El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se está dando mucha prisa en sacar adelante antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio uno de sus proyectos estrella, como son los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP), que es una figura creada para extender la previsión social complementaria a los trabajadores por cuenta ajena y autónomos, al aprobar la pasada semana la licitación del concurso público para la selección de las gestoras que administren esos fondos.

Dos meses antes fue constituida la Comisión Promotora y de Seguimiento de los Fondos de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP), que es un órgano interministerial, adscrito al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y que tiene como cometido principal impulsar su constitución y puesta en marcha, así como controlar su desarrollo, adecuado funcionamiento y buen gobierno.

El objetivo del Ministerio de Escrivá es que sean cinco las gestoras que administren un total de 15 de esos nuevos fondos de pensiones complementarias y, para ello, las condiciones que se recogen en el concurso público están dirigidas a que los grandes grupos bancarios como Caixabank, Santander, BBVA, etc., o las mutualidades de previsión social interesadas, puedan presentarse a la convocatoria.

Una de las condiciones que recoge la licitación es que prioriza las comisiones de las gestoras de los fondos con el fin de ofrecer una mayor rentabilidad para el ahorrador, hasta tal punto de que los criterios de precio y rentabilidad van a suponer el 70% de la puntuación máxima.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad Social dará una puntuación extra a aquellas gestoras que propongan comisiones de gestión en una horquilla entre el 0,3% y el 0,1% anual, cuando la comisión media que se aplica en los planes de pensiones individuales supera el 1%. Ni que decir tiene que esa merma de ingresos que sufrirán las gestoras de fondos será recompensada con otros ingresos por otro lado, como suele ser costumbre en el sistema bancario.

Parece contradictorio que el principal criterio de adjudicación para la gestión de los planes sean los costes en la gestión, cuando lo más importante de estos fondos de pensiones complementarias se centra en los esfuerzos que se deben llevar a cabo para su implantación efectiva, teniendo en cuenta que, salvo en Euskadi y, más en concreto, en Gipuzkoa, en el Estado no hay una cultura de potenciar este modelo. Hasta ahora, lo prioritario en el Estado, fundamentalmente, por el interés de las entidades financieras, han sido los planes de previsión individuales, que cuentan con unos recursos cifrados en 82.500 millones de euros, frente a los 35.000 millones del modelo colectivo, del que son beneficiarios los trabajadores de grandes compañías, filiales de multinacionales y algunas administraciones y organismos públicos.

Aunque el modelo que está llevando a cabo el Gobierno español es en parte una réplica de la EPSV de empleo Geroa Pentsioak, que se constituyó hace 26 años, gracias a la negociación colectiva del sector del Metal de Gipuzkoa y al acuerdo alcanzado entre la patronal y sindicatos –lo que nos debe enorgullecer a los guipuzcoanos–, sin embargo, su aplicación en el Estado puede afectar a nuestro autogobierno si no disponemos de las herramientas adecuadas para ello.

La dejación de las patronales y los sindicatos vascos a la hora de potenciar el modelo de las EPSV de empleo en Euskadi, que fue pionero en todo el Estado, a la que hay que añadir la inacción del Gobierno Vasco y la renuencia de las haciendas forales a establecer deducciones fiscales en las aportaciones de empresarios y trabajadores, ha provocado que el Gobierno español se haya adelantado de manera impetuosa en una cuestión cuyas consecuencias pueden ser negativas.

Teniendo en cuenta que la transferencia de la competencia del Régimen Económico de la Seguridad Social es muy posible que nunca llegue a Euskadi –dada la situación política en Madrid y las posiciones de los principales partidos españoles al respecto–, en este país se ha perdido la gran oportunidad de crear un sistema de EPSV de empleo propio con el fin de salvaguardar el nivel de las pensiones de los trabajadores vascos por la vía complementaria, teniendo en cuenta los niveles de incertidumbre que presenta la sostenibilidad futura del sistema público. Y todo ello, teniendo en cuenta que el Gobierno Vasco es competente en materia de EPSV.

La existencia de esta EPSV de empleo pública estatal puede dar lugar a que a los trabajadores vascos se les pregunte si sus aportaciones de previsión quieren que sean gestionadas por el modelo promovido por el Gobierno español o por una gestora vasca como es el caso de Geroa Pentsioak, con lo que, teniendo en cuenta la línea ideológica de algunos sindicatos de obediencia estatal y el hecho de contar con la denominada “garantía del Estado”, es previsible que los nuevos socios de estos fondos opten más por el sistema promovido por Madrid que por el propio.

De la misma forma, también se debe tener en cuenta un hecho que, aunque a día de hoy, puede parecer imprevisible, no puede descartarse de que en un futuro pueda producirse un cambio en la correlación de fuerzas sindicales en favor de los sindicatos de obediencia estatal en detrimento de las organizaciones abertzales en los órganos de gobiernos de las EPSV de empleo vascas. En este supuesto, puede contemplarse la posibilidad de que pueda plantearse que los socios y sus patrimonios se trasladen al modelo estatal, con todo lo que ello supondría en términos económicos y sociales para el país y en detrimento de inversiones en la economía vasca.

En el caso de Geroa Pentsioak, que es la más importante de las EPSV de empleo en Euskadi, el patrimonio gestionado el año pasado se elevó a 2.589 millones de euros, de los que el 7,64% fue invertido en Euskadi.

Esta situación, que por su previsibilidad hay que tenerla en cuenta, no se puede dar en las EPSV de empleo Elkarkidetza e Itzarri, ya que, en el caso de la primera, la patronal corresponde a las diputaciones y ayuntamientos vascos y, en el segundo, es el Gobierno Vasco el que completa la aportación de sus trabajadores. La actual coyuntura puede hacer que estas dos EPSV se fusionen con el fin de ganar más peso en términos de patrimonio y aportaciones, ya que una de las dos partes que realiza las aportaciones a sus fondos es la Administración Pública vasca en sus tres niveles institucionales.

La importancia de contar con un sistema propio de EPSV de empleo no solo radica en su contribución al estado de bienestar y cohesión social al dotar a las personas con rentas bajas y medias de un complemento a sus pensiones públicas, tal y como recoge la recomendación número 16 del Pacto de Toledo, sino que su ahorro sirve, a través de la inversión de su patrimonio como soporte para el desarrollo y fomento de nuestra economía y tejido productivo. Parece que, una vez más, no se sabe si por desidia, inacción, falta de liderazgo, visión de país, etc., hemos llegado tarde.