Siempre que desde Euskadi se plantea la demanda de llenar de contenido el Estatuto de Gernika, -que lleva incumplido un total de 44 años por aquellos a los que se les llena la boca en la defensa del Estado de Derecho-, surgen desde el jacobinismo madrileño voces airadas que ponen en cuestión la transferencia de determinadas competencias bajo el pretexto de romper y quebrar la uniformidad sacrosanta del Estado. Sorprende esta actitud cuando ese mismo Estado reconoce su carácter plurinacional a través de las normativas aprobadas por los representantes de sus ciudadanos.
La historia se repite de manera cíclica cuando el presidente de turno del Gobierno español le toca soltar lastre para aplicar una Ley Orgánica del Estado y, por lo tanto, de obligado cumplimiento, no por convencimiento y ejecución de la legalidad, sino por pura necesidad para gobernar o seguir de inquilino en La Moncloa. Lo ha hecho el PP y el PSOE, siempre que lo ha necesitado, como ahora, Pedro Sánchez.
El president español ha recuperado un proverbio de la escuela filosófica estoica, cuyo fundador fue el griego Zenón de Citio, para expresar de manera gráfica su capacidad de adaptación a la difícil situación política que tiene por delante y de buscar las oportunidades en un escenario que se antoja complejo y diverso. Esa voluntad de “hacer de la necesidad virtud” tiene un origen forzado por las circunstancias y debe de ser ratificado por los hechos.
Hasta ahora, la credibilidad de Sánchez, en línea con la estrategia histórica del PSOE, -más vinculada al juego del trile que al cumplimiento de los acuerdos firmados y rubricados, en lo que se refiere a las transferencias de las competencias a Euskadi-, no aporta mucha fiabilidad. La primera “prueba del algodón” tiene un periodo de cumplimiento de tres meses, es decir, de aquí hasta marzo, en donde el Gobierno español debe transferir al Gobierno Vasco las competencias de transporte ferroviario, la homologación de los títulos universitarios extranjeros y la recepción de las personas migrantes.
La transferencia de estas tres competencias que, políticamente, no tienen mucho valor, será el termómetro para medir hasta qué punto el PSOE está comprometido con responder a la exigencia de cumplimiento del Estatuto de Gernika que, desde hace ya más de cuatro décadas, venimos reivindicando la mayoría de los vascos.
Y eso será el preámbulo para las competencias de mayor peso político, entre las que destaca la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, que no solo es una reivindicación histórica pendiente, sino una necesidad a la hora de ordenar y dotar de eficacia y efectividad a un sistema que en este momento está disperso, sin que ello suponga, como, malévolamente, se expresan desde el PP y Vox, la ruptura de la caja única.
Ya existe un precedente en la pasada legislatura cuando a regañadientes y con la oposición del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Gobierno español transfirió al Gobierno Vasco el Ingreso Mínimo Vital (IMV), por lo que, en virtud de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika y tras la firma del correspondiente convenio, el Ejecutivo de Gasteiz gestiona ese subsidio, sin que ello suponga la ruptura de caja. Otra cosa es que ese subsidio sea complementado por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca, preexistente a la normativa española y que ofrece una cobertura superior para las rentas más bajas.
Con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social va a pasar tres cuartas partes de lo mismo, ya que, respetando el carácter unitario del sistema y la legislación básica del Estado, lo que significa mantener el principio de solidaridad, el Gobierno Vasco se ocupará de la inscripción de empresas y la potestad sancionadora; la afiliación con las altas y bajas de los trabajadores y la potestad sancionadora; la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas; el aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas; la titularidad, gestión y administración del patrimonio de la Seguridad Social ubicado en Euskadi, entre otras cuestiones.
No parece que el hecho de que el Gobierno Vasco, en virtud de esta competencia, pueda reconocer el derecho de un ciudadano a ser beneficiario de una pensión pública, signifique el primer paso para la puesta en marcha de un sistema propio de pensiones o poner en entredicho el sistema de solidaridad. Otra cosa es que, una vez realizada la transferencia, las pensiones púbicas en Euskadi puedan ser complementadas, a través del modelo de las EPSV de empleo, que está fuertemente desarrollado en Gipuzkoa y entre los funcionarios de las diputaciones y ayuntamientos, y que el Gobierno Vasco pretende que dé cobertura al 70% de los trabajadores vascos, según la normativa legislativa que pretende aprobar.
El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social no solo no es inconstitucional por estar recogida en el artículo 18 del Estatuto de Gernika y cuenta con sentencias favorables del Tribunal Constitucional desde el año 2012, sino que regiones como Andalucía, Galicia o Comunidad Valenciana recogen en sus estatutos de autonomía esa competencia. Otra cosa, bien distinta, es que nunca hayan activado el proceso de su transferencia.
Se estima en unos 11.500 millones de euros el importe que el Gobierno Vasco podría gestionar con este traspaso, una cantidad importante que puede servir para poner en la misma línea de actuación no solo el sistema público de pensiones, sino también las políticas activas de empleo que desarrolla Lanbide, en línea con el aumento de las incorporaciones al mundo laboral y el consiguiente descenso de las prestaciones, junto a las políticas pasivas gestionadas, ahora, por la Administración estatal y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En definitiva, se trata de que todo aquello que tiene que ver con las prestaciones de todo tipo que son beneficiarios los trabajadores y las personas en riesgo de exclusión social tengan un criterio de gestión más eficaz y acorde a las necesidades de los ciudadanos del territorio.
Como siempre ocurre, no solo el PP, que ha presentado una moción contraria en el Senado, o Vox se han manifestado en contra de esta transferencia, sino también ha habido voces discordantes dentro del PSOE y del Gobierno español, como es el caso de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace una semana, seguía mostrando cierto desaire con el acuerdo firmado con el PNV, al manifestar que el proceso para que Euskadi pueda tener la competencia es difícil y complejo.
Es la misma María Jesús Montero, ahora que parece va a escalar posiciones en el gobierno para cubrir el vacío de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, tildaba de privilegio el Concierto Económico, aunque nunca hizo nada para que la región andaluza pudiera contar con esa supuesta prerrogativa.
En este escenario, sorprende, cuando en otras ocasiones ha sido negativa, hasta el punto de torpedear cualquier negociación que pudiera iniciarse en ese sentido bajo el consabido estigma de la ruptura de la caja única, la posición que están adoptando los sindicatos de obediencia estatal sobre la transferencia. El secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, es partidario de hacer pedagogía para responder a las interpretaciones interesadas que se están haciendo sobre el traspaso, al señalar que no va a suponer la ruptura de la caja única porque “nadie va a cambiar los requisitos de acceso a las prestaciones por jubilación, nadie va a cambiar en Euskadi las cuantías ni la forma de acceder a ellas”.
En una entrevista en Radio Euskadi dio importancia a que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se haga en Euskadi, sobre todo al colocar en una misma mano las políticas pasivas de empleo que, hoy, están gestionadas por el Gobierno español, y las activas de Lanbide. Con este apoyo sindical y la presencia de la navarra Elma Saiz, al frente del ministerio de Seguridad Social, no tendría mucho sentido que Sánchez y su Gobierno siguieran con su política cicatera de ningunear esta transferencia. Tienen dos años de prueba.
