rmgard F. es una mujer alemana de 95 años que habrá recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Vive en una residencia de mayores del norte de Alemania y a principios de mes ha sido acusada de "ayudar e incitar al asesinato de más de 10.000 personas". Entre abril de 1943 y 1945 fue secretaria de Paul Werner Hoppe, el comandante del campo de concentración de Stutthof, cerca de Gdansk. Ella declaró en 1954 en los tribunales, como testigo. Y hasta hoy. La justicia en el sentido más universal no tiene fecha de caducidad -a diferencia de los yogures- y Alemania corre hasta el cementerio si hace falta para enjuiciar aquellos crímenes del III Reich (nota: entonces amparados por la ley). Hay más casos como el de Irmgard F.: un hombre de 100 años, soldado en el campo de concentración de Sachsenhausen, a unos 20 kilómetros de Berlín, será procesado casi 70 años más tarde que los juicios contra los jerarcas nazis. Ahora son una secretaria -que con menos de 21 años, entonces era menor- y un soldado. Alemania persigue hacer justicia hasta las puertas del cementerio si hace falta y no por una cuestión personal con los acusados, sino como una manera de enjuiciar el pasado. De enjuiciar al propio país. La forma más inequívoca de concluir que aquello estuvo mal.
