Lo que tenía que pasar ha pasado y eso que estaban avisados de antemano de lo que iba a ocurrir. Lo que demuestra que, entre el cortoplacismo de unos y la falta de perspectiva y visión de futuro de otros, seguimos sin saber qué modelo de país queremos dejar a las generaciones venideras en un asunto de tanta transcendencia social como es el de establecer un sistema propio complementario de las pensiones públicas. Y eso tiene que ver con asuntos tan importantes para una sociedad avanzada como la vasca como son el bienestar y la cohesión social.

Causa estupor ver como a la patronal vizcaína Cebek y a la alavesa SEA les ha entrado, de repente, un extraño interés por poner en marcha sus propias EPSV de empleo, siguiendo el ejemplo de Geroa en Gipuzkoa, cuando en los 28 años de existencia de esta entidad de previsión social, las dos asociaciones empresariales han sido renuentes a llevar el modelo de pensiones complementarias en la negociación colectiva con los sindicatos. Ese desinterés también ha sido compartido con las cuatro centrales sindicales mayoritarias en este país.

Esta repentina reconversión de los empresarios vizcaínos y alaveses no ha venido del convencimiento, sino, desgraciadamente, de lo que estaba previsto y se sabía que iba a ocurrir, cuando en el año 2022, el Congreso de los Diputados aprobó la ley para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, replicando en toda su extensión el modelo de éxito de Geroa para trasladarlo al Estado y plantearlo en la negociación colectiva de los convenios sectoriales estatales.

Lo curioso es que las patronales vizcaína y alavesa están reaccionando a la contra de un modelo de complemento de las pensiones públicas que viene desde Madrid, y que, curiosamente, toma como referencia el de Geroa, cuando han tenido la oportunidad de aplicarlo en sus empresas desde hace casi tres décadas. Un comportamiento que parece fruto de la indolencia y la desidia construidas desde una actitud refractaria a cambiar el status quo de las empresas y desde un planteamiento de entender la previsión social como un coste laboral más y no como una inversión en favor del estado de bienestar, en el que las empresas deben ser “uno de sus principales garantes”, como acaba de afirmar un responsable de la patronal.

Así, tanto Cebek como SEA, cuando han ido a negociar los convenios colectivos territoriales de la Construcción, que es el primer sector que a nivel estatal ha creado una EPSV de empleo para sus trabajadores acogiéndose a esa ley, han constatado que sus empresas se estaban dando de alta en el plan de pensiones acordado en Madrid, con lo que tanto las patronales como los sindicatos vascos están excluidos y sin ninguna presencia en la gestión de su patrimonio.

Paradójicamente, en Gipuzkoa no se da ese problema porque el sector de la Construcción es uno de los 21 adheridos a Geroa, con lo que el control y gestión del patrimonio creado con la aportación de los trabajadores se realiza directamente por la EPSV de empleo que, además, no tiene afán de lucro.

La cuestión no es baladí porque el hecho de que el patrimonio de los trabajadores vascos surgido de su aportación a la EPSV de empleo estatal sea gestionado por una entidad ajena al país significa que van a prevalecer otros intereses distintos a los vascos. Por el contrario, si se hubiera optado por impulsar en todo Euskadi, un modelo propio de EPSV de empleo a partir del ejemplo de Geroa, no solo se hubiera contribuido al bienestar y cohesión social de los trabajadores vascos, sino que el ahorro generado, a través de la inversión, hubiera sido el mejor soporte para el desarrollo y fomento de nuestro tejido productivo y de nuestras empresas. Las EPSV vascas, tanto de empleo como individuales, gestionan en este momento un patrimonio de 28.000 millones de euros y tienen invertidos en este país, un total de 1.700 millones de euros, según datos del ejercicio del año 2023.

Y para evitar la “imposición” desde Madrid de una EPSV de empleo, a las patronales Cebek y SEA no se les ha ocurrido mejor idea que proponer a los sindicatos la creación de una propia, -todavía se desconoce si serán preferentes o no-, cada una por su lado a modo de pequeños reinos de Taifas. Esta pretensión evidencia un desconocimiento de una realidad en la que el tamaño tiene su importancia a la hora de gestionar un patrimonio en unos mercados financieros que cada vez son más complejos y exigen mayor capacidad y fortaleza. Lo óptimo, teniendo en cuenta esta realidad, es hacer de la ya existente Geroa una entidad dimensionada y fuerte con presencia en los tres territorios de la CAV. Lo contrario, es un error y no tener proyección de país.

La pregunta que hay que hacerse es qué pueden hacer las EPSV de empleo de Cebek y SEA, cada una por separado, cuando el plan de pensiones de la Construcción estatal, que ha sido el primero en poner en marcha esta iniciativa, cuenta ya con un total de 195.000 trabajadores socios y 28.083 empresas adheridas. Entre sus planes figura complementar la pensión pública a un millón de trabajadores por cuenta ajena y a 400.000 autónomos, Según las previsiones, se espera que, en diez años, se llegue a alcanzar los 3.000 millones de euros de patrimonio. Y, por si fuera poco, a la Construcción le van a seguir los sectores del Metal, que quiera aplicar su propio plan de pensiones en 2027, y el de Distribución, que lo está analizando.

Y mientras esto pasa en el Estado, aquí viéndolas venir, y sin que desde las Haciendas forales se estén tomando decisiones para incentivar el sistema complementario de las pensiones públicas, a pesar de las reiteradas peticiones que desde todos los sectores concernidos se está haciendo para establecer deducciones del impuesto de Sociedades, en el caso de los empresarios, y en el IRPF, en los trabajadores. Por no hablar de primar el sistema de renta de las EPSV, que se penaliza con el 100% de la base imponible general del IRPF, mientras que en el rescate del capital el gravamen fiscal es del 60%. Paradójicamente, la ley de Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, vigente desde el año 2022 en el Estado, contempla la deducción del 10% en la cuota íntegra del impuesto de Sociedades para las aportaciones a los planes de empleo de los trabajadores con rentas brutas anuales inferiores a 27.000 euros y de forma proporcional, a partir de ese tope.

El estancamiento que están teniendo las EPSV de empleo en Euskadi, -a pesar de haber sido pioneros hace 40 años en regular, a través de la correspondiente ley, estas entidades-, ha tenido su origen en la divergencia que históricamente ha existido en el departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, que ha sido proclive a impulsar la previsión social, y la históricamente renuencia de las Haciendas forales a favorecer fiscalmente el modelo complementario de pensiones públicas, a pesar de que, salvo la etapa de Patxi López en Ajuria Enea, las cuatro instituciones han sido gobernadas por el mismo partido. No es exagerado afirmar que esta actitud de las Haciendas forales ha podido tener consecuencias negativas en la situación en la que se encuentran las EPSV en Euskadi en la actualidad, Una realidad en la que han colaborado también aquellos que han congelado las aportaciones durante algunos años y los que, basándose en planteamientos ideológicos, se oponen a este modelo porque supone poner en cuestión el sistema público de pensiones. Una auténtica pena, que va a contracorriente de lo que en Europa forma parte de la normalidad.