Ideología vs. Industria

Es la misma ministra que hace cuatro años se presentó un día en el Congreso de los Diputados para lanzar aquella célebre frase de “El diésel tiene los días contados”. Así de sopetón, sin avisar a nadie y sin calcular el efecto negativo que una declaración de ese tipo iba a tener en un sector estratégico tan importante para el Estado, como para Euskadi, como es el de la automoción.

Y todo ello con el anuncio de una subida de impuestos al gasoil por considerarlo como un combustible más contaminante que la gasolina, lo que provocó de facto un descenso del 20% en la venta de vehículos diésel, cuando la tendencia venía de una caída de tres o cuatro puntos, sostenible para que los fabricantes pudieran adecuar progresivamente sus líneas de producción a coches menos contaminantes y eléctricos.

Cuatro años después de esta declaración, carente de rigor y de conocimiento de la realidad económica y social, el gobierno Sánchez no solo subvencionó con 20 céntimos el litro del gasoil para paliar el alto coste de los combustibles que llegó a superar la barrera de los dos euros, sino que ha provocado que el parque de vehículos en circulación en el Estado sea mucho más contaminante con una edad media de 14 años, debido a su falta de renovación y su sustitución por unidades más eficientes.

Los consumidores siguen teniendo muchas dudas a la hora de comprar un coche eléctrico y se inclinan por regla general por los vehículos de combustión o híbridos, debido al alto precio que todavía tienen y por la falta de una red de infraestructuras que garantice una movilidad sin problemas de repostaje. En este momento, hay 40.000 electrolineras cuya instalación está bloqueada en todo el Estado por las disputas en el suministro que tienen las eléctricas y las petroleras, que cuentan con su red de gasolineras, y la excesiva burocratización de los trámites y permisos por parte de la Administración en todos sus niveles.

Con un sector de la automoción tocado y con unas ventas de coches en caída que no recuperarán los niveles anteriores a la pandemia hasta el año 2030, ahora le ha tocado el turno al sector de los fabricantes de materiales y bienes de equipo destinados a la industria de petróleo y del gas y que tiene una muy fuerte implantación en Euskadi con varias empresas referentes a nivel internacional.

En virtud de esa estrategia radical de imponer a toda costa la transición energética, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce –una entidad controlada por el Estado para asegurar y avalar las operaciones de exportación de las empresas–, ha dejado de repente de dar cobertura a las ventas en el exterior de las compañías vinculadas al sector de petróleo y del gas, en cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la correspondiente ley española.

La decisión de eliminar las coberturas de riesgo comercial y riesgo político del Cesce a las exportaciones de las empresas vinculadas al sector de la exploración y producción de combustibles fósiles ha sido adoptada sin previo aviso y con carácter retroactivo, a pesar de la existencia de operaciones ya firmadas y avaladas con anterioridad por el comité de riesgo de la entidad. Esta nueva normativa supone abrir un escenario de incertidumbre y de inseguridad jurídica que va a suponer paralizar de facto las ventas que esas compañías estaban realizando en los mercados internacionales, tanto de Latinoamérica, como de África y Asia.

La falta de cobertura del Cesce a las empresas que venden bienes de equipo destinados a la exploración, producción, transporte, almacenamiento y refino del sector de los hidrocarburos, que afecta de manera muy importante a un total de 100 compañías vascas, va a suponer el cierre de muchas de ellas, sobre todo las pymes, ante los problemas de financiación que van a tener a la hora de producir y poder seguir vendiendo en los mercados internacionales.

Las peticiones de que esta retirada de apoyos financieros a las exportaciones de estos fabricantes de componentes y bienes de equipo sea más flexible y, en consecuencia, exista un periodo de transición, no solo para asegurar el suministro actual, sino para que las empresas se vayan adaptando a la nueva situación, han caído en saco roto.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no solo ha confirmado la vigencia de la nueva normativa aplicada de manera unilateral por el Cesce, sino que se ha reafirmado en su posición de eliminar los apoyos financieros a las empresas exportadoras, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, en el pleno del control del Congreso, celebrado el pasado miércoles.

Sorprende la actitud contradictoria que está manteniendo el Gobierno Sánchez sobre esta cuestión porque por un lado, cierra la financiación de operaciones internacionales e impide que las empresas vascas suministren bienes de equipo que se utilizan en la exploración y producción de los hidrocarburos y, por el otro, se asegura el suministro de gas con la firma de contratos a largo plazo con terceros países, lo que implica un apoyo a la actividad de esa energía, que ha sido considerada por la Unión Europea de transición hacía una situación más sostenible. Una práctica que fomenta la actividad en el exterior y no en la Península y que favorece la participación de empresas extranjeras y no de las oriundas.

Una vez más, la ministra Ribera no ha tenido en cuenta la realidad industrial en la que vive ni se ha molestado en conocer la situación de las empresas vascas que son ejemplo de sostenibilidad, según las agencias de calificación energética, ni ha tenido en consideración la necesidad que tienen estas compañías de disponer del tiempo necesario para transitar hacía otras tecnologías más renovables y diversificarse en otros sectores como la aeronáutica, aeroespacial, automoción o medicina, como ya lo están haciendo.

Nuevamente, los criterios ideológicos han pesado más que los criterios de la prudencia y el pragmatismo.