económico que le corresponde en un contexto en el que se está produciendo un desplazamiento del eje de influencia europeo hacia el este y, en concreto, el Mediterráneo.

En el programa del gobierno suscrito entre el PNV y el PSOE se recoge de manera clara esta preocupación al señalar de manera taxativa la necesidad de “dar impulso definitivo e institucionalizar la Macrorregión Atlántica como órgano de defensa de los intereses de Euskadi y de los territorios atlánticos en Europa”. Asimismo, en el acuerdo se plantea también reforzar la participación activa de Euskadi en la Comisión del Arco Atlántico.

La constitución de la nueva Comisión Europea, como consecuencia de la correlación de fuerzas que han proporcionado las recientes elecciones al Parlamento Europeo, y la ventaja de tener en el Consejo Europeo, al portugués Antonio Costa, puede ser una ventana de oportunidad para la constitución de un foro en el que participen todas las regiones atlánticas, con el fin de ejercer de lobby en Bruselas en la defensa de sus intereses.

De momento, parece que Galicia, Asturias y Cantabria estarían interesadas en dar carta de naturaleza a esta Macrorregión Atlántica, a juzgar por la presencia de sus respectivos presidentes en la reunión que, en marzo del año pasado, convocó el exlehendakari Urkullu en Ajuria Enea. De aquel encuentro solo continúan en el cargo los presidentes de Galicia y Asturias. También la región de Gales en el Reino Unido está en esta línea, Por no hablar del departamento galo de Nueva Aquitania y Navarra y con los que Euskadi tiene ya constituida la eurorregión.

De la misma forma, sorprende la parálisis de los actores socioeconómicos como las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico que, desde la cumbre celebrada en Bilbao hace un año, en el que participaron un total de 17 entidades, no han vuelto a celebrar ninguna reunión de este tipo. Es necesario impulsar cuanto antes la Comisión del Arco Atlántico y sentar las bases de la Macrorregión Atlántica ante el evidente riesgo de pérdida de capacidad de influencia en Europa y romper con la inercia francesa de creer que Europa termina en los Pirineos. l