Sorprende que estando todo el mundo de acuerdo en las ventajas que tienen las empresas participadas, sobre todo en la actual situación de incertidumbre que registra la economía, sea Gipuzkoa el único territorio, tanto de Euskadi como del Estado y de los pocos de Europa, donde se favorece e impulsa este tipo de compañías de economía social.

El importante peso que tienen las cooperativas vinculadas a la Corporación Mondragon en el desarrollo económico y social de Gipuzkoa ha podido influir en que en este territorio los valores de la colaboración y cooperación, es decir, el auzolan desarrollado en todos los niveles, formen parte de una manera intrínseca en la cultura de sus habitantes.

Si no, no se entiende que en los siete años de vigencia de los incentivos fiscales que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene implantados para fomentar la participación de los trabajadores en las empresas, un total de 3.172 empleados, de los que 2.276 son hombres y el resto mujeres, hayan decidido participar en el capital de 548 compañías con un desembolso total de 39,1 millones de euros.

Unas cifras que ponen de relieve el alto interés de los trabajadores en participar en sus empresas en la que están empleados y ser parte activa en su desarrollo, no sólo en la parte de gestión y en los resultados, sino también en el capital. Basta recordar cómo en 2016, año en el que comenzaron a aplicarse los incentivos fiscales, sólo 147 trabajadores decidieron dar el paso para acceder a la propiedad de 40 compañías con una inversión de dos millones de euros.

En el último dato actualizado, correspondiente al año 2022, un total de 822 trabajadores, de los que 558 son hombres y 264 mujeres, decidieron entrar en el capital de 116 empresas con una inversión de 6,3 millones de euros. Es el registro más alto desde que se aprobaron las normas forales fiscales para el fomento de la participación hace siete años y supone un incremento del 34% respecto a los datos del año anterior, que ya constituyó todo un récord.

Estos datos vienen a demostrar que, si hay voluntad política, la fiscalidad sirve para apalancar escenarios económicos que, como es el caso, uno de sus principales objetivos era garantizar el arraigo de nuestras empresas y evitar las deslocalizaciones y el traslado de los centros de decisión, sino también impulsar nuevas actividades que afiancen el desarrollo económico de nuestro territorio

Esa innovadora política fiscal que tan buenos resultados está dando plantea una serie de ventajas tanto para los trabajadores a la hora de adquirir las acciones de sus empresas con una deducción del IRPF del 15% en el caso de los hombres y del 20% en el de las mujeres, y un crédito fiscal de 6.000 euros en el caso de los hombres y 8.000 en el de las mujeres, con una vigencia de cuatro años. En el caso de los empresarios que quieran vender su participación, el límite de edad se reduce a los 60 años y queda exenta la ganancia patrimonial de la venta de las acciones si los destinatarios son los trabajadores y no terceros compradores.

Estas medidas, junto con otros programas destinados a difundir e impulsar la cultura participativa por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, suponen la excepción de la regla en un campo que, aunque ha tenido el reconocimiento de instituciones de tal relieve como el Parlamento Europeo o la propia Comisión Europea (CE), todavía presenta dificultades e incomprensión para su desarrollo en muchos ámbitos.

Y todo ello, a pesar de las grandes ventajas que presentan las empresas participadas, no sólo en lo que supone su arraigo en el territorio, sino en aspectos tan importantes en términos de cohesión y bienestar social como pueden ser la sostenibilidad del proyecto empresarial, el impulso de la cooperación frente a la confrontación, todo ello unido a una práctica de mayores niveles de transparencia y corresponsabilización que conducen a una mayor democratización en las compañías.

A estos elementos positivos hay que añadir la creación de un empleo de calidad, así como un mayor equilibrio en el reparto de rentas, tal y como destacó el consultor Jon Azua, en una conferencia pronunciada hace unos días, con motivo del Día de la Participación, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Sin embargo, las empresas participadas tienen por delante retos importantes a la hora de su desarrollo y consolidación que, como afirma Jon Azua, deben ahondar en la participación y en el compromiso frente al individualismo imperante, para lo que es necesario el fortalecimiento de los modelos de gobernanza, en línea con el compromiso de trasladar el proyecto empresarial a las futuras generaciones en contraposición a planteamientos cortoplacistas que pudieran existir.

En este campo es necesario profundizar en la generación de empleo de calidad y en el reparto de rentas que tiene consecuencias positivas en la atracción, desarrollo y retención del talento. La cada vez mayor internacionalización de nuestras empresas hace también que las compañías participadas se tengan que adaptar a esa mayor dispersión geográfica y gestionar la multiculturalidad como ventaja competitiva, así como favorecer la interrelación con otras compañías para establecer marcos de cooperación y alianzas.

Con este panorama, sorprende todavía más que el ministerio de Trabajo y Economía Social, cuya titular es la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tenga olvidado en un cajón desde, prácticamente, principios de año un borrador de ley que modifica y desarrolla la ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas y que ha sido elaborada por dos de las organizaciones que más conocen esta materia en Euskadi.

El desarrollo de este borrador, que tiene el objetivo de dar cuerpo jurídico a las sociedades participadas, tiene su origen en el encargo realizado por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, cuya titular es la socialista Idoia Mendia. Los responsables del Departamento de Trabajo consideraron hace tres años que el desarrollo legislativo de este tipo de empresas de economía social era competencia del Estado y no de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), a pesar de que el PSE había apoyado con su voto favorable en septiembre de 2008 una proposición no de Ley en favor de la promoción del modelo inclusivo-participativo de empresa.

En la iniciativa, impulsada por la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta (ALE) y que contó con el apoyo unánime de todo el arco parlamentario, desde el PNV a EH Bildu, pasando por el PSE, Elkarrekin Podemos y el PP, se instaba al Gobierno Vasco a impulsar la participación de los trabajadores en las empresas y la elaboración de una ley que diera carta de naturaleza jurídica a este tipo de compañías.

Desde hace un año, el borrador está terminado y se encuentra en situación de stand by, sin que nadie hasta el momento haya manifestado interés por su desarrollo. En la exposición de motivos, el borrador recoge los fundamentos de las empresas participadas y en su articulado establece su modo de funcionamiento como, por ejemplo, los porcentajes mínimos de participación en el capital y número de trabajadores, así como la necesidad de que la compra-venta de las acciones responda a un acuerdo privado entre las partes por encima de las presunciones fiscales, como en el caso de Gipuzkoa, La conclusión es que existe un vacío legal sobre las empresas participadas que debe subsanarse cuanto antes. El problema puede ser que fuera de Gipuzkoa no existe esa percepción tan clara de favorecer la entrada de los trabajadores en las empresas. Una cuestión que forma parte del ADN del territorio.