Como cual Guadiana emergente, cada dos o tres meses, el asunto de los “privilegios” que tenemos los vascos con el Concierto Económico y el Cupo vuelve a aflorar no como un instrumento útil para que pueda ser replicado por otras regiones –si tan buenos beneficios producen–, sino como un ariete potente para tildarnos de fomentar la desigualdad entre los ciudadanos del Estado y ser insolidarios con las regiones más desfavorecidas.

Es el mismo mantra histórico que se repite con alguna frecuencia desde hace mucho tiempo, y al que no le hemos dado mucha importancia en virtud del status quo político existente en Madrid, pero que desde hace unos meses se está convirtiendo en peligrosamente reiterativo e insistente en función de la correlación de fuerzas políticas existente en el Parlamento español y del control por parte del PP y de Vox de la mayoría de las comunidades autónomas del Estado, salvo la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Navarra, Catalunya, Asturias, Castilla-La Mancha y Canarias.

Como políticamente no tienen argumentos porque el régimen foral del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y el Convenio Económico de Navarra, así como el sistema de Cupo, es decir, lo que pagamos los vascos al Estado por las competencias no transferidas, están en la Constitución y, por lo tanto, hay que respetarlos, aquellos a quienes se les llena la boca en la defensa del Estado de Derecho, están buscando cualquier subrepticio para ahondar en las mismas tesis a las que, desgraciadamente, estamos acostumbrados.

La última ocurrencia ha sido utilizar un indicador económico como el de la renta bruta disponible que sitúa a la CAV en el ranking de las comunidades del Estado con el 126,6% de la media española por encima del 123,5% que representa Madrid. Si la comparativa se hace en términos de PIB per cápita, Madrid se sitúa en primer lugar con una renta de 38.435 euros lo que significa el 137,1% de la media española, mientras que la CAV ocupa el segundo lugar con un PIB per cápita de 35.440 euros, es decir un 126,9% de la media estatal. Navarra se sitúa en tercer lugar con un PIB per cápita de 33.798 euros, lo que supone el 120,3% respecto al PIB de España.

A partir del indicador de la renta bruta disponible, que, al contrario, del de la renta per cápita, tiene en cuenta el saldo de las transferencias corrientes, como el IRPF, impuesto de Patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales, etc., el diario El Economista ha llegado a la conclusión de que los vascos tenemos unos grandes privilegios, “gracias al opaco cálculo del Cupo”, con lo que “disfrutamos” de “una financiación efectiva que más que duplica al resto de las regiones del Estado”.

Es decir, siendo la CAV la segunda comunidad con el PIB per cápita más alto del Estado, no aportamos lo que deberíamos a las regiones menos avanzadas para que “gocen de unas oportunidades similares”.

Es decir, se trata de buscar una fórmula del café para todos, pero, como siempre, a la baja, sin ninguna intención de proyectar –dado el alto nivel de privilegios que tenemos los vascos–, un modelo que replique el Concierto Económico de la CAV o el Convenio de Navarra. Todo lo contrario. Se propone “un sistema igualitario, en el que la aportación de los vascos fuese acorde a sus niveles de renta, con lo que la financiación efectiva por habitante sería más homogénea. Esto, permitiría reducir, en parte, la todavía enorme brecha de renta disponible que se observa entre las diferentes regiones de España”.

Tras semejante afirmación, el corolario parece evidente. Los vascos disfrutamos de unos mejores servicios públicos que nos permiten disfrutar de unas mayores y mejores oportunidades respecto a los ciudadanos de otras regiones, además de un grado mayor de bienestar social.

En toda la extensa información no se hace ninguna mención, no sólo a la alta presión fiscal que tienen los vascos, respecto a los ciudadanos de otras regiones, donde algunos impuestos como el de Patrimonio han desaparecido y otros como el de IRPF o el de Sucesiones y Donaciones tienen importantes deducciones y bonificaciones, produciéndose en algunos casos situaciones cercanas al dumping fiscal.

Todo ello, sin mencionar que la aportación que Euskadi paga al Estado como compensación por las competencias no transferidas se mantiene en el 6,24% de manera invariable desde que hace más de 42 años se aprobó el Concierto Económico, a pesar de que la realidad sea bien distinta. Ese porcentaje se calculó en función del peso de la economía vasca en el conjunto del PIB estatal y de la población que tenía en aquel momento y que no concuerdan en nada con los registros de hoy en día. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el peso de la economía vasca sobre el PIB estatal llega al 5,9%, mientras que, en términos de población, los vascos representamos el 4,6%. Una aportación al Fondo de Compensación Interterritorial que desdice de manera flagrante las acusaciones de insolidaridad.

La pregunta que hay que hacerse es si estos nuevos ataques al Concierto Económico de la CAV y al Convenio navarro tienen algo que ver con la demanda que tanto ERC como Junts per Catalunya están planteando al Gobierno de Sánchez para que los catalanes tengan un régimen de financiación propio para romper con el importante déficit fiscal que tiene esa región y puedan gestionar los recursos obtenidos por la vía tributaria, en vez de que los administre el Estado.

Tampoco debemos olvidar las voces que están surgiendo en Galicia, a través del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que reivindica también un régimen de financiación propio semejante al existente en Euskadi. Una cuestión que al PSOE le chirría porque se constata que las nacionalidades históricas del Estado están poniendo en cuestión un modelo de financiación autonómica obsoleto y que no responde con las necesidades actuales de sus ciudadanos.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insistió en este aspecto en su discurso de fin de año y hace unos días, el expresident, Artur Mas, en un ejercicio de realismo, señaló que como no cree que en la negociación que mantienen con Sánchez pueda salir el referéndum sobre la independencia que plantean, lo pertinente es centrarse en la consecución de un sistema de financiación propio similar al Concierto Económico vasco.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los partidos independentistas catalanes a “plantarse” ante el Gobierno español “para hacerle entender al PSOE que la reclamación catalana es tener un sistema de financiación propio” en parecidos términos al que existe en la CAV y Navarra”. La advertencia es clara. En el año 2012, Artur Mas reclamó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un pacto fiscal en la línea del Concierto Económico. El rechazo del PP a esta cuestión supuso la puesta en marcha del procés con los resultados por todos conocidos.

A Artur Mas habría que preguntarle qué hubiera sido del Estado español si en el año 1980 los catalanes en vez de rechazar la figura del Concierto Económico, al que consideraban una “antigualla”, hubieran aceptado la invitación del PNV de negociar en paralelo un régimen de financiación propio para cada una de las dos comunidades. La posibilidad de recaudar los impuestos a sus ciudadanos y la gestión de esos recursos, rompiendo con la dependencia del Estado, les dio miedo por la responsabilidad y el compromiso que suponía. Ahora, vista la experiencia, parece que ese problema no existe. Rectificar es de sabios.