Forma parte del paisaje, al que parece que nos hemos acostumbrado ya, poner sordina a todo lo que llega desde el centralismo madrileño. Cada vez que Euskadi consigue dar pasos adelante a la hora de dar respuesta a los problemas y las necesidades que tienen los vascos surgen desde el jacobinismo madrileño, ya sea de derechas o de izquierdas, –en esta cuestión las ideologías se unifican–, voces airadas que ponen en cuestión la transferencia de determinadas competencias o llegar acuerdos con el Gobierno central bajo el pretexto de romper la unidad sacrosanta del Estado, ya sea en términos políticos o económicos. Sorprende aún más, cuando desde ese mismo Estado se reconoce su carácter plurinacional recogido en el marco jurídico aprobado y refrendado por sus ciudadanos.
En esta ocasión ha ocurrido con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, incluida en el decreto-ley de Subsidios por Desempleo, aprobado en el último Consejo de Ministros, por el que se garantiza la prevalencia de los convenios laborales autonómicos y provinciales frente a los de carácter estatal, siempre y cuando, recojan unas condiciones que sean más beneficiosas para los trabajadores, en relación a salarios, horarios y distribución de jornada.
Esta decisión del Gobierno Sánchez forma parte de un acuerdo suscrito por el PNV con el presidente del Ejecutivo español por el que los jeltzales apoyaban la investidura del líder del PSOE, tras las elecciones del pasado mes de julio. Es el segundo intento de ofrecer garantía jurídica de una figura de la negociación colectiva a una realidad socioeconómica vasca que nada tiene que ver con la española, por mucho que haya organizaciones sindicales que tengan presencia en los dos ámbitos.
A finales del pasado año, la prevalencia de los convenios laborales autonómicos y provinciales sobre los estatales estuvo vigente durante algunos días, al estar incluido en otro decreto-ley de Subsidios por Desempleo, que decayó el pasado día 10 de enero, en el Congreso de los Diputados, al no contar con el apoyo de Podemos, –que visibilizaba su enfrentamiento con la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz–, PP, Vox y UPN.
La persistencia firme del PNV en este asunto que viene desde el año 2021, cuando votó en contra de la Reforma Laboral por no incluir en su articulado la prevalencia de los convenios provinciales y estatales, a pesar del acuerdo alcanzado con Sánchez y al incumplimiento de la ministra de Trabajo que cedió a las presiones de la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT que se opusieron a su aprobación, ha hecho que, a día de hoy, sea una realidad.
Era un asunto pendiente que había que resolverlo cuanto antes, debido a la situación de incertidumbre en la que se encuentra la política estatal, a causa de la debilidad de los apoyos parlamentarios que tiene el Gobierno Sánchez con algunas fuerzas políticas y a la parálisis legislativa derivada de la concatenación de citas electorales.
Como era de esperar, la patronal española CEOE y los sindicatos CCOO y UGT han salido en tromba en contra de la decisión, al señalar que se rompe el diálogo social y el modelo de negociación colectiva, evidentemente desde un punto de vista jacobino, que ignora unas realidades como la vasca, en donde la representación de los trabajadores es muy singular al pivotar mayoritariamente sobre las centrales abertzales ELA y LAB, muy por encima de las organizaciones sindicales de obediencia estatal.
Singularmente llama la atención la opinión de la CEOE –que no tiene ningún perjuicio en fotografiarse con dirigentes de la ultraderecha en una instantánea en la que se obvió de manera clara la igualdad de género–, al señalar que la prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos, aparte de ser considerado como “un anacronismo”, atenta contra la unidad de mercado y va “en dirección contraria a los esfuerzos que en Europa se están desarrollando para reforzarla como elemento fundamental de la futura competitividad de la Unión Europea y de España”. Algunos sectores económicos conservadores han ido más allá, al señalar que “esta prebenda para los nacionalistas vascos” tendrá “graves implicaciones en la igualdad entre los españoles”.
A la CEOE y a CCOO y UGT se les olvida que fueron sus homónimos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), es decir, Confebask y las filiales de las dos centrales sindicales, los que, junto con ELA y LAB, firmaron en el año 2017 un acuerdo interprofesional que, en virtud de la autonomía de las partes, recogía, precisamente, la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos vascos frente a los estatales. Una situación en la que tanto CCOO y UGT se encuentran muy incómodos, ya que significa reconocer una realidad sindical vasca que es única y nada tiene que ver con la del Estado.
Partiendo de este escenario singular, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación del Estatuto de los Trabajadores recogiendo la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales fija un marco de garantías jurídicas para evitar situaciones de conflicto cuando los sindicatos de obediencia estatal como CCOO y UGT podían impugnar convenios firmados por la mayoría sindical vasca de ELA y LAB, como podía suceder con anterioridad, sino se hubiera producido ese cambio.
La importancia del acuerdo es fundamental en términos de competitividad de las empresas vascas y de la igualdad de las personas, a pesar de lo que las ocurrencias que pueda expresar la CEOE, ya que el contenido de un convenio estatal puede ser muy satisfactorio para las condiciones de salario y laborales de los trabajadores en el conjunto del Estado, pero, sin embargo, su aplicación en Euskadi puede ser regresivo y perjudicial para los empleados vascos porque el nivel de vida y la situación económica en los dos ámbitos son muy diferentes en términos generales.
Establecer con garantías el marco de la negociación colectiva autonómica o provincial significa reforzar las condiciones de los trabajadores propiciando una mayor calidad en el empleo más cercanas a los costes y gastos existentes en el lugar donde viven. Parece que todo el mundo estará de acuerdo en que, con el mismo nivel salarial establecido en un convenio sectorial estatal, un trabajador puede vivir holgadamente en Badajoz, por ejemplo, y, sin embargo, malvivir en Euskadi.
El ejemplo del convenio estatal de los comedores colectivos es claro, tanto la patronal española como CCOO y UGT trataron de reducir en un 50% los salarios de las trabajadoras vascas, ya que es un sector muy feminizado, y aumentar la jornada laboral en 70 horas. Esta realidad cambiará con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, al negociarse este convenio a nivel de la CAV, al igual que ocurrirá con el de Químicas o Textil y Calzado, donde tienen importante presencia las grandes multinacionales del sector como Inditex, Mango, H&M, etc. y que cuentan con numerosos centros de trabajo repartidos por todo el Estado.
Es el café para todos a la baja que siempre se defiende desde posiciones centralistas, sin darse cuenta de que esa pretendida homogeneización de las condiciones laborales en el Estado no es, precisamente, el mejor modo de fomentar la igualdad. Negarse, como lo hacen la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, a que las condiciones laborales de los trabajadores mejoren en aquellos lugares donde la actividad económica y la solidez del tejido empresarial lo permiten, no contribuye a aumentar la competitividad de nuestras compañías que deben de responder a las demandas del entorno laboral donde se ubican. Máxime en una situación de incertidumbre como la actual, donde la lucha por el talento, ante las dificultades de encontrar perfiles cualificados, y el esfuerzo en la permanente inversión en I+D se han convertido en factores determinantes de futuro.
