Cuatro años por delante

Lo que sí es cierto es que la campaña vasca ha sido un ejemplo de maduración, respeto y normalidad democrática, que nada tiene que ver con la práctica política barriobajera e insultante que se ha instalado en el Estado español y la situación de tensión e incertidumbre que existe en Catalunya. Aquel “seny” catalán que hace algunos años, tanto añorábamos los vascos, viendo lo que sucedía en Catalunya en términos de normalidad social y progreso, se ha trasladado a Euskadi que, nuevamente, se ha convertido en un ejemplo de lo que hay que hacer.

Al margen de la situación de Osakidetza, las dificultades para acceder a una vivienda ha sido uno de los grandes asuntos que han vertebrado la campaña electoral porque, sin tener en cuenta el derecho subjetivo que tienen los ciudadanos y que está recogido en la Ley Vasca de Vivienda de 2015, al señalar que es una “necesidad vital” que “permite al ser humano llevar una vida digna”, es un asunto poliédrico que tiene múltiples efectos negativos, hasta el punto de poder convertirse en un cuello de botella para el crecimiento económico.

La escasez de oferta de vivienda no solo genera malestar social, sobre todo entre los jóvenes que no pueden emanciparse o en las familias que se enfrentan a una inflación continuada en el alquiler, sino que se va a convertir en un lastre para la movilidad laboral, que va a afectar a la atracción de talento del que tanto necesitamos en Euskadi, y hará perder fuelle a la competitividad, al no mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos por el coste habitacional.

De hecho, Barcelona, que reúne unas características similares a las de Donostia, en lo que se refiere a calidad de vida, ocio y seguridad, está temiendo ya problemas para contratar a jóvenes talentos extranjeros porque están demandando niveles salariales más altos para poder compensar el elevado coste de los alquileres. Esta circunstancia está provocando que muchos profesionales decidan trasladarse a otras ciudades como Valencia, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife o Málaga, donde se están estableciendo grandes compañías tecnológicas.

Aunque la solución a este problema no es fácil, debido, como es el caso de Donostia, a la falta de suelo destinado a la construcción residencial, si es necesaria la adopción de medidas como la reconversión de espacios comerciales o del sector terciario en habitacionales, la limitación a la proliferación de los pisos turísticos, -que en el caso de la capital donostiarra crecieron un 10,9% el año pasado, hasta alcanzar las 5.146 plazas-, o la mejora de las comunicaciones entre las poblaciones más cercanas a las capitales.

El arraigo de las empresas en el país debe de ser también, una de las principales preocupaciones del nuevo Ejecutivo ahora que los tipos de interés parece que van a bajar y, con ello, puede terminar la hibernación de los fondos de capital riesgo que han estado en modo standby por la subida del precio del dinero provocada por las decisiones del Banco Central Europeo para reducir la inflación. Y esa preocupación se ha dejado sentir en esta campaña electoral cuando se han visto propuestas relacionadas con la necesidad de articular mecanismos de financiación propios que sean capaces de evitar aquella imagen de un país que estaba en venta hace varios años.

Como consecuencia de ello, empresas tractoras de este país pasaron a manos extranjeras, en algunos casos trasladando su centro de decisión fuera de Euskadi, como el caso de Gamesa, que presenta serias dudas de viabilidad de la mano de su comprador Siemens, o aquellas compañías como ITP Aero e Ibermática, que tratan de equilibrar los planes de sus nuevos propietarios y conservar las sedes sociales de origen.

Por no hablar de Euskaltel, la compañía de telecomunicaciones que se creó gracias a un pacto político con Aznar para que Euskadi contase con su propia empresa telefónica y que ahora ha quedado diluida en una mera marca comercial en el conglomerado de Masorange.

Algunos han propuesto crear un fondo país, como ocurre en Noruega o en algunos Emiratos árabes, más como una idea ocurrente plasmada en un programa que lo aguanta todo, que, como una realidad posible, teniendo en cuenta los grandes recursos que manejan los instrumentos de inversión del país nórdico y los del Golfo Pérsico.

Otros proponen dotar de más recursos a Finkatuz, el fondo del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) que nació como una herramienta para entrar en el capital de las grandes empresas del país y garantizar su arraigo en el territorio. Al término de la legislatura solo ha invertido 104 millones de euros, lo que supone un tercio de los 300 millones que dispone de presupuesto, en tres empresas como ITP Aero, donde cuenta con una participación del 6%, CAF con un 3% y Kaiku con un 7,31%.

El nuevo Ejecutivo no solo tiene que impulsar Finkatuz, o los fondos de capital riesgo públicos, sino buscar fórmulas para poder disponer de alguna parte de los 28.000 millones de euros de patrimonio que tienen las EPSV vascas y dinamizar, junto con la iniciativa privada, el cluster financiero BasqueFIK. Por cierto, sigue sin percibirse un interés institucional para el desarrollo y crecimiento de las EPSV de empleo en Euskadi, modelo Geroa, a pesar de la competencia estatal.

El Concierto Económico, también ofrece posibilidades para atraer inversiones foráneas a Euskadi, y, sin embargo, es un instrumento que no solo no se está utilizando, sino ni siquiera desde las instituciones se está haciendo pedagogía sobre sus virtualidades, ahora que los catalanes están demandando su propio modelo de financiación similar al vasco.

No he visto a ningún responsable político poner en valor públicamente los 2.564,2 millones de euros que vía Cupo aportaron, en conjunto, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra al Estado en el año 2023, lo que supone un aumento del 23% más que el año anterior. La contribución de la CAV fue de 1.740,6 millones de euros y la de Navarra 823,6 millones. Una buena forma para enmendar la plana a aquellos que desde el Estado y desde todas las ópticas políticas y profesionales siguen proclamando que el Cupo es un privilegio y los vascos somos insolidarios.

De la misma forma, los agoreros que afirmaban que se rompía la caja única de la Seguridad Social, por la transferencia de la competencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la CAV y Navarra han tenido su varapalo con el reciente fallo del Tribunal Constitucional que, por unanimidad, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados del PP.

Esta es la segunda vez en dos meses, que el Tribunal Constitucional rechaza un recurso de inconstitucionalidad de esa decisión que, en aquella ocasión, fue presentada por el grupo parlamentario de Vox.

El nuevo Gobierno Vasco no tendrá que preocuparse demasiado, afortunadamente, por la situación del empleo, que ha desaparecido de la agenda política, a pesar de haber condicionado en el pasado otras campañas electorales, por el descenso continuado de la tasa de paro en Euskadi que alcanza el 6,3%, prácticamente paro técnico, siendo el menor índice de todo el Estado. Un problema menos, aunque, no por ello, haya que seguir estando muy vigilantes.